Por Pablo Tomba
El pacto fue “uno de los hechos más lesivos para el histórico reclamo por el ejercicio de soberanía sobre las islas Malvinas”, afirmó Cancillería.
En el marco de una reunión de cancilleres de los países que integran la cumbre del G-20 que se realizó en Nueva Delhi, el canciller argentino Santiago Cafiero notificó a su par británico, James Cleverly, el fin del pacto Foradori-Duncan. A partir de hoy queda sin efecto el documento que desde el 2016 le permitía al Reino Unido la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas. Argentina se disponía a garantizar la remoción de todos los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas y retrocedía en el reclamo por su soberanía.
En septiembre del segundo año del gobierno macrista, los entonces vicecancilleres Carlos Foradori y Alan Duncan, firmaron una declaración conjunta en la que se buscaba mejorar la relación bilateral y remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas.
Ese convenio fue rechazado desde un primer momento por el Frente de Todos en el Senado porque entendían que realizaba concesiones a los intereses británicos respecto de la explotación de los recursos naturales argentinos en la región y retrocedía notablemente en el reclamo por la soberanía.
En 2018, al cumplir los dos años de la firma del mismo, el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas hizo una presentación al Congreso exigiendo que se anule el acuerdo Duncan-Foradori. El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) advirtió sobre una fuerte militarización y explotación de sus recursos naturales por parte del gobierno encabezado por Theresa May.
También reclaman que el tratado Duncan-Foradori no pasó por el Congreso Nacional. En este sentido, señalan que los avances concretados sólo fortalecieron la presencia británica en las islas. Ernesto Alonso, Secretario de Relaciones Institucionales del CECIM La Plata afirmó que “este acuerdo le permitió a Inglaterra profundizar la explotación de los recursos económicos en un área equivalente a los 3.000.000 de kilómetros cuadrados.
En cuanto a la legitimidad del acuerdo cabe aclarar que si bien nuestra Constitución otorga al Poder Ejecutivo la atribución de “concluir y firmar tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibe sus ministros y admitir a sus cónsules” (art. 99°); también le reconoce al Congreso de la Nación la competencia para “aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones, con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede.
Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes” (art. 75°). El artilugio de la diplomacia argentina del gobierno de Mauricio Macri fue adoptar la forma de “comunicado conjunto”, lo que permitía evitar cumplir con la obligación constitucional de someter a la aprobación del Congreso Nacional los acuerdos internacionales que suscribe el Poder Ejecutivo.
Siete años después se logró poner fin al acuerdo firmado por la administración de Mauricio Macri y Gran Bretaña. La decisión tomada por el presidente Alberto Fernández había sido anticipada el año pasado pero en las últimas horas le fue comunicada formalmente a la Cancillería británica. En la reunión llevada a cabo en el marco del G-20 el Gobierno ratificó la exigencia argentina de reiniciar el diálogo por la soberanía del archipiélago, tal como lo establecen las disposiciones de Naciones Unidas al respecto.
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