Por Alejandra Peña

Las medidas preventivas contra el brote de coronavirus agravaron los ya alarmantes niveles de violencia doméstica en la Argentina y en el mundo. Lejos de ser un refugio, el hogar se transforma en una trampa mortal para miles de mujeres.  

Desde que comenzó el Aislamiento Social, Preventivo y obligatorio decretado por la pandemia en el país el 20 de marzo, las denuncias por violencia de género y los crímenes machistas aumentaron de forma alarmante.  

Según el último informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”de la Casa del Encuentro, desde el 20 de marzo hasta el 12 de noviembre se registraron en la Argentina 171 femicidios, 4 transfemicidios y 11 femicidios vinculados de varones. El 61 por ciento de las víctimas fueron asesinadas en sus hogares y el 60%, por sus parejas o ex parejas. Una de cada 8 había realizado denuncias previas. 

“En los informes de femicidios que realizamos desde el año 2008, la estadística demuestra que el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia es la vivienda compartida con el agresor, y en el contexto de aislamiento/ distanciamiento por COVID-19, quedó demostrado que al estar encerrada con el agresor la violencia se ha intensificado. Las víctimas quedaron aisladas de todas sus redes de contención y el agresor ejerce así mayor control sobre todas las acciones que la mujer realiza”, – señala Ada Rico, Presidenta de la Asociación Civil Casa del Encuentro y directora del Observatorio de Femicidios, creado en 2009 para suplir la falta de datos oficiales hasta ese momento. La Corte Suprema de Justicia recién implementó en 2015 su informe anual de Femicidios y la Defensoría del Pueblo, en 2016.

La Organización Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, otra de las organizaciones feministas que recaban sus propias estadísticas registró en lo que va del año 241 femicidios; uno cada 32 horas. “Si bien el número de femicidios se mantiene constante en los últimos años, – aclara María Victoria Aguirre, coordinadora de la sede porteña de Mumalá-, el dato relevante en la cuarentena son los intentos de femicidio que casi los igualan en número. Ahí es donde vemos que esa violencia machista que ya existía, se incrementa y se visibiliza. Necesitamos trabajar sobre las políticas preventivas para evitar los femicidios y la violencia”.

Seis años después del surgimiento del “Ni Una Menos”, la Argentina cuenta desde diciembre de 2019 con un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, una abogada de derechos humanos especializada en la problemática,  que a través del Plan Nacional de Acción contra las violencias por Motivos de Género pone a la lucha contra el machismo en un lugar prioritario en la agenda, reconociendo la labor de las organizaciones de la sociedad civil que luchan por los derechos de las mujeres y el colectivo LGTB+.

Lara Andrés, integrante del Observatorio de las Violencia de Género Ahora que Sí Nos Ven, destaca la creación del Ministerio como un paso importante para la lucha por una sociedad más igualitaria: “Durante el período de aislamiento/ distanciamiento el Ministerio tomó varias medidas de urgencia para atender las situaciones de violencia motivadas por el género: refuerzo de la línea 144 de atención gratuita a las víctimas, con nuevos canales y personal especializado, la guía de recursos geolocalizados, para que las mujeres y disidencias no sientan la obligación de estar aisladas con su agresor y la iniciativa de “barbijo rojo”, para que las farmacias sean un canal más de ayuda para las víctimas…Sin embargo, nuestras estadísticas nos demuestran que la violencia machista no cesa”. 

Es que, como expresa Lara, “la desigualdad de género es una problemática histórica y estructural, enmarcada en las relaciones desiguales de poder inscriptas en la cultura machista”. 

Para que este cambio cultural sea posible, las organizaciones de la sociedad civil como La Casa del Encuentro, Mumalá y Ahora que Sí nos ven, coinciden en la necesidad de un trabajo conjunto de los tres poderes del Estado, la aplicación efectiva de la Ley Micaela para que los funcionarios estén capacitados para abordar la problemática con una mirada integral y la implementación transversal y sin restricciones de la ESI, la  Ley de Educación Sexual Integral, en todos los niveles educativos.

 “También es vital nuestro compromiso como amigxs, vecinxs, conocidxs…, – concluye, Lara Andrés. Las organizaciones sociales tenemos un rol muy importante para trabajar en la sensibilización y concientización de esta problemática. El Estado es responsable, pero todos podemos contribuir al fortalecimiento de las redes solidarias, acompañando y colaborando en pos de la erradicación de las violencias de género”.

Aborto legal: es ahora, es urgente

Esta semana, el gobierno de Alberto Fernández envió al Congreso el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una propuesta que junto a otras iniciativas similares comenzará a ser discutida en los próximos días en la Cámara de Diputados.

Con características similares a la frustrada propuesta discutida en el Parlamento en 2018, el proyecto establece, entre sus 21 artículos, que las mujeres podrán requerir la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación; obliga a los servicios de salud a realizar la práctica en el plazo de diez días desde la solicitud; y admite la objeción de conciencia individual del profesional de la salud, siempre y cuando se garantice que la paciente sea atendida por otro médico.

No está contemplada la objeción de conciencia institucional. También fija que “el sector público y privado de la salud ” deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo, garantizando la práctica.

La discusión, tratamiento y aprobación del proyecto es el corolario de la histórica lucha de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que cuenta con la adhesión de más de 300 organizaciones sociales, políticas y sindicales y personalidades del ámbito científico, académico, cultural y periodístico.

Reflexiones del Colectivo Feminista: 

• “Celebramos el cumplimiento por parte del Gobierno de esta promesa de campaña, que recoge la lucha histórica de mujeres e identidades con capacidad de gestar y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Es una deuda del Estado para con nosotrxs, y es urgente que se trate y se apruebe. Ya tenemos proyecto, ahora queremos que sea Ley”. LARA ANDRÉS, OBSERVATORIO DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO AHORA QUE SÍ NOS VEN.
• “Espero que se pueda tratar en Sesiones Extraordinarias, y que a partir de este año, mujeres, lesbianas, trans y no binaries que decidan no gestar puedan hacerlo en libertad y con todas las garantías sanitarias”. MARÍA VICTORIA AGUIRRE – ABOGADA FEMINISTA,  COORDINADORA  DE MUMALÁ, CIUDAD DE BUENOS AIRES.