El “plan estratégico” incluye nuevamente el desfinanciamiento del régimen de seguridad social, como sucedió en los años ´90.

“La OIT (Organización Internacional del Trabajo) viene recomendando un sistema previsional organizado en tres pilares: uno básico, no contributivo, con la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que hoy otorga el 80% de la mínima, pero pretenden bajarlo al 70%;  después,  un régimen general para el trabajador que no paga ganancias, para el común, que daría una jubilación cercana a la mínima actual; y por último (que serán los primeros) todos aquellos que pagan ganancias, a quienes se los eximiría del impuesto, para pasar esos recursos a una cuenta de capitalización, la de los seguros de retiro. Un régimen privilegiado porque lo que no paguen de ganancias lo vamos a pagar el resto de los mortales”. Quizás porque está acostumbrado a hacer docencia con las/os jubiladas/os, el abogado especialista en temas previsionales, Miguel Ángel Fernández Pastor, le explica con claridad a Agenda Sur cómo es el esquema de jubilaciones que plantea implementar el Gobierno. Para lo que tal vez no haya que esperar a las elecciones.

El “plan estratégico”, como lo define Fernández Pastor, incluye nuevamente el desfinanciamiento del régimen de seguridad social, como sucedió en los años ´90: las/os abuelas/os “cobraban 150 pesos-dólares (época del “uno a uno”) durante 10 años, y nunca se actualizaron sus haberes. (Los trabajadores van a vivir el “pase” al nuevo sistema como) “cuasi obligatorio”: si a un trabajador le dan a elegir entre una jubilación mínima o la eximición del pago de ganancia, que ese ese importe lo van a “capitalizar” y así van a tener una jubilación más alta, la gente se va a pasar en manada. Como si fuese poco, el Gobierno va a traspasar los aportes obligatorios del sistema”, generando así un hueco que desfinancie el sistema. En este mismo sentido, es funcional la baja de los aportes patronales, que también genera un vaciamiento del fondo solidario.

Con el “plan estratégico” de reforma del sistema previsional, se deslegitiman los regímenes especiales, mal llamados “de privilegio”

Los ideólogos, como de costumbre, son los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OIT (actualmente financiada, precisamente, por el FMI). Luego hay que conseguir un Gobierno cuyos funcionarios “implementen” esas medidas, aquí no les resultó una tarea difícil. De hecho, Mauricio Macri es un fiel defensor del ingreso de Argentina a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Actualmente sólo hay dos países latinoamericanos adheridos a la OCDE, Chile y México, “los dos tienen régimen de capitalización y pagan las jubilaciones mínimas más bajas de América Latina”, revela Pastor.

“A través del FMI, se busca bajar la tasa de sustitución (la jubilación que recibe el beneficiario en relación a lo que ganaba como trabajador en actividad), que hasta el 2015 estaba en el 60%, llevarla a sólo el 35%. El primer paso lo dieron con la ley de movilidad, con un 20% menos de tasa de sustitución.  La siguiente etapa consiste en tomar los últimos 25 o 30 años de trabajo para el cálculo de la jubilación, en lugar de considerar sólo los últimos 10, (como se hace actualmente). Por ejemplo, una persona que empezó como cadete y terminó encargado en la fábrica: si se consideran los 10 años tiene un salario más alto que si se lo calculara con toda su historia laboral, donde se le computan los sueldos de cadete y le da un haber mucho más bajo”. Y para completar este “plan estratégico” de reforma del sistema previsional, se deslegitiman socialmente los regímenes especiales, mal llamados “de privilegio”: “En eses contexto, donde la mayoría cobraría el 35% de lo que cobraba en actividad, es incompatible que sobrevivan los regímenes especiales. Y los dos regímenes especiales por los que vienen es el de los docentes y el de los científicos, porque nadie en el Gobierno piensa en bajar el único régimen de privilegio que existe, que es el de los judiciales”, explica el especialista en seguridad social, Fernández Pastor. De hecho, la gobernadora de Buenos Aires ya derogó el régimen especial de los trabajadores del Banco Provincia.

“Si eliminaran todas las moratorias, a los jubilados no les aumentaría un solo peso, el único beneficiado sería el FMI, porque habría más dinero disponible para pagarle”, Fernández Pastor.

Si bien el abogado considera que “jurídicamente es impensado, no hay ninguna posibilidad jurídica” de que se deroguen las jubilaciones concretadas a través de las moratorias habilitadas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sí hay un muy fuerte mensaje político en contra de ese sistema. Aunque todas/os esas/os trabajadoras/es hicieron el 100 por ciento de sus aportes, “responsabilizan del déficit del régimen previsional a ese programa, y le hacen creer a los jubilados que ganan poco porque existen las moratorias. Las jubilaciones se calculan con la ley vigente: si eliminaran todas las moratorias, a los jubilados no les aumentaría un solo peso, el único beneficiado sería el FMI, porque habría más dinero disponible para pagarle”.

El punto crucial es cómo harán para dirigir los aportes del sistema a una cuenta de capitalización, lo que significaría la privatización del sistema, a través de las “nuevas AFJP” que serán los seguros de retiro”. Fernández Pastor sabe que el mal de todos los males es la llamada ley de “Reparación Histórica”. A la cual sólo se acogieron 740 mil personas, de los cuales 200 mil cobraron en ese momento “un haber mejorado de hasta 50 pesos”. Y de los 400 mil que estaban en juicio, sólo aceptaron 40 mil, “lo que demuestra el fracaso del cierre de los juicios. En este sentido hay una buena oposición que no va a permitir que avancen por ley, pero hay muchas cuestiones que se pueden hacer por decreto: la ley de Reparación tiene un “articulito” por el cual declara la emergencia en materia de litigiosidad, y en lo primero que pueden avanzar es en la eliminación de los regímenes especiales”.