El presidente Luis Arce llegó al Gobierno a fines de 2020 con un discurso de izquierda y como el sucesor elegido de Evo Morales. Cinco años después termina su mandato sin la posibilidad de presentarse a la reelección (renunció porque tenía una intención de voto del 1%) y con centenares de presos políticos, todos ellos pertenecientes a los sectores indígenas y populares que, paradójicamente, lo habían votado. La proscripción política de adversarios, la crisis económica y el caos social conforman la verdadera realidad de la Bolivia de hoy.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia habilitó el viernes 6 de junio a diez binomios presidenciales que se inscribieron para las elecciones generales del 17 de agosto, entre los que no figura la candidatura del exmandatario Evo Morales, y su Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol). Si bien los partidos políticos podrán reemplazar esas candidaturas hasta el 3 de julio próximo, lo cierto es que el 64,2% de las candidaturas presentadas por los partidos políticos fueron inhabilitadas por incumplimiento de diversos requisitos (ver cuadro).

Gabriela Montaño, exminstra de Salud de Evo Morales y presidenta de la Cámara de Senadores, describió la situación para Convertaction magazine: “Es posible que se instale la proscripción política de cualquier sigla que se inscriba en el bloque popular. Encarcelaron a más de 200 dirigentes campesinos acusándolos de terrorismo. El intento de proscripción, el cierre de la puerta de la democracia a los sectores populares, los obliga a movilizarse y tomar acciones por fuera del proceso electoral para intentar resolver los problemas del país. El Gobierno ya anticipó la represión de estas movilizaciones y el encarcelamiento de sus dirigentes. Hay una voluntad de la derecha y del gobierno de Arce de excluir a enormes sectores de la población de la vida democrática electoral. Esto encierra enormes peligros: lo que no se resuelve por la vida electoral va a tomar otros caminos; la movilización social, que corre el riesgo de ser brutalmente reprimida”.
El gobierno de Luis Arce acusó al expresidente de “terrorismo” y otros delitos, por ordenar bloqueos de carreteras. Un video, donde el líder incita a uno de sus seguidores a cortar rutas, alcanzó para que la fiscalía abriera una investigación con la denuncia penal.
La persecución llegó, incluso, a la detención del dirigente ligado a Evo Morales, Ponciano Santos, quien se encontraba en una ambulancia.

Bolivia enfrenta una polarización fragmentada: por un lado, una derecha con siete candidatos, cuyo proyecto político excluye al grueso de la población, dejando fuera a los distintos grupos indígenas y campesinos que conforman un particular Estado Plurinacional. El bloque de la oposición de derecha está encabezado por el expresidente Jorge Quiroga (Libre), el empresario Samuel Doria Medina (Unidad) y el alcalde de la ciudad de Cochabamba, Manfred Reyes Villa (Autonomía Para Bolivia). “La derecha ha estado marcado por la desidia de construir un proyecto político nacional y se ha reducido a ser sustitutivo del proyecto popular, a través de la expresión de odio y la intolerancia a lo popular; no hay una mirada nacional”, describe el politólogo Jorge Ritcher. “Los binomios son expresiones de lo más urbano de nuestro país, no hay diversidad, no hay otredad integrando esas fórmulas presidenciales. Para ellos es el tiempo de las innovaciones tecnológicas y no de la mirada sociopolítica, que es lo verdaderamente trascendente, incluso antes que la economía”, completa Ritcher.
Por el otro, la izquierda, también dividida, y con uno de sus líderes más importantes imposibilitado de presentarse como candidato. El argumento es que Evo Morales ya fue electo y la Constitución no lo habilita a un nuevo mandato. Hay un hecho político que refuerza esta teoría: en su momento Evo planteó un referéndum en 2016 para postularse a un cuarto mandato y lo perdió (51% a 49%).
“Evo Morales optaba en ese momento por un nuevo período electoral, el cuarto consecutivo. Una ruptura del orden institucional, un Golpe de Estado, es lo que puso fin a su mandato cuando le faltaban dos meses para terminar su Gobierno. Desde ese momento, el MAS ingresó en una suerte de internas, primero silenciosas, tranquilas. Pero después en 2020 van tomando fuerza en un enfrentamiento entre Evo Morales, que pugnaba por volver a tomar el poder del partido y lograr la candidatura presidencial; y el actual presidente Luis Arce, que imaginó ser el sustituto, hasta natural, de Evo. Ni lo uno ni lo otro: ni Evo logró ser candidato, ni Arce, luego de apropiarse del partido, logró ser el candidato de esas organizaciones sociales. Esto ha generado un fraccionamiento en la izquierda. Por primera vez el Socialismo irá fraccionado al proceso electoral”, describe Ritcher.
Como si hubiera faltado algún dato para confirmar la ruptura absoluta entre Morales y Arce, el actual presidente eligió como su candidato, del oficialista e histórico Movimiento al Socialismo (MAS), a Eduardo del Castillo: es el ministro responsable de la seguridad interna y la Policía, que es la que llevó adelante una operación donde se puso en riesgo a Evo, en un atentado que casi le quita la vida. “Del Castillo tuvo una postura política de criminalizar a los dirigentes y a los movimientos sociales”, afirma Montaño.

Para el politólogo Jorge Ritcher, “Bolivia vive un clivaje desde diciembre de 2005, cuando el MAS logró hacerse del triunfo electoral, y desde ahí se inició un “proceso de cambio” que puede tener una interpretación sociopolítica válida para comprender la permanencia de Evo Morales en el poder. Pero al mismo tiempo, desde la perspectiva de la institucionalidad liberal que está en nuestra nueva Constitución, se puede analizar como una fijación obsesiva por el poder con cortes de autoritarismo para no abandonar el poder. Se pueden hacer las dos interpretaciones. Pero ya en 2019 el proceso de cambios empezó a agotarse y no se renovó”. El desafío para estas elecciones es la construcción de un proyecto nacional que contenga a los distintos grupos nacionales del Estado boliviano. Como afirma Ritcher, “las sociedades organizan su convivencia, y debe ser en base a la igualdad, y recién después pueden empezar a hablar de modelos económicos de desarrollo. La derecha no tiene un proyecto de país. Es indispensable el equilibrio de los poderes, que es también el equilibrio de las representaciones. Y eso no es más que ordenar y armonizar la convivencia entre distintos sectores que habitan un mismo territorio”. El grave problema es que este proceso político parte de la prescripción política. De una democracia tutelada es casi imposible que pueda surgir un proyecto integrador de país.
Una posible salida sería es el que todos los sectores populares se organicen detrás del candidato Andrónico Rodríguez, quien tiene un vínculo natural con Evo Morales porque tiene origen en el mismo movimiento popular del país: la zona del trópico Cochabambino y de los cocales. Gabriela Montaño considera que “no solo es posible, sino que es deseable un encuentro entre Evo y Andrónico. Es lo más lógico sino se quiere la solución por vía del desastre”.
Ritcher es categórico: “En Bolivia se hace política con el Estado Plurinacional, con la diversidad, sectores a los cuales ya no se los puede dejar en los contornos como históricamente había sido su destino”.