Un sector importante de la población se siente aliviado porque hay nueva Presidenta. El capítulo triste de Pedro Castillo en la máxima investidura del país se acabó, ayudado de modo insuperable por su último acto de gruesa torpeza en el poder: pretender cerrar el Congreso, “reorganizar” todas las instituciones de control político y gobernar solo él mediante decretos ley, al más puro estilo dictatorial sin ni siquiera ofrecer excusas suficientes ni tener el previo respaldo de las fuerzas fácticas del país. Su decisión, plasmada en un anuncio televisado, a toda luz inconstitucional, sólo puede hallar cierta explicación en sus cálculos personales para escapar de la vacancia que el Congreso, por tercera vez, estaba por procesar en el Pleno tres horas después y que, probablemente, hubiera sido efectiva si conseguían los 87 votos requeridos. Hacer un anuncio tan absurdo y desproporcionado, con visos de suicidio político, sólo parece haber obedecido a un básico razonamiento de evasión desesperada: de la vacancia, de las acusaciones fiscales que le cercaban y del cargo de primer mandatario para el que no estuvo nunca capacitado y que, hay que tenerlo presente, recibió desde el primer minuto en que ganó las elecciones una oposición feroz que no escatimó nada (incluyendo furiosos ataques racistas y clasistas) y se valió de todos los recursos posibles para desmontarlo del sillón que aún no había ocupado.
Dina Boluarte, nueva Presidenta de Perú.
De las muchas cuestiones que le señalaban a Pedro Castillo, las que más resuenan ahora son: 1) sus planes de violentar las reglas de juego para instalarse en el poder como una “dictadura comunista” y 2) su absoluta incapacidad de gestión del Estado. La segunda ha sido más que evidente; la primera, en cambio, aún después de su anuncio de disolución congresal, tiene mucho de caricatura y compite en ridiculez con la propia intentona de Castillo que hizo en ese acto de lectura pública, con evidente temblor en las manos, un débil remedo del último dictador peruano que hoy cumple prisión en el penal de Barbadillo, allí donde ha ido a parar él ahora, detenido, acusado de rebelión y conspiración.
Hacer lo que rechazaron de mi contrincante
Es una paradoja que el profesor rural, otrora líder sindical de su gremio, gane unas elecciones en segunda vuelta gracias al expreso rechazo que su contendora generó y termine haciendo lo que justamente a ella se le rechaza: envolverse en notorios indicios de negociaciones y componendas ilegales con los intereses del Estado (aunque sin las redes de sus antecesores) y, especialmente, perpetrar la violación del Estado de derecho en su afán de proteger sus intereses privados. La misma razón que nuclea ese sólido bloque llamado antifujimorismo, que ya le hizo perder varias elecciones seguidas a esa dinastía, es la que Pedro Castillo obsequió el miércoles último al mediodía para que el Congreso (mucho más impopular que él[1]) lo someta a un proceso de vacancia, esta vez sin duda de legitimidad y legalidad, y lo defenestre.
La festejación
Pero los defensores del Status quo que leen esto como un triunfo de la oposición más exaltada, fotografiándose eufóricos porque habrían acorralado a Castillo obligándolo a una pésima jugada, estarían cometiendo una vez más un acto de entusiasmo miope. Quienes festejan viendo a la esposa e hijas de Castillo salir del palacio de gobierno cargando sus coloridas bolsas de rafia y no evitan, con mayor o menos explicitud, comentarios humillantes, olvidan que la profunda decepción que este gobierno ha producido no hace sino agudizar más la frustración de millones de personas que esperan transformaciones profundas y urgentes en el país para obtener equidad en oportunidades, para que los servicios del Estado ni las empresas privadas les sigan pareciendo predios de inescrupulosos que enriquecen a muy pocos, donde sus derechos no cuentan, siempre contrarios a sus necesidades, a sus aspiraciones. Es gente que no ha pasado por alto tampoco las diarias muestras de desprecio clasista que en redes sociales, en gran parte de la prensa y en muchos círculos citadinos deploraban las imágenes, las formas de vestir y hablar castellano de quienes habían ganado las elecciones. Esa nueva afrenta hace fermentar su repudio a la clase política y a quienes consideran las elites de siempre, contra las que votaron al elegir a Castillo. Porque esa elección, más que ninguna antes, fue eso: una elección reactiva, de hartazgo, de protesta, de castigo, de antivoto. Aunque escandalice a quienes ostentan escolaridad privilegiada y esperan que se vote por quienes mejor puedan administrar el modelo actual. Aunque indigne a quienes, “en nombre de la democracia” y de la lucha anticorrupción, llamaron a votar por quien enfrenta una nutrida acusación fiscal como lideresa de una posible organización criminal, por quien reivindica el periodo dictatorial de su padre, no sólo de palabra, sino manteniendo en su círculo político a quienes sostuvieron aquella dictadura de fines de siglo.
Pedro Castillo, expresidente, preso en la misma cárcel que Alberto Fujimori.
La comparación
La reacción de rechazo contra el cambio súbito en palacio no se compara a la que produjo la asunción de Manuel Merino en noviembre de 2020 donde se levantaron por todo el país, miríadas de personas, de distintos estratos, incluyendo a los de gran influencia simbólica y le hicieron bajar del sillón presidencial con el alto precio de dos jóvenes muertos por el fuego de la represión. Pero tampoco hay que desestimarla. Probablemente no es tan unívoca aún por varias razones: porque el 31% de aprobación que ostentaba el destituido mandatario, incluso en ascenso, no era suficiente capital; porque el mismo Castillo cometió un estropicio en su última hora en el poder; porque el reclamo ciudadano se divide entre quienes piden que se vayan todos (los más) y se convoquen a nuevas elecciones generales y quienes exigen la liberación de Pedro Castillo (los menos); y porque de alguna manera, se esperan las señales que la recién asumida Presidenta emita con sus decisiones, incluyendo la composición de su gabinete. Sin embargo, el desencanto y las protestas están[2]. Aunque los medios masivos peruanos omitan su cobertura. Y no se resolverán como exigen algunos periodistas, metiéndoles “un balazo en la cabeza”[3].
Sobre todo ahora que muchos señalan con dedo acusador a quienes votaron por Pedro Castillo en segunda vuelta, debería notarse también que quienes lo eligieron ante la alternativa de Keiko Fujimori, acertaron en un punto que es clave a la luz de los sucesos actuales. Pues predijeron que si Castillo decidía aferrarse en el poder mediante un golpe de Estado, no lo iba lograr porque, a diferencia de su contrincante, no tenía ni la fuerza popular suficiente (alcanzó la mayoría con votos prestados) ni tenía los poderes de facto (económicos, políticos, militares) para hacerlo. Y así ha sido.
¿Tregua?
La vacancia de Castillo y la sucesión constitucional prevista han puesto a Dina Boluarte en Palacio de Gobierno, la misma tarde del miércoles. Cuando aún no estaba muy claro el desenlace, los congresistas hacían llamado urgente en cada medio de prensa que llegara con un micrófono para que la entonces vicepresidenta acudiera para ser investida en remplazo de quien estaban por vacar de la presidencia. Quienes poco antes habían iniciado también contra ella una tanda de acusaciones para inhabilitarla[4], ahora la convocaban con prisa[5]. Finalmente, ella se pronunció rechazando la medida ilegal de Castillo y poco después llegó al Pleno del Congreso donde fue proclamada la primera presidenta mujer del Perú. En apariencia, lo más agudo de la crisis ha terminado. Pero la experiencia nos advierte de que no. Que las treguas de los últimos congresos nacionales son superficiales e hipócritas, como la que dieron a Martín Vizcarra cuando, después de haberlo proclamado por sucesión constitucional, le obstruyeron y atacaron de múltiples formas, por distintas políticas que intentó implementar. Un sólo factor común detrás de esa incesante pugna que no tuvo contemplaciones ni siquiera en pleno azote del Covid-19: la defensa cada vez menos disimulada de intereses sectarios, subalternos, asociados a sus financistas y no a sus votantes. A Boluarte le esperaría un escenario similar. El actual Congreso que la ha investido será su primer campo de batalla y ella carece de grupo parlamentario. Deberá tener mucho pulso, además del expreso y desinteresado apoyo de las fuerzas realmente democráticas del país. Porque la polarización continúa y algo peor late como una bomba de tiempo. De un lado la frustración popular que están aprovechando líderes radicales, y de otro, grupos de poder instalados en el parlamento, en gobiernos regionales, sembrados en el sistema judicial y el poder ejecutivo que tienen una sola prioridad: evitar a cualquier precio medidas que les pongan en peligro. La democracia, el país, la ciudadanía para ellos, ya lo han demostrado, son sólo enunciados cínicos, estorbos, cuando de evitar la quiebra o la cárcel se trata.
[1] Ver última encuesta de IEP que le asigna 86% de rechazo al Congreso y apenas 10% de aceptación, frente al 31% de Castillo a fines de noviembre:
[3] Aquí un extracto que solo han rebotado los medios de prensa alternativos (en este caso del portal Piensa Perú) donde el periodista Butters reclama a un policía por qué no han disparado a la cabeza de los manifestantes, a lo que el policía responde que su misión no es matar: https://twitter.com/i/status/1601225585711550465
[5] Aquí un mix de declaraciones de congresistas después del mensaje de Pedro Castillo. Incluye declaraciones de Yarrow y Montoya, activos demoledores de Boluarte: https://www.youtube.com/watch?v=49-HKN2ZTDA
