Por María Eva Dorigo, desde EE.UU.

A 13 días del asesinato de George Floyd a manos del policía blanco Derek Chauvin, las protestas continúan en las principales ciudades y también en pueblos pequeños de los Estados Unidos. Los manifestantes reclaman medidas que permitan combatir el racismo estructural que se encuentra en cada una de las instituciones del Estado. Nadie espera medidas provenientes del Gobierno federal. Donald Trump, a través de su cuenta de twiter, amenaza con” law and order” (ley y orden), y ha enviado tropas militarizadas a Washington DC, con repercusiones negativas. Por lo tanto, la presión está puesta en los gobiernos locales, que ya empiezan reaccionar presentando medidas que permitan transparencia y accountability -reponsabilizarse- por parte de las fuerzas policiales.
Hay un movimiento que toma fuerza en estos días llamado “#defundthepolice”, esto es, desviar recursos económicos que iban dirigidos a la policía hacia la comunidad a través de servicios sociales, quitándole a la institución tareas que nunca debió haber afrontado,  como intervención en casos de crisis psiquiátricas, lidiar con personas sin techo o llamadas por ruidos molestos, entre otros. Al parecer, se podría llevar a cabo en Minneapolis a modo de puntuapié como experimento inicial para replicarse en otros lugares del país. Desde el City Council (consejo) de Minneapolis, 9 de sus 13 miembros piden el desmantelamiento del departamento de policía para reemplazarlo por un nuevo modelo de seguridad pública. Éste tendría algún tipo de participación a definir de los mismos ciudadanos de Minneapolis, en especial de líderes de la población negra, quienes sufren la brutalidad policial a diario. Los manifestantes están con sed de reformas estructurales y no de otra ola de reformas superficiales que no lleguen a la verdadera raíz del problema.

Otro movimiento que se plantea en estos días es el que exige la eliminación/remoción de monumentos que celebran a los llamados “mártires de la Confederación”, quienes luchaban por la continuidad de la esclavitud durante la guerra civil. El jueves, el gobernador de Virginia ordenó remover la estatua de Robert. E. Lee, general de la Confederación que peleó en la última batalla y se rindió el 5 de abril de 1865, dando culminación a la Guerra Civil. Este sábado, los manifestantes la tiraron abajo con una soga, llenando con inscripciones la base donde se erigía la estatua.

El Covid-19 visibilizó la desigualdad que ya se encontraba acentuada desde hace décadas, en una intersección entre etnia y clase.

Estos últimos días fuimos testigos, gracias a múltiples videos caseros, de la violencia con la que acciona la policía de EE.UU. para controlar a los manifestantes contra el racismo, y que piden justicia por el asesinato de George Floyd. La represión se impone, particularmente, cuando los alcaldes imponen el toque de queda: arrestos masivos, con disparos de gas lacrimógeno, balas de goma y gas pimienta. Durante el día las protestas son pacíficas, pero a la noche se desata una verdadera “batalla campal”.

Las protestas comenzaron para pedir justicia por los asesinatos de Ahmad Arbory, -asesinado en enero de este año por vecinos que supuestamente lo “confundieron” con un ladrón, en un caso que pareció una caceria-; Brionna Taylor, -asesinada en marzo por policías de civil que ingresaron con violencia a su casa sin aviso, y la acribillaron frente a su novio en una supuesta redada por drogas-; y el estrangulamiento reciente de George Floyd, y continúan, aunque los cuatro policías presentes al momento del arresto que termino en muerte de Floyd estén arrestados y acusados. El Covid-19 visibilizó la desigualdad que ya se encontraba acentuada desde hace décadas, en una intersección entre etnia y clase.

Un 40% de Afro-Americanos se encuentra entre rejas, aunque sólo constituyan el 13% de la población estadounidense.

El gobierno del presidente Donald Trump no ofrece ninguna respuesta a los reclamos de los manifestantes. La esperanza se encuentra en la continuación de la presión y la respuesta de las autoridades locales que ya empezaron a hacerse eco de estos pedidos. El fiscal del Estado de New Jersey, Gurbir Grewal, presentó una serie de medidas puntuales que buscan minimizar el abuso policial, tales como asegurar investigaciones independientes de incidentes que involucren a la policía, desde balaceras hasta muertes ocurridas una vez que la persona estaba bajo custodia policial. Además, habilitar el uso de imágenes capturadas por cámaras de seguridad o provenientes de cámaras de Smart phones; mejorar la supervisión de los fiscales municipales; crear un portal donde se haga pública la información sobre el uso de la fuerza de todos los departamentos de policía del Estado; entre otras medidas. 
Por su parte, el gobernador de Virginia, Ralph Northam, además de rechazar el pedido de Trump de enviar la Guardia Nacional (efectivos Estatales) a Washington DC por temor a que Trump utilizara las tropas para escalar la tensión con los manifestantes, destacó los esfuerzos de su Gobierno para acortar la brecha de inequidad racial y económica que existe en su Estado:  “Muchas veces tenemos dificultades en conectar eventos del pasado con nuestro presente: el racismo y la discriminación no son cosa del pasado. Todavía están entre nosotros; entre las disparidades, vemos el rendimiento escolar,  el porcentaje de suspensiones escolares, la mortalidad materna e infantil de los Afro-Americanos en las cortes y cárceles; en la disparidad en salud que permite que la población afro-americana sea más vulnerable al COVID 19. La opresión de la población negra comenzó con la esclavitud, luego la era de Jim Crow (segregación) y finalmente con la encarcelación masiva, donde un 40% de Afro-Americanos se encuentra entre rejas, aunque sólo constituyan el 13% de la población estadounidense.