El gobierno de Nicolás Maduro y un sector de la oposición lograron un acuerdo preliminar para garantizar la estabilidad institucional en Venezuela. Este entendimiento forma parte de la “Mesa Nacional de Diálogo por la Paz”, en la que trabajan desde hace unos meses representantes de Miraflores y partidos disidentes. El pacto llega menos de 24 horas después de que el titular de la Asamblea Nacional y líder de la oposición “más dura”, Juan Guaidó, diera por terminado el proceso de conversaciones que tenía lugar en Barbados con la mediación de Noruega. La crisis política ahora presenta un nuevo escenario con una oposición moderada que negocia la gobernabilidad a través del diálogo y otra encabezada por Guaidó que con apoyo internacional insiste en que la solución para los problemas de Venezuela es la salida de Maduro.
Los puntos más destacados del documento acordado se refieren al retorno de diputados chavistas a la AN – declarada en desacato y bajo control opositor -, el rechazo de las sanciones económicas impuestas por EE.UU, la conformación de un Consejo Electoral y la revisión de los procesos judiciales contra dirigentes opositores. Horas después de la firma del acuerdo, se produjo la excarcelación del vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano quien había sido acusado de “traición a la patria”, y se anunció además, que otros 58 detenidos considerados “presos políticos” iban a ser liberados. El martes, la expectativa se volcó en el recinto tras el receso parlamentario, se esperaba la llegada de los legisladores oficialistas pero finalmente no se concretó. Los diputados opositores que firmaron el acuerdo aclararon que no establecieron una fecha para el ingreso del oficialismo. Al final de la jornada, el parlamento decidió ratificar a Guaidó como “presidente encargado” y además solicitó avanzar con la aplicación del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
Esta resolución fue acompañada por el Departamento de Estado de EE.UU y sus socios de la OEA, que en un comunicado invocaron la ejecución del tratado y anunciaron además la suspensión del diálogo entre Miraflores y Guaidó. Entre las medidas que contempla el TIAR, para sancionar a Venezuela, se encuentran: la ruptura de las relaciones diplomáticas y el empleo de la fuerza armada. Sin embargo, Caracas no reconoce la aplicación de ninguna disposición porque denunció ese mecanismo en 2013 y oficializó su retiro de la OEA en abril de este año. Pero para EE.UU. y el Grupo de Lima, Maduro no es el presidente de Venezuela y la única voz autorizada para permitir la ejecución del tratado es la de Guaidó. Los analistas cuestionan y ponen en duda la legalidad de esta acción ya que el TIAR sólo se puede aplicar en un país en caso de amenaza externa y no en el marco de un conflicto interno como el que atraviesa la república bolivariana.
