Sanciones económicas, intento de golpe, cantidad de activos retenidos en bancos extranjeros, estos son algunos de los datos que el informe de la Alta Comisionada para los DD.HH omite en su presentación ante el Consejo de la ONU. El documento elaborado por Michelle Bachelet carece de base técnica y es, a simple vista, un relato subjetivo sobre la crisis que atraviesa Venezuela.
La investigación abarca el período enero 2018 – mayo 2019. Según reporta la Alta Comisionada, se entrevistó a una “amplia variedad de partes interesadas”: actores estatales, personas refugiadas y migrantes venezolanos en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, entre otros. También informa que la funcionaria durante su reciente visita a Caracas (19 al 21 de junio) “se reunió con muchas contrapartes, incluido el Presidente Nicolás Maduro, el Vicepresidente, el Ministro de Relaciones Exteriores, altos cargos de 17 ministerios, el Presidente de la Asamblea Nacional (Juan Guaidó) y diputados/as de la oposición”.
“Desde Miraflores recordaron que EE.UU tiene 5.470 millones de dólares pertenecientes a Venezuela, retenidos en diversas instituciones bancarias en el mundo.”
El reporte hace hincapié en las detenciones y “torturas” a opositores al gobierno de Maduro y también pone especial énfasis en la “crisis humanitaria” provocada por la situación económica: inflación y desabastecimiento. En este punto, el informe confirma la existencia de sanciones unilaterales por parte de un país extranjero pero no especifica las consecuencias reales de esas medidas así como tampoco las condena. “La economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial” afirma el reporte. Desde Miraflores recordaron que EE.UU tiene 5.470 millones de dólares pertenecientes a Venezuela, retenidos en diversas instituciones bancarias en el mundo. “Este monto es superior al total de los recursos invertidos durante todo un año para la adquisición de alimentos para el pueblo venezolano” precisa Caracas en un comunicado. La Alta Comisionada también alerta sobre el estado del sistema sanitario, en especial, la falta de medicamentos y asistencia en los hospitales.
El Experto Independiente de la ONU, el estadounidense Alfred de Zayas, indicó en una reciente presentación ante el Consejo de DD.HH: “Los efectos de las sanciones impuestas por los presidentes Obama y Trump y de las medidas unilaterales aplicadas por Canadá y la Unión Europea han agravado tanto directa como indirectamente la escasez de medicinas tales como la insulina y los medicamentos antirretrovirales. En la medida en que las sanciones económicas han generado retrasos en la distribución y, de esa forma, constituyeron otro factor causante de muchas muertes, las sanciones infringen las obligaciones contraídas por los países que las imponen en materia de derechos humanos”.
“El informe es lamentablemente desequilibrado y no extrae conclusiones que podrían ayudar a las personas venezolanas que sufren”, tuiteó Alfred de Zayas (ONU).
A raíz de la publicación del informe elaborado por la ex presidenta chilena, el Experto, escribió en su twitter: “Consigue las pruebas Bachelet”. También tuiteó: “El informe es lamentablemente desequilibrado y no extrae conclusiones que podrían ayudar a las personas venezolanas que sufren”. “Las sanciones económicas que causan decenas de miles de muertes deben ser condenadas como crímenes contra la humanidad bajo el Estatuto de Roma”.
Los ataques de las llamadas “guarimbas” tampoco fueron considerados por Bachelet. En su visita en junio pasado, la Alta Comisionada escuchó en persona los testimonios de las víctimas de la violencia opositora y recibió 123 casos documentados de ciudadanos , según informó el gobierno. En su investigación sólo incluyó las detenciones de opositores en contextos de manifestaciones y los “maltratos” sufridos bajo prisión.
El informe sobre DD.HH, tampoco menciona ni condena el intento golpista opositor del pasado 30 de abril ¿Puede ser verosímil un informe sobre DD.HH. que ignore un intento golpista? ¿Se puede confiar en un documento cuando la mayoría de las voces que lo componen provienen de un mismo sector? ¿Se puede esperar efectivamente que la intención de este informe sea promover una salida a la crisis que afecta al pueblo venezolano?
