Por Carolina Berardi, Centro de Economía Política Argentina (CEPA)
La semana que viene se vota en el Senado y Javier Milei adelantó su veto. ¿Por qué?
Diputados dio media sanción un proyecto de Ley que busca mejorar la situación de las jubilaciones y pensiones. Éste es un tema central y recurrente en nuestro país, ya que constituyen el gasto más transcendente para el Estado: en promedio, entre 2017 y 2023, las jubilaciones y pensiones representaron el 37% del total de erogaciones, con importantes oscilaciones: pisos de 28% y picos de 48%.
¿En qué consiste centralmente la propuesta aprobada en Diputados? Por un lado, otorga un aumento extra de 7,2% para todos los haberes, independientemente de su monto. Este porcentaje se obtiene por la diferencia entre la inflación de enero (20,6%) y la recomposición que otorgó el gobierno por Decreto (12,5%). Con lo cual, de sancionarse de manera definitiva esta ley, todos los jubilados y pensionados verían automáticamente incrementados sus haberes 7,2%.
A su vez, el proyecto ratifica la decisión del Ejecutivo de actualizar los haberes de manera mensual en función de la inflación de dos meses atrás (por ejemplo en junio se tomó la inflación de abril). Esto implica el congelamiento del poder adquisitivo de los haberes: es decir, si mañana la inflación se lleva a 0%, las jubilaciones quedarían eternamente en este (bajo) nivel de capacidad de compra. Por ello, se establece en el proyecto una cláusula de recomposición anual: en marzo de cada año, si los salarios le ganaron a la inflación el año anterior, los haberes se actualizarán por un 50% de dicho diferencial. De este modo, se abre la posibilidad de que en un contexto de crecimiento económico, los haberes previsionales puedan acompañar el ciclo.
Lo más interesante que tiene el proyecto, a mi entender, es el esquema que crea para evitar la discrecionalidad del bono que viene sosteniéndose desde hace dos años, y que bajo el mandato de Caputo se congeló en $70.000 los últimos 4 meses, licuándolo paulatinamente. Se crea una garantía de haber mínimo para que si las jubilaciones no alcanzan ese piso, se pague un “suplemento” de manera automática. Este ingreso mínimo garantizado está, a su vez, asociado a la canasta básica total que mide el INDEC para una persona adulta. En el proyecto de Unión por la Patria, dicho valor debía multiplicarse por 1,2, en el de otros legisladores simplemente por 1, y en el recinto terminó acordándose 1,09.
Traducimos en números: en mayo, la canasta básica total valía $275.518, multiplicado por 1,09, el haber mínimo garantizado para julio sería -de estar vigente este proyecto- de $300.314,62, unos $15.000 más de lo que percibirán el mes próximo quienes cobran la mínima, si el bono no se actualiza. Así, en vez de 3,1% de aumento en julio, la mínima crecería 8,4%.
Este proyecto aún debe pasar la semana que viene por la Cámara de Senadores, que aprobó la ley Bases, con modificaciones que fueron más de las esperadas por el Gobierno: se incluyó una cláusula de reactivación de la obra pública que esté avanzada en su construcción o que tenga financiamiento internacional; se quitaron Aerolíneas, Correo y Radio y Televisión Argentina del listado de empresas privatizables; se incorporó como justa causa de despido el bloqueo de establecimientos laborales; se redujo (de cinco) a tres los “colaboradores” que puede contratar un trabajador independiente sin formalizar la relación asalariada; se delimitaron los sectores abarcados por el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grande Inversiones); se incorporaron sujetos excluidos del blanqueo; y se sostuvo el monotributo social, entre otros.
A su vez, la derogación de la moratoria previsional fue retirada del proyecto y ni siquiera votada en el recinto. Sin embargo, el foco en las próximas semanas seguramente estará sobre lo que el Senado rechazó: las modificaciones al impuesto a los bienes personales (con reducción de alícuotas y régimen de estabilidad por 15 años) y al impuesto a las ganancias (básicamente, la restauración de la cuarta categoría). Ahora, el proyecto vuelve a Diputados.
Pero volviendo a las jubilaciones, desde el Poder Ejecutivo alardean con su poder de veto. Sin embargo, la media sanción se logró con apoyos de todos los bloques que no son La Libertad Avanza y el PRO, quienes aferrados al equilibrio de las cuentas públicas, terminaron reconociendo lo que veníamos denunciando desde CEPA hace meses: en el primer cuatrimestre del año, el 35,1% del superávit del que se vanagloria el gobierno se explica por la licuación de los haberes previsionales. Terminaron reconociendo que el ajuste se hace en base a las jubilaciones y pensiones:
De pronto, un proyecto de Ley que implicaría, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, menos de 0,4% del PBI (porque la estimación está realizada desde mayo, y probablemente no comience a regir, en caso de aprobarse, hasta agosto), es denunciado por el oficialismo como un jaque a “la caja”, a la que habría que defender de “las ratas”: ¿se refiere a los jubilados?
Diez veces más de recursos podría obtener de otro lado: el total de gasto tributario y de beneficios impositivos, incluidos en la “separata” que presentó el gobierno anterior para su discusión en el Poder Legislativo, representarán en este 2024 una pérdida de recaudación de 4,72% del PBI. Un ítem, de los tantos contenidos en dicha presentación, es la exención de los inmuebles rurales en el pago del Impuesto a los Bienes Personales. Ese solo concepto implica para el Estado dejar de recaudar 0,48% del PBI.
Es decir, si el gobierno de Javier Milei, en vez de reducir este impuesto progresivo como pretende con el paquete fiscal, incorporara los inmuebles rurales, podría financiar este incremento para las jubilaciones. Plata hay, en todo caso, no hay voluntad de gestionar para las grandes mayorías.
