Colombia revive los peores fantasmas. La vuelta a las armas de una pequeña fracción de las Farc pone en peligro el proceso de paz. El acuerdo firmado en La Habana en 2016 entre el Estado colombiano y la guerrilla más importante del país, parece desvanecerse por estos días. El logro político de Juan Manuel Santos, que le valió un premio Nobel, aún no pudo implementarse en su totalidad. La llegada de Iván Duque hace un año significó un freno para la aplicación del acuerdo y poco contribuyó a un avance en las conversaciones con el ELN, la otra guerrilla en litigio. El contexto político provocó el resurgimiento de voces contrarias al acuerdo, como la del expresidente Álvaro Uribe, que generaron un clima hostil para la búsqueda de consensos en el marco de las negociaciones con los grupos armados. 

En una demostración de fuerza el reducido grupo de las Farc llamó al ELN a liderar la lucha contra el gobierno de Duque y acusó al presidente de traicionar a la patria por no cumplir los compromisos del pacto. Los insurgentes reclaman una negociación que incluya a todos los grupos armados y que derive en la proclamación de una nueva Constitución. 

Duque calificó como “banda de narcoterroristas” a los exintegrantes de la guerrilla y vinculó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con los disidentes. Miraflores declaró un alerta en la frontera y ordenó ejercicios militares. El gobierno de Maduro denunció una maniobra de Colombia para empezar un conflicto militar.

Los partidos opositores, entre ellos, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, formado por 10 parlamentarios – exguerrilleros elegidos en 2018 –  rechazaron el rearme pero también responsabilizaron a Nariño por no cumplir lo acordado. La oposición enfatizó en que sólo un pequeño grupo regresó a las armas, mientras el 95% de los exguerrilleros mantiene su voluntad de paz. 

En medio de la conmoción por el anuncio del rearme, se produjo el asesinato de la candidata a alcaldesa de Suárez por el Partido Liberal, Karina García y otras 5 personas que la acompañaban a bordo de un auto en el norte de la región del Cauca. El gobierno señaló a la disidencia guerrillera y reactivó una mega operación militar en una zona caliente. El ataque se sumó a otra serie de episodios trágicos cometidos en los últimos meses contra dirigentes y líderes sociales.

El rearme despertó una vez más la incertidumbre y el temor de volver a una Colombia dominada por el miedo y la violencia. El interrogante que se abre ahora es si Duque podrá salvar un acuerdo, que pese a los obstáculos y críticas, fue calificado de “ejemplar” para la historia de los conflictos armados.