El discurso de odio en EE.UU.
En los Estados Unidos se utiliza la primera enmienda de la Constitución Nacional, el derecho a la libre expresión, como bandera para hacer todo tipo de declaraciones aberrantes contra líderes opositores o ciudadanos comunes.
El intento de asesinato a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó a muchos por sorpresa. Si prestamos atención a los eventos violentos que se suceden en los Estados Unidos gracias a la incitación a la violencia que ocurre desde las redes sociales, no sorprende tanto. La violencia física es la culminación o el objetivo último de la utilización de los medios de comunicación y las redes sociales de manera irresponsable por parte de líderes, especialmente de la derecha en este país.
En los Estados Unidos se utiliza la primera enmienda de la Constitución Nacional, el derecho a la libre expresión, como bandera para hacer todo tipo de declaraciones aberrantes contra líderes opositores o ciudadanos comunes. Utilizan un lenguaje incendiario que asegura la ira de las y los ciudadanos que leen o escuchan sus declaraciones.
Durante la presidencia de Donald Trump, el uso indiscriminado del Twitter, medio preferido del expresidente para comunicarse con sus seguidores, llevó a miles de personas a violentar el Congreso de la Nación, con el objetivo explícito de impedir la asunción del nuevo mandatario Joe Biden, elegido democráticamente. Les tomó unos meses a los comunicadores sociales y políticos nombrar este evento como lo que realmente fue: un intento de Golpe de Estado.
No existía en la imaginación de la ciudadanía norteamericana que algo así pudiera suceder en su país. Creían casi religiosamente en sus instituciones y en la división de poderes. Este evento fue el ápice de una serie de situaciones a las que no se tomó en serio con anterioridad.
Me refiero, por ejemplo, al intento de secuestro de la gobernadora del Estado de Michigan, Gretchen Whitmer, por un grupo de hombres armados que intentaron ingresar en el palacio de Gobierno. Otro ejemplo es el asesinato de dos jóvenes que participaban en las marchas de protestas que se realizaron en todo el país, luego del homicidio de George Floyd por parte de miembros de la supremacía blanca.
En otra oportunidad, durante una contramarcha, protestando por la reunión en Charlottesville, Virginia, de seguidores de la supremacía blanca, Heather Heyer fue arrollada por un joven que manejó hacia ellos con el objetivo de atropellarlos, provocándole la muerte. Así podríamos dar ejemplos de cómo el lenguaje denigrante hacia el otro, el que piensa y vive distinto, enciende el odio de algunas personas, provocando que tomen acciones violentas para “eliminar al enemigo”.
Es común escuchar a políticos del Partido Republicano referirse a las oleadas de migrantes hacia la frontera sur de los Estados Unidos como “invasión”. A los mexicanos que llegan al país para trabajar los tildan como “violadores”. A ciudadanos empoderados como “woke” (demasiado despiertos), a modo de insulto. El Twitter es utilizado para hacer comentarios racistas, sexistas, misóginos y transfóbicos por políticos conservadores.
La congresista ultraconservadora republicana y dueña de un gimnasio en el Estado de Georgia, Marjorie Taylor Greene, es un buen ejemplo de ello. Hace unos días posteó dos fotos de un adolescente, a la izquierda la imagen del joven de pelo largo pelirrojo claramente femenino, y a la derecha sin senos y con sus heridas en forma horizontal. Su posteo decía: “Este niño no es suficientemente adulto como para votar, comprar cigarrillos o ver una película prohibida para 18 años. Pero le han permitido cortar sus senos. Mi proyecto de ley “Proteger la inocencia de los niños” impedirá esto”.
Las palabras no sólo han provocado actos violentos, sino también una oleada de leyes a nivel estatal contra las libertades individuales de personas LGBTQ+, como la prohibición de tratamientos hormonales para menores de 18 años y la criminalización de padres que lo permitan; leyes que prohíben o restringen el acceso al aborto; métodos anticonceptivos, o educación sexual; la prohibición de libros sobre temas raciales, LGBTQ+ y de historia de las bibliotecas escolares, entre otras acciones.
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