Internacionales

Las ciudadanas de segunda categoría de EE.UU.

Las limitaciones del derecho de acceso al aborto legal y el riesgo de la criminalización de las mujeres.

Los jueces de la Corte Suprema discutieron la semana pasada el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, en donde el Estado de Mississippi logró aprobar en ambas Cámaras una ley que limita las semanas para acceder a la posibilidad de la realización del aborto de 23 semanas de embarazo (protegida por el precedente judicial Roe v. Wade) a 15 semanas. Por su parte, las organizaciones a favor de los derechos reproductivos de este Estado inician un proceso para demostrar su inconstitucionalidad. Este precedente es el único que ha protegido el acceso al aborto a nivel Federal por los últimos 50 años, y por ello muchos Estados no cuentan con legislación local. 

Ahora se teme que las leyes estatales serían particularmente duras con aquellas mujeres que se realicen abortos clandestinos luego de las semanas que cada Estado imponga como límite legal.

Esta ley de las 15 semanas fue aprobada en los años ochentas en el Estado de Mississippi, pero fue rechazada repetidas veces por las diferentes instancias judiciales. Es la primera vez que la presentan en la Corte Suprema ya que los “pro vida” ven con esta nueva composición una oportunidad legítima para que sea aprobada. Si los jueces fallaran a favor del Estado de Mississipi, esto significaría el fin de protección a millones de mujeres, quienes deciden sobre su salud reproductiva. De este modo, las mujeres quedarían a merced de las leyes de cada Estado. Con esta decisión en contra del derecho al aborto, leyes restrictivas del aborto que ya han sido aprobadas en más de una docenas de Estados se pondrían en efecto inmediato. La preocupación más grande no es sólo que millones de mujeres verán vulnerado su derecho, particularmente en los Estados del sur y de bajos recursos que no están en condiciones de pagar un boleto de avión para ser atendidas en aquellos Estados que todavía protegen este derecho, sino su criminalización.
La polarización sobre este tema es tan grande y la guerra cultural llegó a tal punto en la era Donald Trump, que el miedo a la criminalización del aborto es real y concreta. A diferencia de lo que sucedía cincuenta años atrás, cuando si bien el aborto no era legal no era criminalizado, ahora se teme que las leyes estatales serían particularmente duras con aquellas mujeres que se realicen abortos clandestinos luego de las semanas que cada Estado imponga como límite legal, si es que no llegan a su prohibición total. 

En junio de este año, en otro fallo donde claramente se ve la dirección de las decisiones judiciales de esta institución con su nueva composición luego de que el ex presidente Trump lograra nombrar tres jueces nuevos, esta Corte falló a favor de una agencia católica de niños en custodia temporaria de familias sustitutas, donde se opone a aceptar que familias homosexuales acojan a estos niños, en un claro ejemplo de discriminación por orientación sexual. Estos tres jueces Kavanaugh, Gorsich y Connie Barret vinieron por la anulación de Roe v. Wade y sus decisiones judiciales durante sus carreras, y sus declaraciones públicas no han hecho más que confirmar que ése es uno de sus objetivos. 
Otra preocupación resaltada por la jueza Sonia Sotomayor, latina y progresista, es sobre el futuro de la Corte Suprema como institución en el caso que fallara a favor de Mississippi. Se pregunta retóricamente:  “¿Estamos haciendo esto por la nueva composición de la corte..? ¿Esta institución será capaz de sobrevivir a este olor pestilente que esta decisión cree en la percepción pública de que la Constitución y su interpretación son actos políticos?” Puede que la jueza tenga razón, es probable que luego de esta temible decisión, la Corte Suprema pierda su “supremacía” y percepción de objetividad y neutralidad ante la sociedad, y como consecuencia podría acarrear la desaparición de uno de los pilares de la democracia. Si la Corte falla a favor de Mississipi, esto no solo significará un retroceso en el tiempo, sino la clasificación de las mujeres como ciudadanas de segunda categoría. Otra muestra de la erosión que sufre la “ejemplar” democracia estadounidense. 

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