La semana que viene comienza el segundo juicio político en contra de Trump, en medio de fuertes disputas parlamentarias.

Desde su asunción Joe Biden firmó 42 órdenes ejecutivas, revirtiendo medidas tomadas por el gobierno anterior. Entre las órdenes ejecutivas se encuentran la revocación de la prohibición de la incorporación de las personas transgénero en las filas militares. La cancelación de la prohibición del uso de financiamiento para ONGs locales o extranjeras que promocionen y/o realicen abortos.

Además varios decretos ejecutivos buscan consolidar medidas para el cambio climático como centro de su política exterior y seguridad nacional. El restablecimiento del Consejo de Asesores para la Ciencia y Tecnología en la órbita del poder ejecutivo. Por otra parte, la promoción de políticas federales de equidad racial será una de las columnas vertebrales de sus acciones de gobierno. La eliminación de políticas discriminatorias en el área de vivienda, entre otras medidas.

Pero no todas las acciones de gobierno pueden ser tomadas a través de órdenes ejecutivas, sino que se necesita el poder legislativo sobretodo para evitar que el próximo presidente pueda borrar de un plumazo políticas públicas incorporadas durante este gobierno. Gracias a la segunda vuelta realizada a principios de enero en el estado de Georgia el senado cuenta con dos senadores Demócratas más, es decir que el partido demócrata tiene la mayoría en el Senado (51 senadores) y en Diputados (222).

Debido a esas mayorías parecería que toda medida impulsada por el gobierno se aprobaría sin mayores inconvenientes. Pero es importante entender que para que un proyecto de ley sea aprobado en el Senado se necesitan 60 votos y no 51, cabe aclarar que son 50 los republicanos y 51 los demócratas. Existe una regla, que no se encuentra en la constitución, y que rara vez era utilizada antes del gobierno de Obama y que sirvió para bloquear toda medida progresista que llegara para su discusión a la cámara alta: Filibuster (intervención parlamentaria con el objeto de impedir que un asunto se someta a votación).

Lo bueno es que se podría eliminar esta regla con el voto de la mayoría simple. Lo malo es que hay unos pocos senadores demócratas que no están dispuestos a eliminarla. En este contexto de tanta polarización no se puede contar con que las negociaciones legislativas entre ambos partidos den algún fruto, por lo que se impone la necesidad de anularla a toda costa. 

Luego de la partida de Trump de la Casa Blanca, el partido Republicano quedó divido en dos: una minoría apegada a ideales conservadores tradicionales y los Trumpistas dispuestos imponer su ideología sin importar las prácticas democráticas. Trump se comió al partido Republicano. En las filas de los republicanos Trumpistas observamos funcionarios con miedo de perder sus reelecciones, en distritos con gran cantidad de partidarios del ex presidente.

Entre ellos se ha colado una diputada de un distrito rojo en Georgia, Marjorie Taylor Green, que es abierta defensora de QAnon, una teoría conspirativa que sostiene que los demócratas son pedofilos pertenecientes a una red de trata de personas, que planean un complot contra Trump. Insisten en que que Trump ganó las elecciones y que los ‘mass shooting,’ ocurridos en las escuelas en los últimos tiempos, fueron puestas en escena. Por si esto fuera poco aseguran entre otras aberraciones que las torres gemelas no fueron derribadas por aviones.

El martes pasado hubo una reunión a puertas cerradas de diputados republicanos, en la que se discutió la remoción de esta diputada de la comisión de educación, además de la destitución de otra legisladora, Liz Cheney (hija del vicepresidente de Bush hijo). Cheney, es la tercera en la linea de poder en diputados y fue una de los diez legisladores republicanos que votaron a favor del segundo juicio político de Trump. Al final del encuentro reservado se decidió mantener a ambas en sus puestos.

Esto obligaría a los demócratas a comenzar un proceso burocrático de remoción de la diputada Greene de la comisión de educación, algo que querían que se resolviera en el ámbito partidario. Uno de los legisladores republicanos que votaron por el impeachment, Adam Kinzinger dijo en una declaración grabada: “Los republicanos debemos decir que esto ha sido suficiente. Es tiempo de desenchufar la máquina del escándalo, y rechazar la política personalista, de dejar a un lado las teorías conspirativas y la furia. Es tiempo de regresarnos del filo de la oscuridad y retornar a los ideales que han sido la luz que nos guía”.  

La semana que viene comienza el segundo juicio político en contra del ex presidente en medio de todas estas disputas parlamentarias. La defensa de Trump presentó un documento alegando la inconstitucionalidad del impeachment de un presidente que ya no está en el poder, ya que el juicio político tiene como objetivo remover del gobierno a un funcionario.

Además alegan que la primera enmienda de la Constitución demuestra que los dichos de Trump se encuentran en el ámbito de los derechos a la libre expresión. Mientras que los Demócratas presentarán los pruebas para demostrar el rol central de Trump, con su discurso incendiario, luego de las elecciones presidenciales. En ese último discurso, minutos antes del intento de golpe de estado, Trump dijo que había ganado las elecciones y llamó a sus seguidores a luchar como diablos (“fight like hell”), y agregó: “…porque si no luchan cómo diablos van a perder su país…”.

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