La organización social resiste la privatización de la Costanera
La Ciudad de Buenos Aires enfrenta dos amenazas de origen natural: las inundaciones y las olas de calor, por lo que es contraproducente “cementar y vender el borde costero”.
“Es una de las ciudades del mundo con menos superficie verde por habitantes”, asegura la ingeniera civil María Eva Koutsovitis, integrante de la Coordinadora “La Ciudad somos quienes la habitamos”. Integrada por asambleas, organizaciones sociales, cátedras universitarias, referentes sociales, ciudadanas/os autoconvocadas/os y colectivos varios, llevó adelante lo que la oposición partidaria no logró instalar como agenda política, en una Ciudad blindada mediáticamente y cuyo cuerpo legislativo está conformado con mayoría oficialista y aliados a Horacio Rodríguez Larreta.
De hecho, el ex candidato “opositor” a Jefe de Gobierno, Martín Lousteau, quien había denunciado que “Larreta todo lo que puede comprar, lo compra. Y todo lo que puede vender en términos inmobiliarios, lo vende”, hoy es un oficialista al Gobierno porteño más y pretende ser su sucesor. La oposición del Frente de Todos no pasa, salvo excepciones, de denuncias en los pocos medios que se animan a cuestionar al Jefe de Gobierno porteño. Pero de propuestas y de agenda política propias, poco y nada. La izquierda troskista, en general, suele sobreactuar, siendo funcional a la derecha local, desconociendo el perfil del ciudadano y la ciudadana medio. La ciudadanía porteña vota desde 2007 al Macrismo, y cada vez con mayor amplitud.
Martín Lousteau había denunciado que “Larreta todo lo que puede comprar, lo compra. Y todo lo que puede vender en términos inmobiliarios, lo vende.”
Así fue que la Coordinadora construyó políticamente, desde abajo y colectivamente, la resistencia a la privatización de la Costanera Norte en la zona del predio conocido a Costa Salguero. La misma ya fue votada afirmativamente en primera instancia -requiere dos votaciones-, y ahora se encentra en un período de aproximadamente tres meses de audiencias públicas “no vinculantes”, gracias a que más de 7 mil personas se anotaron para dar sus argumentos técnicos y emocionales en contra de la privatización, y a favor de un espacio público al aire libre.
El proceso privatizador
El cinco de diciembre de 2019 se aprobó la ley 6289 que estableció la venta de Costa Salguero. Hace 15 días la justicia declaró nula la venta en una acción de amparo por el Observatorio de la Ciudad, y está vigente. Además, la Autoridad Nacional de Aviación (ANAC) emitió un dictamen desfavorable de un emplazamiento inmobiliario en la zona de Costa Salguero; esto es, no aprueba emplazamientos inmobiliarios en la zona. Por otro lado, hace un mes la Legislatura aprobó en la primera lectura la norma urbanística que autoriza la capacidad constructiva: 12 edificios de 18 a 29 metros de altura cada uno. Pese a que desde 1993 todas las gestiones de la Ciudad habían prometido que, vencida la concesión de Costa Salguero, el espacio sería destinado a un gran parque público. Hoy quien sostiene esa propuesta es la Coordinadora.
La Coordinadora considera “la venta de Costa Salguero un contrasentido social, urbano y ambiental”, y plantea “democratizar todas las dimensiones urbanas desde una perspectiva ambiental y feminista”.
En la década del neoliberalismo Menemista, 1990, se habían privatizado grandes sectores de toda la Costanera Norte, Costa Salguero -por 30 años- y Punta Carrasco; en total, 32 hectáreas. Punta Carrasco había sido concesionada por 20 años en 1988, y Mauricio Macri como Jefe de Gobierno prolongó la concesión con sucesivos decretos. El pagó llegó a oscilar entre sólo $1.5 y los $5.
En 2018, se aprobó en la Creación de Distrito Joven en toda la Costanera para legalizar las concesiones y los permisos ilegales en terrenos a ser parques. Esta ley autoriza privatizar la Costanera por 10 años, el relleno en el Río de la Plata y crea cinco sectores, entre ellos, el de Costa Salguero.
Con todo, la Coordinadora considera “la venta de Costa Salguero un contrasentido social, urbano y ambiental”, y plantea “democratizar todas las dimensiones urbanas desde una perspectiva ambiental y feminista”.
La Ciudad de Buenos Aires enfrenta dos amenazas de origen natural: las inundaciones y las olas de calor, por lo que es contraproducente “cementar y vender el borde costero”. A lo que debe sumarse la locura de que las/os ciudadanos no puedan ver ni disfrutar del Río, como sucede en cualquier lugar del mundo que cuente con ese privilegio.
El proyecto de Juntos por el Cambio, no es exclusivo del PRO, genera una verdadera fractura urbana entre una Buenos Aires que mira al Río destinada al cinco por ciento más rico de la población, y otra ampliamente mayoritaria sin acceso a los servicios en igualdad de condiciones. Esto implica que esa mayoría destine millonarios recursos económicos en obras de infraestructura para garantizarle con el colector cloacal norte servicios a los “¿desarrollos?” inmobiliarios urbanísticos en las tierras públicas privatizadas. Los liberales en lo económico, y conservadores en lo político, quienes siempre argumentan en contra de los “subsidios del Estado” porque “los pagamos con la plata de todos”, nuevamente hacen negocios privados con la plata de todas y todos.
A la ciudadanía porteña le cabe también su cuota de responsabilidad cuando vota en contra de sus propios intereses por intereses aspiracionales de clase. La Coordinadora y más de 7 mil personas aún resisten…
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