Por Lorena Tapia Garzón

El Presidente envió al Congreso el proyecto oficial de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y habilitó el debate. Las claves del proyecto, los puntos que se cuestionan y la alegría de activistas y pioneras del pañuelo verde.

“Será ley”. Con esa frase, que en 2018 se convirtió en el gran slogan del movimiento de mujeres y de los feminismos en la Argentina, el presidente Alberto Fernández anunció el envío al Congreso del proyecto de ley del Ejecutivo de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y habilitó un debate que estuvo postergado todo el año por la pandemia del Coronavirus.
Con el acento puesto en que se trata de un tema de salud pública, el proyecto despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación, y es acompañado de otro proyecto llamado Plan de los 1000 días, que busca acompañar la maternidad en situación de vulnerabilidad hasta los primeros tres años de vida de los hijos e hijas.
“La legalización del aborto salva vidas de mujeres. No aumenta la cantidad de abortos ni los promueve. Sólo resuelve un problema que afecta a la salud pública”, dijo el Presidente, que lució una corbata verde durante el anuncio que hizo a través de un video en twitter el martes 17, cuando se celebraba el Día de la Militancia.
“Recibimos la noticia con mucha alegría, estábamos esperando el proyecto del Ejecutivo para que empiece el debate, porque ya existe un proyecto de la Campaña con estado parlamentario que presentamos el año pasado”, dice Agustina Vidales Agüero, integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito desde hace 10 años.

“La legalización del aborto salva vidas de mujeres. No aumenta la cantidad de abortos ni los promueve. Sólo resuelve un problema que afecta a la salud pública”, Alberto Fernández.

“Yo sentí que se cumplía una promesa. No soy muy de emocionarme por resultados parciales, creo que voy a terminar de emocionarme cuando sea Ley, porque ya tuvimos muchas experiencias que después nos separan el camino. Hicimos mucho para que Alberto Fernández cumpla con su palabra, aún en tiempos de pandemia, y logramos imponer que legalizar el aborto es un tema esencial de salud, tan importante como cualquier otro y que provoca muertes, sufrimientos, riesgos en los cuerpos de las mujeres, especialmente jóvenes y pobres”, opina Mabel Gabarra, abogada rosarina de 72 años, integrante de la Campaña desde sus inicios y una de las pioneras en la lucha por el Aborto Legal en el país. Sin embargo dice que tiene “esperanzas” de que esta vez sí se convierta en ser ley, pero recalca que, una vez aprobada, “la lucha sigue” para su efectiva aplicación.
Ambas, también, señalan algunas diferencias entre el texto del Ejecutivo y el que presentó la Campaña, una organización popular que se construyó en forma transversal en todos los territorios del país, que este año cumplió 15 años de historia y que instaló el pañuelo verde como símbolo de lucha en todo el mundo. Ese mismo pañuelo que desde 2018 se ven colgados en mochilas, bicicletas, balcones, ventanas, cuellos y puños en alto de miles y miles de mujeres de mujeres y pibas de todo el país.

“Recibimos la noticia con mucha alegría, estábamos esperando el proyecto del Ejecutivo para que empiece el debate”, Agustina Vidales Agüero, integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

En concreto, el proyecto que envió el Presidente establece la despenalización y legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación (salvo que mediare violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante), pero después de ese plazo penaliza a quien requiere un aborto y al profesional que lo realiza. El proyecto de la Campaña no establece ninguna penalización. “Eso nos preocupa porque la mujer es víctima de esa situación, y penalizar a la víctima no corresponde”, señala Gabarra.

Otro de los puntos con los que no coincide la Campaña es la “objeción de conciencia” que establece el proyecto del Ejecutivo. “Estamos en contra, porque lo único que hace es amparar a los antiderechos para no garantizar las interrupciones del embarazo a las personas que así lo requieran”, destaca Vidales Agüero.
La tercera diferencia son los plazos para garantizar la interrupción del embarazo desde el momento en que la persona gestante lo solicita. El proyecto oficial establece un plazo máximo de diez días corridos, mientras que el de la campaña lo reduce a cinco para evitar intentos de dilaciones, sobre todo en los casos que se aproximan a la fecha límite de las 14 semanas de gestación.
Por último, el proyecto de la Campaña incluye que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito sea incorporado a los contenidos curriculares del Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) para las escuelas, un punto que el presentado por el Gobierno nacional no contempla
“Más allá de eso, estamos muy contentas porque esto habilita el debate, estamos esperando la fecha de inicio para dar nuestros argumentos, porque ahí entran en discusión tanto el proyecto del Ejecutivo como el de la Campaña, y el proyecto de la diputada Araceli Ferreyra que también está presentado”, señala Vidales.
Y agrega: “Nuestro proyecto (el octavo que presentó la Campaña a lo largo de estos años) no está armado por unas pocas personas sino que tiene una base popular, feminista, de 15 años de lucha, de organización, de estudio, y de conocer la realidad sobre todo en los territorios, porque acompañamos a mujeres en todo el país, con el trabajo tanto de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, de militantes, de la red de docentes y de socorristas”.
“Estamos ansiosas y esperanzadas con el inicio de la discusión parlamentaria, donde todavía podemos tener alguna incidencia a nivel de diputados y diputadas verdes, y ver si se puede modificar en algo”, destaca Gabarra.
El proyecto del Ejecutivo comenzaría a ser analizado la semana que viene en Diputados por las comisiones de Mujeres y Diversidad, a cargo de Mónica Macha; de Legislación General, que preside Cecilia Moreau; de Salud, que encabeza Pablo Yedlin y de Legislación Penal, conducida por Carolina Gaillard, todas en manos del oficialismo. Y será analizado en paralelo al proyecto de la Campaña. Se estima, a su vez, que su aprobación en la Cámara baja esté para mediados de diciembre y se prevé una votación más ajustada en el Senado.

Una deuda de la democracia

“Desde la recuperación de la democracia murieron más de tres mil mujeres por esa causa”, dijo el Presidente al anunciar el envío del proyecto. Más precisamente, se registraron 3.105 muertes de mujeres por abortos clandestinos e inseguros entre 1983 y 2018, según datos del propio Ministerio de Salud.
“Desde hace más 30 años que tengo incorporada esta lucha por el acceso al aborto legal como un derecho inalienable, imprescriptible, como un derecho humano, además que es un problema de salud, es en esencia el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, a decidir sobre la salud reproductiva y sobre la sexualidad que no tenemos las mujeres, y es un elemento fundamental del patriarcado para someternos y dominarnos”, dice Gabarra, una revolucionaria que se unió a la lucha feminista al volver del exilio en el 84.

“Desde la recuperación de la democracia murieron más de tres mil mujeres por esa causa”, Alberto Fernández.

En el 88 fue una de las coordinadoras del primer taller sobre aborto que se realizó en el Encuentro Nacional de Mujeres de Mendoza, junto a otra pionera, Dora Coledevksy. “Lo que más me impresionó en este recorrido, desde la creación de la campaña en 2005, es la movilización masiva de las jóvenes que empezó en 2015 con el Ni Una Menos, y cómo creció la marea verde a partir de entonces. La participación de las jóvenes asegura que la lucha continúa. No hay vuelta atrás”.
Agustina Vidales Agüero también trae algunos recuerdos. “En esos primeros años en que empecé a integrar la campaña usábamos el pañuelo verde sólo en las acciones e intervenciones que realizábamos en la calle. Luego te lo tenías que sacar porque volvías sola a casa en el tren, en subte o en bondi. La emoción para nosotras desde 2018 hasta acá, es que caminas por la calle y ves pañuelos en todos lados. Entonces pudimos decir: los pañuelos no se sacan nunca más”.

Claves del proyecto oficial

• Se explicita que las mujeres y personas gestantes tendrán derecho a decidir la interrupción del embarazo hasta la semana 14 inclusive de la gestación, requerir y acceder a ella a través del sistema de salud, así como a la atención post aborto. Además del acceso a información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces.
• Fuera de este plazo, se contemplará sólo si estuviese en peligro la vida o salud de la de quien lo requiere, o si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante ante el personal de salud interviniente. En los casos de niñas menores de 13 años, la declaración jurada no será requerida.
• Se debe garantizar el acceso a la IVE en un plazo máximo de 10 días. Como así también el trato digno, sin violencia, la privacidad y la confidencialidad del paciente. Se le deberá proteger de injerencias de terceros, respetar su autonomía, la calidad en la atención pública y acceso a la información.
• Menores de 13 años: será mediante su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal.
• – Entre 13 y 16 años: Si no corriese riesgo su vida se les considera aptos y con madurez suficiente para decidir sobre la práctica.

• Objeción de conciencia: el profesional de la salud tiene derecho a mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión, pero deberá derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones.
• Sin embargo, no podrá negarse a la realización del proceso si existiere riesgo de vida o salud de la persona gestante, ni a dar atención post aborto. El incumplimiento dará lugar a sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda.
• – Estará incluida en el Plan Médico Obligatorio y será cubierta por el sector público de salud, las entidades de medicina prepaga y obras sociales, que deberán cubrir el proceso de forma integral junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

El aborto en números

• Cada año se producen 22 millones de abortos inseguros en el mundo. El 98% ocurren en países en vías de desarrollo, según datos de la OMS.
• En Argentina, se estima que se hacen entre 350.000 y 522.000 abortos inseguros por año.
• Casi todas las muertes por aborto inseguro ocurren en países donde el aborto está prohibido por la ley, según la OMS.
• En el mundo mueren cada año unas 47.000 mujeres por abortos inseguros.
• Se calcula que cinco millones de mujeres que han abortado de forma insegura padecen discapacidades temporales o permanentes, incluso infertilidad.
• La muerte por abortos inseguros es la primera causa individual de muerte materna en la Argentina desde 1980.
• Entre 2016 y 2018 se produjeron 704 muertes maternas en Argentina, de las cuales el 15, 3% sucedieron por complicaciones de abortos inseguros, según datos del Ministerio de Salud.
• Mueren por abortos inseguros aproximadamente 47 mujeres por año en el país.
• La prevalencia de los abortos inseguros es alta en los 82 países con las normas más restrictivas.
• En los 52 países que permiten el aborto, la tasa de abortos inseguros es de dos de cada 1000 mujeres en edad reproductiva.
• En Argentina, un estudio publicado por la Universidad de Lanús en el año 2018 que compara los costos monetarios totales en 2018 (privados o de bolsillo y para el sistema de salud) entre abortos legales y abortos clandestinos, revela que los abortos inseguros implicaron ese año un gasto total de $ 21.282.000, mientras que las prácticas seguras arrojaron menos de $ 4.000.000 en todos los procedimientos (medicamentos, aspiración manual endouterina o combinaciones entre ambos).
• Entre 2012 y la actualidad hubo al menos 73 casos de criminalización de mujeres por abortos u otros eventos obstétricos en el país, según una investigación del CELS, el Centro Universitario San Martín (CUSAM) y la Campaña por el Derecho al Aborto Legal. En los 26 abortos y los 47 eventos obstétricos relevados, la abrumadora mayoría de las mujeres pertenece a sectores sociales vulnerables, tienen menos de 30 años y muchas tienen uno o más hijos. En el 50% de los casos de aborto y en más del 75% de los eventos obstétricos estuvieron detenidas.