La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que declaró imprescriptibles las torturas realizadas por los militares durante la Guerra de Malvinas. Más impunidad para los militares torturadores.
Según afirma un comunicado del Comisión Provincial por la Memoria (CPM), “con el voto de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso presentado por la defensa de Jorge Ferrante y anuló el fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia, que había declarado la imprescriptibilidad de las torturas cometidas en las Islas Malvinas por tratarse de crímenes de lesa humanidad, y había confirmado al llamado a indagatoria de Ferrante”.
Según el mismo comunicado, “en disidencia, la jueza Ana María Figueroa destacó la obligación del Estado, frente al derecho internacional de investigar estos delitos como de lesa humanidad, o graves violaciones a los derechos humanos”.
Hay tres militares procesados y se están realizando otras indagatorias, la CPM acompañará el recurso del Centro de ex combatiente de Islas Malvinas (CECIM) La Plata ante la Corte Suprema de Justicia.
El comunicado continúa ejemplificando uno de los casos: se trata de
Jorge Ferrante, acusado de estaquear entre 12 a 18 horas al soldado Julio César Más, quien fue liberado por un compañero cuando comenzó un bombardeo británico. En 2018, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia declaró que las torturas cometidas en las Islas Malvinas eran crímenes de lesa humanidad y confirmó el llamado a indagatoria de 26 militares; Ferrante era uno de ellos.
En consonancia con la defensa militar, la sala de Casación sostuvo la extinción de la acción penal por prescripción y cosa juzgada.
En ese sentido, el voto en disidencia de la jueza Figueroa sostiene la necesidad de no interponer institutos como prescripción y cosa juzgada a los procesos en que se investigan la comisión de delitos de lesa humanidad.
En ese sentido, Figueroa agregó que lo fundamental es ” el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad, por lo que se impone su investigación para que estos hechos no queden impunes”.
Los jueces sostienen que su decisión “no implica abrir juicio sobre la cuestión de fondo”, es decir si las torturas sufridas por los soldados argentinos en las Islas Malvinas son delitos de lesa humanidad; en los hechos, sus votos anulan la decisión de la Cámara de Comodoro Rivadavia que así los definió.
Para el (CECIM) y la (CPM), querellantes en la causa, la decisión de los jueces es arbitraria.
“La decisión de la Casación es contraria al derecho internacional y vulnera gravemente el derecho a la verdad y la justicia que les asiste a las víctimas de estos crímenes atroces”, aseguran desde los organismos. Las víctimas esperan una reparación por parte del Estado desde hace 40 años. Esta causa comenzó 14 años atrás y en ese transcurso tuvieron que sobrellevar dilaciones y demoras injustificadas por parte de la justicia.
En ese marco, este fallo de Casación sólo puede interpretarse como uno hecho a la medida de la impunidad que buscan los torturadores de Malvinas.
En la causa hay 95 militares imputados, y más de 120 víctimas de distintas unidades militares que participaron en el conflicto. Según el expediente judicial, los imputados impusieron tormentos para “castigar de manera cruenta y desmedida las presuntas infracciones disciplinarias”.
Entre las torturas citadas, se habla de estaqueos y enterramientos bajo temperaturas extremas y suelo congelado durante varias horas; amenazas con arma de fuego; sumersión de la cabeza en agua helada y deliberada falta de alimentación.
Tras este nuevo revés judicial, que aumenta la impunidad de los militares torturadores durante la Guerra de Malvinas, el CECIM La Plata y la CPM acudirán a la Corte Suprema de Justicia de Nación para rebatir el fallo de Casación.
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