El oficialismo reafirma su poder ante una oposición cada vez más fragmentada.
El 6 de diciembre habrá elecciones legislativas en Venezuela, “con o sin pandemia”, dijo el presidente Nicolás Maduro. En plena campaña, Henrique Capriles (partido Primero Justicia) se muestra como la figura opositora “dialoguista”, mientras que Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), llamó a boicotear el proceso electoral.
La estrategia de Guaidó no logra sumar respaldos en Venezuela. María Corina Machado, una histórica disidente, rechazó la propuesta del diputado de la AN. La fundadora de Vente Venezuela tampoco acompaña a Capriles, a quien acusó de pactar con el “régimen”.
Guaidó mantiene hasta el momento el visto bueno de Washington en el intento de hacer todo lo posible para que Maduro no continúe su mandato. Habrá que ver lo que suceda después de las elecciones en Estados Unidos, que serán el 3 de noviembre.
La grieta opositora se acentuó cuando el gobierno de Maduro ordenó la liberación de 110 presos políticos en la última semana. Guaidó denunció que hubo un acuerdo entre Miraflores y el sector de Capriles con mediación de Turquía, para llevar adelante las liberaciones. Capriles dijo que él se sentaría a negociar con “chinos, con rusos, con europeos, con todo el que sea necesario para sacar a los venezolanos de esta crisis”.
Desde el Gobierno, dijeron que el indulto persigue la reconciliación nacional. La jugada de Miraflores también es leída por algunos analistas como un gesto hacia la recomposición de las relaciones internacionales, especialmente con la Unión Europea y la ONU. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, valoró el indulto y dijo que se trató de un paso significativo para Venezuela.
El plan de Guaidó para boicotear las elecciones consiste en otro intento por recomponer su liderazgo, tras el fracaso como presidente autoproclamado. Defiende el boicot porque considera que las legislativas no contarán con las mínimas garantías de que no habrá fraude.
La estrategia, también conocida como “golpe blando”, consiste en anunciar de antemano que el proceso electoral será fraudulento, y que por tal motivo no se reconocerán los resultados. Similares procesos se vivieron en América Latina en los últimos años. El más reciente es Bolivia. Una estrategia peligrosa que invalida los procesos democráticos en la región.
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