El ex agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y actual fiscal general de Mar del Plata, Fernández Garello, será juzgado por secuestro y torturas de tres militantes comunistas en 1981. Además, en la misma causa están imputados siete agentes de inteligencia.  

Fernández Garello debería ser apartado inmediatamente de su cargo como funcionario público de la democracia, y debe avanzarse sin demoras en el juicio político.  

La causa que se tramita en el Juzgado Federal N 2 de San Martín, conlleva una gravedad por los delitos y la instancia procesal alcanzada, que no admite más margen político ni jurídico. Para la Comisión Provincial por la Memoria, Fernández Garello debería ser apartado inmediatamente de su cargo como funcionario público de la democracia y debe avanzarse sin demoras en el juicio político.  
La elevación a juicio oral y publico había sido solicitado de manera conjunta por el Ministerio Público Fiscal, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y las secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia en marzo pasado. Ahora sólo resta que se sortee el tribunal para la realización del juicio.
Los ex agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), Fabián Fernández Garello, Hugo Tresguerras y Daniel Ríos; los miembros de la Brigada de investigaciones de Caseros, Guillermo Orstein, Ricardo Coronel y Hugo Cammarota; y el entonces Jefe del destacamento de inteligencia 201 del Ejército Jorge Apa, serán juzgados por su participación en el secuestro y torturas de tres militantes comunistas el 23 de julio de 1981.

Los hechos imputados constituyen delitos de lesa humanidad que se perpetraron en el marco del terrorismo de Estado.

En su decisión, la jueza Alicia Vence destacó el valor de la prueba del expediente y reafirmó que los hechos imputados constituyen delitos de lesa humanidad que se perpetraron en el marco del terrorismo de Estado. De acuerdo a las pruebas que existen en el expediente, para la titular del juzgado se encuentra acreditada, con el grado de certeza requerido en esta instancia procesal, la responsabilidad de los siete imputados en el secuestro y tortura de los militantes comunistas Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Duarte y José Seitor.
La planificación del procedimiento se originó a partir de una reunión convocada por el jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, Jorge Apa, donde se conformó una “comisión conjunta” con personal “idóneo” de la DIPPBA San Martín, de la Brigada de Investigaciones III de Caseros y personal militar de Campo de Mayo. Los grupos de tareas conjunta secuestraron a las víctimas en sus domicilios y las trasladaron luego a la Brigada de Investigaciones de Caseros, que funcionaba como centro clandestino de detención.
“El legajo DIPPBA 18.024 “Detención de Jorge Oscar Bulacios en Villa Lynch San Martín integrante del Partido Comunista de Argentina (P.C.A.) y secuestro de material bibliográfico”, describe, entre otros hechos, los interrogatorios a las víctimas ordenados por las autoridades militares, a los fines de recabar información acerca de integrantes del Partido Comunista. Según la resolución del Juzgado, esto es una prueba incontrastable del accionar represivo.

Sólo entre 1978 y 1982, Garello participó en, al menos, 17 actos de inteligencia, en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado.

El actual fiscal general de Mar del Plata fue denunciado en 2016 por la CPM y una decena de organismos de derechos humanos. En ese momento, presentó ante la justicia documentos de inteligencia del archivo de la DIPPBA que demostraban su participación en este hecho, que llega a juicio y otras acciones de la represión ilegal.
Desde el año pasado, un pedido de juicio político está pendiente de resolución; dos audiencias fracasaron por falta de quórum, el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires debía haberse vuelto a reunirse para decidir si abre un jury contra el fiscal, pero aún no lo ha hecho. 

En estos años, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, también intervino a favor del fiscal de Mar del Plata para garantizarle impunidad

En estos años, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, también intervino a favor del fiscal de Mar del Plata para garantizarle impunidad: en 2018 decidió archivar el trámite disciplinario contra el funcionario que había sido impulsado por la CPM. 
A partir de la elevación a juicio por crímenes de lesa humanidad, la CPM reiteró a la Corte provincial y al Procurador General su pedido de apartamiento del cargo de Fernández Garello y la continuidad de su juicio político. Para la CPM a esta altura procesal ya no hay más margen para la protección política del fiscal, su permanencia en el cargo es una grave afrenta a la democracia.