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Se acaba el veranito chileno

El clima de ebullición persiste en las calles de Santiago. En marzo arranca el año y ya está programada una multitudinaria manifestación por el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). Luego, la presencia de los chilenos/as en las calles irá aumentando en la víspera del referendo por la reforma constitucional, previsto para el 26 de abril. Según la consultora Cadem, un 70 por ciento de los encuestados dijo que votaría afirmativamente por la reforma. Sobre el alcance de los cambios, el 54 por ciento dice que hay que redactar una nueva Carta Magna, un 25 por ciento hacer cambios tomando la base del actual texto, y un 19 por ciento elige conservarla. La anulación de la Constitución, establecida durante la dictadura de Augusto Pinochet, surgió como una de las principales demandas de los manifestantes en octubre pasado, ya que aseguran, es la principal fuente de las grandes desigualdades del país. El texto le concede al Estado un rol secundario en la vida de los chilenos/as. Para la oposición, esta consulta será un intento de Sebastián Piñera de mejorar su imagen que ya se ubica entre las más bajas de los últimos años de Chile en democracia. Sólo un 10 por ciento de la población respalda a Piñera cuyo mandato llega recién a la mitad, en este 2020. 

Pese al receso de verano, la represión no se tomó vacaciones en Chile. Todos los viernes hay concentraciones en la llamada “Plaza de la Dignidad”, bautizada así con este nombre la Plaza Italia, sigue siendo el epicentro de las manifestaciones en la capital chilena. En este sentido, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile le pidió a Carabineros que aclare el uso de presuntos químicos como medida antidisturbios en un carro hidrante que provocó quemaduras e irritaciones a los manifestantes durante las últimas protestas de enero. 

Para contener lo que posiblemente se desate en los próximos meses, el Senado aprobó la Ley Antisaqueos. Este delito será castigado con una pena que rondará entre los 541 días hasta 5 años de prisión. El objetivo del gobierno es limitar al máximo la protesta social. También será considerado delito la instalación de barricadas y la obstrucción del tránsito. 

Las protestas en Chile fueron reprimidas y este punto es el más cuestionado no sólo por la sociedad local sino también por los líderes mundiales que miran muy cerca la crisis desatada en 2019. El único respaldo público fuera de las fronteras andinas que recibió Piñera fue el del titular de la OEA Luis Almagro quien felicitó al mandatario chileno y celebró la forma en que Piñera condujo “con eficiencia” la represión a las manifestaciones sociales. 

Desde que se iniciaron las protestas, más de 23.000 personas fueron detenidas, aunque la mayoría fueron puestas posteriormente en libertad. Son alarmantes también las denuncias de persecución, conocidas como “funas”, focalizadas en una persona en particular, tanto en la calle como en las redes sociales, igual de graves son las denuncias por torturas a detenidos. En Chile se violan los derechos humanos, confirmó la ONU en un informe especial. Desde octubre que comenzaron las movilizaciones por el aumento del transporte se registraron 30 muertos, miles de heridos, casi 400 con daños oculares y dos personas quedaron ciegas. 

Si en abril gana el “sí” a la reforma constitucional, se deberá conformar una asamblea elegida popularmente para la redacción de la nueva Carta Magna. La elección de los miembros se realizaría en octubre, coincidiendo con los comicios regionales y municipales, que además terminarán midiendo el impacto de este proceso en la imagen de Piñera. Finalmente, la nueva Constitución se ratificará en otro plebiscito con sufragio universal y voto obligatorio. Una de las principales demandas ciudadanas podría llegar a concretarse a finales de este año. El sueño de una sociedad más igualitaria en Chile podría estar más cerca.