El Gobierno presentó una queja ante la Organización de las Naciones Unidas, (ONU) por el informe de “inusual dureza” del Relator Especial, que condenó la intromisión en el poder judicial durante la gestión de Mauricio Macri.
Con una serie de twitter, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, confirmó el envío de la respuesta al pedido de informe del relator especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, quien había reclamado explicaciones al Estado argentino sobre posibles hechos de violaciones a la independencia del Poder Judicial.
El gobierno de Mauricio Macri, quien llegó a la presidencia procesado por escuchas ilegales, se retira investigado por espionaje y escuchas a opositores, fiscales y jueces, además de denunciado por armado de causas judiciales. En ese sentido, el relator de la ONU, García-Sayán, había considerado “fiables” las denuncias sobre un presunto “plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial” de parte del Gobierno de Macri, a partir de la denuncia presentada por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, AJUS (Abogados por la Justicia Social) e Iniciativa Justicia.
“Resultan preocupantes (…) referirse en esos términos, de inusual dureza, a los actos de un gobierno democrático, (…) plenamente respetuoso de los principios republicanos”. Avruj
El Gobierno eligió responder cuestionando al relator: “El Sr. Representante Especial ha violado diversas reglas del Código de Conducta y del Manual de Operaciones que regulan su mandato. Remarca “la preocupación por el accionar del relator especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados”. Avruj desacreditó el informe por “lo inusual de la dureza en el contenido de su pedido de informes”. Inclusive habló de la “escasa amplitud en recabar información” de Sayán, la supuesta “extemporalidad de la presentación” y “el incumplimiento al principio de confidencialidad”. “Resultan preocupantes, y ajeno a cualquier verificación empírica, referirse en esos términos, de inusual dureza, a los actos de un gobierno democrático, que ha sido en su accionar, plenamente respetuoso de los principios republicanos y de la separación de los poderes estatales”, completa Avruj.
Consultado por Agenda Sur, el fiscal federal Federico Delgado, aseguró que “el informe refleja bastante bien a nuestra vida pública. En primer lugar, porque fue emitido por una persona que es prestigiosa y bajo el paraguas de la ONU. Por lo tanto, producido por fuera de los intereses más egoístas locales. De ese modo, creo que el texto, en su “espíritu”, nos brinda una chance de utilizarlo como punto de partida teórico para trabajar en serio la cuestión judicial”. Delgado tiene esperanzas que, en un nuevo contexto político, haya “una atmósfera que esté más predispuesta a reflexionar sobre este tipo de problemas. Ojalá la política tome la posta. No solo el nuevo gobierno, sino la dirigencia en su conjunto”.
En el mismo sentido, para uno de los denunciantes, el abogado Maximiliano Rusconi, “el informe es lapidario; muy duro. Naciones Unidas es un organismo muy medido, sometido a las reglas protocolares de la diplomacia. Pero en este caso pareciera no haber reparado en esas normas, y es contundente”.
Por su parte, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez coincidió en señalar el prestigio del Relator: “Fue, entre otras cosas, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando un Relator analiza un pedido de informe de estas características, es porque tiene acreditada cierta verosimilitud de los hechos denunciados, indicios de que podría haberse violado la independencia judicial”.
