A poco más de un año de su asunción, Iván Duque atraviesa el momento más crítico. Colombia vive grandes retrocesos en materia de derechos humanos y a esta delicada situación se suma el descontento social contra un paquete de medidas impopulares que el gobierno intenta implementar.

Los comienzos de Duque no fueron para nada alentadores en relación a la continuidad del proceso de paz iniciado por su antecesor Juan Manuel Santos. El llamado “delfín” del expresidente Álvaro Uribe, frenó el acuerdo alcanzado con las Farc en la Habana y descartó la posibilidad de seguir en el mismo camino con el ELN. La estrategia de Duque llevó a la ruptura del acuerdo que se materializó con el anuncio de Iván Márquez y Jesús Santrich de volver a la lucha armada en una eventual alianza con el ELN. 

La situación en la región del Cauca se tornó incontrolable, aumentaron los asesinatos a dirigentes sociales, políticos y líderes indígenas. Colombia padece la intensificación de la violencia por parte de grupos paramilitares y la expansión de carteles mexicanos en producción de coca. 

En agosto pasado una incursión militar en Maquetá contra la disidencia de las Farc acabó con la vida de más de 20 personas entre ellos, niños, niñas y adolescentes que se encontraban en el campamento de la guerrilla. El gobierno de Duque celebró esta operación, anunciando la muerte de un jefe guerrillero, Rogelio Bolívar Córdoba y 13 de sus seguidores pero omitió que en el lugar también se encontraban menores de edad.

Por este hecho y acorralado por otras denuncias, el pasado miércoles renunció el ministro de defensa Guillermo Botero, responsable de la operación. Botero ya estaba en la mira tras la ejecución extrajudicial de Dimar Torres, un desmovilizado de las FARC cuya muerte llevó a los legisladores a proponer el primer intento de destitución del funcionario.

La convocatoria a un paro nacional que finalmente se concretó el jueves pasado, surgió a raíz de la intención que tiene el gobierno de implementar una serie de medidas entre ellas, una reforma laboral y la privatización del sistema de pensiones. En este reclamo confluyeron sindicatos, movimientos sociales, estudiantes, campesinos, mujeres, indígenas, afrodescendientes y otros opositores al gobierno. Como pocas veces se había visto antes, la multitudinaria manifestación que tuvo como epicentro Bogotá, se extendió por todo el país y fue duramente reprimida, en el contexto de un territorio totalmente militarizado, con toque de queda y sus fronteras cerradas. Cada uno desde su sector también reclamó más presupuesto en el caso de los educadores y desde las organizaciones indígenas exigieron protección tras el asesinato de más de medio centenar de sus representantes en lo que va del año. De acuerdo a información oficial, las protestas dejaron al menos 3 manifestantes fallecidos y más de 270 heridos.

El relato del gobierno señala a Venezuela como responsable de una oleada desestabilizadora en la región (Chile y Ecuador serían los otros blancos de Caracas). Aunque el tono de este discurso fue bajando y Duque tuvo que rearmar su estrategia, iniciando una ronda de diálogo con los recientes gobernadores y alcaldes electos que comenzarán su mandato el próximo año.