En junio de 2009 un golpe de estado derrocó y secuestró al presidente de Honduras Manuel Zelaya. Los motivos apuntaban a la “Revolución Bolivariana”, EE.UU. temía que se extendiera por toda la región. Diez años después el blanco fue Bolivia. Un país que nacionalizó los recursos, protegió la mayor reserva de litio del mundo y colocó a su economía entre las que más crecieron en los últimos años. 

El golpe cívico – militar en Bolivia, se dio en un marco político diferente al de Honduras ante un avance de los gobiernos de derecha que hoy encuentran resistencia en las calles como se ve en Chile. Después de Zelaya, continuaron otros formatos de golpe, los llamados “blandos” vía juicio político, como sucedió en Paraguay y más tarde en Brasil. Pero la interrupción institucional en Bolivia fue ensayada una y otra vez desde 2005 año en el que Morales asumió la presidencia. El intento de golpe más violento, fue en septiembre de 2008. Por entonces el mandatario ordenó la salida del país al embajador de EE.UU. Philip Goldberg. En este caso también se investigó la participación de agencias de la CIA, como la NED y  la USAID (conocidas como patas sociales) que financiaron fundaciones locales y trabajaron en conjunto para la formación de nuevos dirigentes de la oposición. Morales defendió durante todo su gobierno una política soberana que lo enfrentó a los intereses injerencistas de Washington en la región. También se enfrentó a la DEA denunciada por crímenes en nombre de la supuesta lucha contra el narcotráfico y a la CIA, infiltrada en la recuperada Yacimientos Petrolíferos Bolivianos de acuerdo a investigaciones oficiales. Ambas fueron expulsadas de Bolivia. 

El golpe contra Evo comenzó mucho antes de las elecciones generales del 20 de octubre. Anticipadamente la oposición liberada por el candidato a presidente de Comunidad Ciudadana Carlos Mesa denunció fraude y advirtió que no reconocería un triunfo del MAS. En esta misma línea jugó el titular del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pidiendo la renuncia de Morales. El accionar de la oposición también contó con el respaldo de la OEA que finalmente concluyó sin evidencias y sólo basándose en el escrutinio provisorio “no oficial” que el proceso electoral registró irregularidades. Un reciente informe del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) con base en Washington asegura que la misión del organismo no proporcionó documentación que explique con claridad cuáles fueron los errores en el conteo rápido.

Pese al llamado de Morales a nuevas elecciones para despejar todo tipo de sospechas, la oposición siguió insistiendo con la renuncia del mandatario y la situación en las calles se volvió insostenible. La Policía se amotinó y junto con las Fuerzas Armadas sumaron su apoyo a la oposición. 

Hoy hablamos de masacre, persecución racial, de autoridades autoproclamadas y de la cooptación total de los medios de comunicación. Hoy hablamos nuevamente de dictadura en América Latina. Las alarmas permanecen encendidas.