El estallido social provocado por el decreto que quitaba el subsidio al combustible hizo que Lenín Moreno diera marcha atrás con la medida y cediera al reclamo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), una poderosa organización indígena que lideró las protestas de los últimos días en Ecuador. La medida del ejecutivo respondió a un paquete de exigencias del FMI a cambio de un préstamo por más de 4.200 millones de dólares. El polémico decreto 383 fue derogado y ahora una comisión integrada por representantes del gobierno y comunidades indígenas, elabora un nuevo proyecto.
La decisión de Moreno frenó la situación de caos que vivió hasta el domingo pasado el país andino. Estado de excepción, toque de queda, 1192 detenidos, 8 manifestantes muertos y más de 1300 heridos, según reportes de la Defensoría del Pueblo, dejaron las protestas en rechazo al denominado “paquetazo económico”.
Moreno desactivó una protesta que no sólo tuvo su origen en el anuncio de la quita del aporte estatal a las naftas sino que también fue la expresión de un enojo social generalizado por un plan de reformas acordadas en marzo pasado con el FMI. El ajuste también contempla leyes tributarias y laborales que deberán ser discutidas en la Asamblea Nacional.
Moreno también ordenó la remoción de la cúpula militar tras las denuncias por represión, aunque no especificó los motivos de la medida. La Defensoría del Pueblo denunció que entre el 3 y el 6 de octubre con el Estado de Excepción vigente, Ecuador experimentó el “contexto de represión” de “mayor intensidad” en los últimos años. Desde Amnistía Internacional hicieron un llamado a la OEA para que investigue qué sucedió durante las manifestaciones.
Las comunidades indígenas pidieron la renuncia de los ministros de Defensa, Oswaldo Jarrín; y de Gobierno, María Paula Romo, por incrementar la violencia durante los días de paro. En el inicio del conflicto, Moreno acusó al presidente de Venezuela Nicolás Maduro y al exmandatario ecuatoriano Rafael Correa de estar detrás de un intento de golpe con la ayuda de sus aliados locales. En este contexto, la justicia ordenó la detención de 13 dirigentes opositores, entre ellos, Paola Pabón, prefecta de Pichincha y Alexandra Arce, exalcaldesa de la ciudad de Durán, ambas del partido “correísta” Revolución Ciudadana. La fiscalía formuló cargos por el “delito de rebelión”, “paralización de servicios públicos” y “financiamiento de grupos violentos”. En tanto, México informó que su Embajada en Quito está brindando “protección y resguardo” a otros seis dirigentes ligados al expresidente Correa, que se suman a la asambleísta Gabriela Rivadeneira, quien accedió al establecimiento diplomático el 12 de octubre. Por su parte, en un pronunciamiento público, la Convergencia de Comunicadores y Medios Independientes de Ecuador, denunció censura y alertaron sobre intentos de intimidación y allanamientos en instalaciones donde trabajan a diario.
En sus dos años y medio de gobierno, Moreno enfrenta si duda su peor momento político. El conflicto social no finalizó, aún queda por resolver de qué manera Ecuador cumplirá con las metas fiscales acordadas con el FMI. El vocero del organismo Gerry Rice ratificó el apoyo al gobierno ecuatoriano y dijo que continuarán trabajando de manera cercana con las autoridades del país.
Moreno tbol steroid regresó a Quito desde Guayaquil donde había trasladado la sede gubernamental por las protestas. En un improvisado acto, salió al balcón del Palacio Carondelet junto a su esposa y funcionarios, entre ellos Jarrín y Romo, dos de sus ministros más cuestionados y saludó a los ciudadanos que se concentraron en la Plaza Grande.
En los próximos días seguirán las reuniones con diversos sectores para tratar las reformas económicas que aún quedan en la agenda. Los movimientos indígenas representados en la CONAIE anticiparon que no se quedarán de brazos cruzados hasta tanto no se haga justicia por los fallecidos en las protestas, víctimas según denuncian de la “violencia estatal”.
