El conflicto armado, la injerencia de Estados Unidos, el Acuerdo de Paz, la llegada de Duque al poder y el asesinato de líderes sociales marcan el pasado y presente de un país con movimientos sociales que luchan incansablemente por una paz definitiva. 

Una historia de tragedia, amor y violencia, de avances y retrocesos, de injusticias y de incansable militancia por la paz recorre las grandes ciudades y también las calles de tierra que tantas veces describió García Márquez.

Desde que en 1948 fue asesinado el líder popular Jorge Eliécer Gaitán (crimen que generó el gran levantamiento popular conocido como el “Bogotazo”) la disputa política en Colombia pasó al plano de las armas y la violencia.

En 1964 comenzó el conflicto armado más largo de la historia de América Latina. Allí surgieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento 19 de abril (M-19).

Durante décadas Colombia vio crecer corrupción política y desigualdad. Vio nacer y consolidarse a las organizaciones criminales del narcotráfico, los grupos paramilitares y el sicariato. Se transformó en un aliado fundamental de Estados Unidos en la región y, también, en uno de sus principales proveedores de droga. 

En la década de 1980 se realizó un proceso de paz que derivó en que muchos miembros de la guerrilla dejaran las armas y se sumaran a la vida política. En aquel momento, los exguerrilleros crearon el partido Unión Patriótica (UP) y en las elecciones de 1986 obtuvieron 14 cargos en el Parlamento, 17 para diputados provinciales y 135 para concejales.

La respuesta de la derecha y sus grupos paramilitares fue sangrienta. En corto tiempo, más de 5 mil miembros de la UP fueron asesinados, entre ellos dos candidatos a presidente: Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo. Una verdadera masacre en la que el Estado colombiano, por acción u omisión, tuvo la principal responsabilidad.

En 1999, durante los gobiernos de Andrés Pastrana (Colombia) y Bill Clinton (Estados Unidos), Washington pone en marcha el Plan Colombia. El país sudamericano se colmó de bases militares bajo control estadounidense. La violencia no paró de crecer.

En 2002 llegó a la presidencia Álvaro Uribe Vélez (2002-2006/2006-2010), quien se transformó en uno de los referentes de la violencia de la ultraderecha colombiana. En el marco de su gobierno y con Juan Manuel Santos en el ministerio de Defensa, se inventó el concepto de falsos-positivos: El Ejército colombiano comenzó una campaña de secuestro y asesinato de civiles (la mayoría de ellos campesinos) a quienes luego disfrazaba de guerrilleros muertos en combate. La intención era mostrar efectividad en la lucha contra la guerrilla.

A los cientos de miles de muertos y secuestrados, se suman los desplazados internos a causa de la violencia. Según un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 7,7 millones de personas debieron dejar sus hogares de manera forzada. Lo que convirtió a Colombia en el país con mayor cantidad de desplazados internos a causa de la violencia. A lo que se agregan los millones de colombianos que debieron salir del país para proteger sus vidas o por la apremiante situación económica que vive gran parte de su sociedad.

Luego de un largo proceso de negociaciones, en 2016 se firmó, en La Habana (Cuba) el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014/2014-2018) y la guerrilla de las FARC-EP. Tras la firma del acuerdo, Santos obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Poco tiempo después Colombia se sumó como socio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La implementación del Acuerdo de Paz hizo que la exguerrilla se desmovilizara, entregara las armas y se transformara en partido político, que pasó a llamarse Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

El gobierno incumplió gran parte de lo firmado. Desde la firma del Acuerdo de Paz se ha asesinado a un dirigente social cada tres días. Lo que lleva la cifra de muertos a centenares. Entre las víctimas se encuentran líderes populares, defensores de derechos humanos y, en especial, líderes campesinos. 

La llegada al gobierno de Iván Duque (2018), un alfil de Álvaro Uribe, fue un duro golpe para todo el proceso de paz y marcó claramente un retroceso. El nuevo gobierno rompió el diálogo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nación (ELN), e intentó boicotear la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Desde la firma del acuerdo de Paz (2016) fueron asesinados más de 500 líderes sociales y, en solo nueve meses de la presidencia de Duque la cifra llega a 170 (un líder social asesinado cada 36 horas). 

Tras los acuerdos de paz, la FARC-EP abandonaron un amplio territorio que controlaban como un Estado paralelo. Ese territorio ahora intenta ser apropiado por grandes terratenientes (y los mercenarios a su servicio), grupos paramilitares y narcotraficantes. En ese marco queda evidenciado porqué la mayoría de los líderes y liderezas asesinados son campesinos, defensores de la tierra, militantes por los derechos humanos y referentes que fueron sumamente activos en la lucha por el proceso de paz.

Mientras tanto, el gobierno se niega a reconocer que haya sistematicidad detrás de estos crímenes y para ello intenta ensuciar la imagen de las víctimas (voceros oficiales suelen asegurar que los crímenes son por “conflictos de polleras” o “ajustes de cuentas entre grupos del narcotráfico). 

A todo ello se suma que la Fiscalía General arrestó ilegalmente, con la intención de extraditarlo a Estados Unidos, a uno de los principales jefes de las FARC, Jesús Santrich, aunque luego, tras la presión de las organizaciones sociales debió ser liberado, y que recientemente un periodista de The New York Times, Nicholas Casey, denunció que el gobierno colombiano promueve, nuevamente, que las Fuerzas Armadas realicen ejecuciones extrajudiciales.

A pesar de este terrible panorama, los movimientos sociales, los partidos de izquierda y defensores de derechos humanos no bajan los brazos y siguen en la lucha para construir una paz definitiva para todos los colombianos y las colombianas.