La contienda entre el ejecutivo y el poder legislativo sume a Perú en una grave crisis política. El presidente Martín Vizcarra marcó la hora final del conflicto tras anunciar la disolución del Parlamento y convocar a elecciones legislativas para el 26 de enero. El mandatario apeló a sus atribuciones constitucionales que le permiten tomar esta medida luego de que el Congreso le negara dos veces el “voto de confianza”. 

La Cámara bloqueó la aprobación de un proyecto impulsado por Vizcarra, que buscaba modificar el método de elección de los jueces del Tribunal Constitucional, la principal instancia jurídica del país. El oficialismo adjudicó la maniobra a la intención del “fujimorismo” de elegir magistrados a su medida para favorecer a su jefa Keiko Fujimori, quien se encuentra en prisión preventiva, acusada de corrupción. El partido fujimorista Fuerza Popular, los “apristas” y sus aliados de ultraderecha, tienen mayoría parlamentaria y el actual proceso de selección de jueces establece que son los legisladores quienes deben elegir a los integrantes del tribunal. 

La oposición calificó de ilegal la clausura del parlamento y designó como mandataria interina a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien horas más tarde presentó su renuncia, argumentado que en Perú se rompió el orden constitucional y que la única salida posible, es la convocatoria a comicios generales. 

Por otra parte, una minoría legislativa, formada por la bancada oficialista, la izquierda y una derecha liberal, apoyó la decisión de Vizcarra. También la población acompañó el cierre del Congreso, saliendo masivamente a las calles en al menos 15 ciudades del país.

La crisis es el reflejo de una abierta confrontación entre el gobierno y el parlamento que data de las elecciones generales de 2016, cuando el fujimorismo logró la mayoría de las bancas.

La debacle institucional está atravesada por los escándalos de corrupción no sólo ligados al fujimorismo sino también al partido gobernante. En 2018, el caso Odebrecht le costó el cargo al presidente Pedro Pablo Kuczynski y llevó a la asunción de Vizcarra, por entonces, su vicepresidente. En una suerte de campaña para limpiar la imagen del partido, Vizcarra promovió una serie de reformas para combatir la corrupción, las cuales lo enfrentaron con el Congreso. 

Internamente, Vizcarra también recibió el apoyo de las tres fuerzas armadas y la policía nacional. Desde el exterior, la primera reacción fue la de la OEA. El organismo multilateral respaldó el llamado a elecciones al tiempo que aguarda una pronunciación del Tribunal Constitucional sobre la legalidad de las decisiones institucionales adoptadas.

La incertidumbre domina por estas horas al país andino. En principio el conflicto podría ser resuelto por el Tribunal Constitucional aunque sería una posición extraña porque es parte central del problema. 

Enero parece lejano pero hasta el momento, es el único atisbo de solución que asoma en el horizonte para descomprimir la crisis. Mientras tanto, todos se preguntan ¿quién gobierna en Perú?