Más chats siguen revelando los manejos del ex juez Sergio Moro en la causa Lava Jato. Según evidencian las nuevas conversaciones, publicadas este fin de semana por Folha, Moro presionó al Supremo para seguir a cargo de la investigación contra el expresidente Lula da Silva. Los diálogos indican que tanto Moro como los fiscales temían que el entonces magistrado del Máximo Tribunal, Teori Zavascki, muerto en un accidente aéreo en 2017, repartiera las investigaciones en un momento clave de la causa que involucraba a la constructora Odebrecht. Lo cierto es que Zavascki no era muy bien visto por los fiscales a cargo de Lava Jato, no le tenían la suficiente confianza para garantizar el avance de la causa.
De acuerdo a Folha, la preocupación de Moro comenzó a raíz de un equívoco de la Policía Federal en marzo de 2016, cuando difundió a la prensa parte de la documentación de carácter “confidencial” referente al caso Odebrecht. Moro -quien ya había sido recriminado por la Corte por haber sacado a la luz escuchas telefónicas de Lula – envió un mensaje al fiscal y coordinador de Lava Jato, Deltan Dallagnol, quejándose de la Policía, de la que dijo que no podía “cometer esa clase de error ahora”. Moro le pidió a Dallagnol que presionara al tribunal. “Fue un enorme golpe por la espalda el de la Policía. Ahora voy a quedar expuesto”, dijo Moro a Dallagnol. Horas más tarde, en otro mensaje, el fiscal intentó calmar a Moro y le dijo que la filtración que había permitido la policía “no fue de mala fe”. Además le pidió a Moro que “no se desanime” y le prometió su apoyo incondicional. “Que sepas que no solo la inmensa mayoría de la sociedad está contigo, y que nosotros haremos todo lo que sea necesario para defenderte de injustas acusaciones”, aseguró Dallagnol por la red social Telegram.
Así fue como todos hicieron lo imposible para sostener al juez Moro. El magistrado que ordenaría en abril de 2018 el encarcelamiento de Lula por supuesta corrupción. Hoy, el expresidente permanece alojado hace más de un año en Curitiba acusado de haber recibido como soborno un apartamento del grupo OAS a cambio de la firma de contratos con Petrobras. En las últimas horas, la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, ratificó en un texto enviado al Supremo, su postura contraria a una eventual anulación de la condena de Lula (reducida de 12 años y 1 mes a 8 años y 10 meses), tras las filtraciones que confirmaron la parcialidad del juez Moro en la causa Lava Jato.
En tanto, el Supremo juzgará mañana la petición de anulación de la condena formulada por la defensa del expresidente en base a las megafiltraciones. Según fuentes cercanas al caso, es probable que algunos magistrados pidan más tiempo para estudiar el recurso y que la decisión se vea aplazada.
