Por Lic. Joaquín Foresti, investigador de la Universidad de General Sarmiento

El camino de la UTEP en lo que va del gobierno de Alberto Fernández giró de acuerdo a dos metas: la contención social-alimentaria en barrios populares y el fortalecimiento de sus redes políticas desde el Estado.

“La economía popular llegó para quedarse” y “lo que viene es el gobierno de todos ustedes”, fueron dos frases que esgrimió el presidente electo Alberto Fernández en noviembre de 2019 durante una reunión con dirigentes de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie.[1]. Estas organizaciones sociales, que apoyaron su candidatura, fundaron un mes después la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) augurando un “nuevo capítulo en la historia de la clase trabajadora argentina”[2].
Tras el recambio presidencial, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDSN) representó, al igual que en los mandatos kirchneristas, un ámbito donde se incorporaron referentes de estos espacios[3]. También integraron las listas del Frente de Todos, ganado cinco bancas en la Cámara de Diputados para el período 2019-2023[4]. Con un pie en los barrios y otro en el Estado, los movimientos sociales buscaban abordar demandas urgentes heredadas de la gestión de Mauricio Macri, ciclo en el que ocuparon un rol opositor gravitante.
En el marco del Plan Argentina contra el Hambre, lanzado a comienzos del 2020, la UTEP promovió la creación de mercados populares y colaboró, aunque con críticas, en la ejecución de la Tarjeta Alimentar. No obstante, muchos de sus proyectos se vieron rápidamente limitados desde el mes de marzo con la implementación del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Quienes trabajan por cuenta propia o asociativa comerciando productos en calles, ferias o por entrega domiciliaria, sujetos clave de la economía popular, sufrieron sustancialmente las restricciones dispuestas para contener la pandemia del Covid-19. Ante tal coyuntura, las organizaciones sociales fortalecieron su trabajo territorial y afianzaron la provisión de alimentos, enfrentando la problemática en comedores barriales que, en ciertos casos, saturaron su capacidad y obligaron a reorientar acciones casi de manera exclusiva a la asistencia alimentaria.
En paralelo, apoyaron la creación del IFE y el ATP, dos políticas con las que el Ejecutivo buscó contener la situación social. Con el agravamiento de la parálisis económica, la UTEP protagonizó discusiones por el abastecimiento de los comedores, la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil y por medidas específicas para trabajadores de la economía popular.

La reorganización de dos programas sociales implementados por el macrismo (Hacemos Futuro y Salario Social Complementario) en el Potenciar Trabajo representó, hacia junio del 2020, un relativo punto de conquista. La recuperación de lógicas cooperativistas para la distribución y dinámica de este nuevo programa, instituidas con el Plan Argentina Trabaja en 2009 y desandadas por Cambiemos en 2018, cobró impulso con las reivindicaciones de la UTEP.
En paralelo, promovieron el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) en la órbita de la Secretaría de Economía Social del MSDN. Desde allí delimitan accesos a programas de trabajo, seguridad social y capacitación, así como también redes de comercialización, herramientas crediticias y de inclusión financiera para cooperativas. Además, a partir de este instrumento, lograron que trabajadores comunitarixs, especialmente de los comedores, sean consideradxs “esenciales” durante el ASPO.

Debemos seguir de cerca las próximas reuniones del Consejo del Salario y del Consejo Federal “Argentina contra el Hambre”, los alcances de las medidas de contención ante la segunda ola de Coronavirus y la composición de las listas del Frente de Todos

El camino de la UTEP en lo que va del gobierno de Alberto Fernández giró de acuerdo a dos metas: la contención social-alimentaria en barrios populares y el fortalecimiento de sus redes políticas desde el Estado. Ambos horizontes se vieron ceñidos por la coyuntura socioeconómica y decisiones ejecutivas que generaron ciertos distanciamientos (tal fue el caso de la suspensión del IFE a fin del 2020). Es evidente la tensión que se posa sobre organizaciones cuya base de sustentación enfrenta, notoriamente, los costos de la actual crisis económica y sanitaria. En este contexto, debemos seguir de cerca las próximas reuniones del Consejo del Salario y del Consejo Federal “Argentina contra el Hambre”, los alcances de las medidas de contención ante la segunda ola de Coronavirus (ampliamente demandadas por las organizaciones sociales y sus respectivxs referentes) y la composición de las listas del Frente de Todos que competirán en los comicios intermedios. Tampoco habrá que desatender el reciente reclamo de los movimientos sociales para que lxs trabajadores populares repliquen su condición de esenciales en la campaña de vacunación y las disputas que de allí puedan emanar.  

Resulta difícil creer que las organizaciones de la UTEP se alejen del Frente de Todos en un contexto electoral de gran polarización política, donde las heridas del primer tiempo macrista siguen abiertas y amplificadas por una pandemia global sin precedentes. Eso sí, a la larga, el termómetro será que aquella consigna de “empezar por los últimos” se materialice más temprano que tarde. Si no, el Gobierno Nacional podría ver debilitado su vínculo con un actor político que, como el propio presidente expresó, llegó para quedarse.

[1]https://www.pagina12.com.ar/230802-alberto-fernandez-con-los-movimientos-sociales-viene-el-gobi

[2]https://ctepargentina.org/nacio-la-utep/

[3] Emilio Pérsico (Movimiento Evita-CTEP) fue designado en la Secretaría de Economía Social, Miguel Gómez (Movimiento Evita-CTEP) en la Secretaría de Agricultura Familiar, Daniel Menéndez (Barrios de Pie) en la Subsecretaría de Políticas de Integración y Formación, entre otrxs.  

[4] Leonardo Grosso y Ayelen Sposito (Movimiento Evita-CTEP), Itai Hagman (Frente Patria Grande-CTEP), Federico Fagioli (Movimiento Popular La Dignidad-CTEP) y Juan Carlos Alderete (CCC).

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