Por Guillermo Pedoja

Hay un axioma que reza que Argentina necesita dólares para crecer. Con esos dólares se pagan deuda externa pública, deuda tomada por privados en moneda extranjera, remisión de utilidades, importaciones de bienes de capital e insumos intermedios, compra de dólar ahorro y gastos de turismo e importaciones en general, de una canasta de consumo cada vez más globalizada.
La magnitud y el sector encargado de conseguir los dólares definirán en gran parte el modelo de acumulación del país en un momento dado, esto, en términos generales, es cómo el Estado se hace de los dólares necesarios. A su vez, se dice que ese sector reviste “centralidad estructural” en el modelo. Esa centralidad le permite abrir ámbitos privilegiados de diálogo con el gobierno de turno a fin de conseguir prerrogativas sectoriales.
Muy esquemáticamente podemos decir que el sector proveedor de dólares durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) fue el agro por vía comercial, mientras que durante el macrismo tuvo protagonismo la pata financiera (si bien el agro mantuvo una fuerte impronta, se evidenciaron entradas de capital por la vía de inversiones de cartera privadas, deuda externa y el préstamo del FMI en 2018 de 44.000 millones de dólares – el valor de dos cosechas completas de soja).

La magnitud y el sector encargado de conseguir los dólares definirán en gran parte el modelo de acumulación del país en un momento dado.

El nuevo gobierno de Alberto Fernández encaró su gestión con cepo, un virtual default y una deuda con el FMI imposible de pagar en los plazos propuestos. Esta configuración marca una imposibilidad de lograr ingresos de dólares por la vía financiera, lo que hace depender a la economía de la provisión de divisas por la pata comercial.
En este contexto de centralidad estructural es que los viejos actores del agro argentino replantean su estrategia sectorial con tres condimentos:

• 1. Una característica estructural de la economía argentina es que exportamos lo que comemos. Esto implica que cuando sube el dólar, aumentan los precios en pesos de los alimentos y, por lo tanto, caen los salarios reales. La aparición de la soja como primer producto exportable nacional permite a la agroexportación acuerdos con gobiernos populares que no tengan impacto sobre bienes salarios de los trabajadores (recordemos que previamente al uso difundido de la oleaginosa, los principales productores exportados eran carne, trigo y maíz, componentes centrales en las canasta de consumo alimenticia local y que, ya su aumento de precio o exceso de exportación por encima de las necesidades internas, impactaban negativamente sobre el salario real de la base política de los gobiernos populares);

2. La reciente experiencia de la Mesa de Enlace (ME), que, si bien se configuró como un representante de los intereses sectoriales de los productores, vedó a los diferentes actores que la componían de un canal de diálogo con el Gobierno durante siete años; y

3. que deriva del punto 1., donde el sector agroexportador, nucleado en la poderosa CIARA-CEC[1] pudo comenzar a tener juego propio, diferenciado de los productores (ya que su principal interés residía en la comercialización de la soja, y no de maíz, trigo y carne) y lograr diversos acuerdos luego del 2009, como ser, el diferencial de derechos de exportación por industrialización, el acuerdo aceitero de abastecimiento al mercado interno y la asignación de cuotas de exportación de trigo y maíz.

Una nueva institucionalidad: el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que en lo formal “busca aumentar la producción, generar empleo e impulsar las exportaciones”, pero que se configura como una instancia de negociación entre el gobierno y un sector amplio del agro argentino.

En este contexto, caracterizado por nuevamente la centralidad estructural del agro, la soja que permite nuevos acuerdos, la mala experiencia de la ME y los acuerdo logrados por CIARA, se crea una nueva institucionalidad: el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que en lo formal “busca aumentar la producción, generar empleo e impulsar las exportaciones” a través de la definición de un “Estrategia Nacional Agroalimentaria” que intentará plasmarse en una ley; pero que se configura como una instancia de negociación entre el gobierno y un sector amplio del agro argentino (dentro del cual se encuentran 61 cámaras y asociaciones de bolsas de comercio y cereales, entidades agro y ganaderas que nuclean diferentes tipologías de productores, los agroexportadores, molineros, frigoríficos, entre otros).

La anterior experiencia de ciclo altos de commodities permitió correr la barrera de la restricción externa -escasez de dólares-, al tiempo que se aumentaban los salarios reales y se reconstruía el estado de bienestar. La contracara fue una disputa con los sectores del agro ligados a la producción y nucleados bajo la ME que casi voltean al Gobierno en 2008, y que luego bloqueó capacidad negociadora para toda categoría de productor (grande o pequeño, de soja o de trigo). Si bien inicialmente fue aprovechado por ambos lados de la llamada “grieta”, finalmente fue contraproducente, tanto para el Gobierno, que no pude conducir a pequeños productores que podrían haberlo apoyado, como para el agro que no podía ejercer lobby. Hoy, el Gobierno se sabe que tiene menos herramientas para intervenir (no existen más los ROEs – Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas-, las retenciones tienen límites por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva[2], y las retenciones móviles están casi fuera de discusión); y a las organizaciones agro les fue muy costoso esa ausencia en la esfera estatal.
Ante lo que se avecina como un nuevo ciclo de altos precios de commodities del agro (y por ende de los alimentos), ¿el CAA podrá configurarse como un interlocutor válido? ¿Es la estrategia correcta dotar de poder de lobby a un actor que pueda expresar monolíticamente la posición del agro y (seguramente) estará contra toda intervención? ¿Será suficiente esta aparición para eclipsar o dejar en un segundo plano a la ME? ¿No se debería intentar trabajar con sectores más afines como los pequeños productores? La apuesta parece ser que a largo plazo esta coordinación con el CAA pueda generar exportaciones que eliminen de una vez por toda la restricción externa, aunque en el corto plazo la no intervención en el precio de los alimentos erosionará la base política de legitimación del Frente de Todos luego de un durísimo año de pandemia -que aún no termina-. El Gobierno no muestra todas sus cartas, pero sabe que se mueve en esta encrucijada.  En el corto plazo veremos finalmente hacia qué lado se inclina.

[1] La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que representa a los grandes exportadores de granos de la Argentina

[2] Esta ley, votada en diciembre 2019, limita al Ejecutivo a fijar un tope del 33% para los derechos de exportación. El artículo 49 fija este límite de retenciones para la soja en un 33% y prohíbe superar una alícuota del 15% para aquellas mercancías que no estaban sujetas a derechos de exportación al 2 de septiembre de 2018, siendo un grupo en el que ingresa el trigo y el maíz.

Guillermo Pedoja es investigador de la Universidad de General Sarmiento

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