Por Mariela Verónica Rocca*

Tras el fin del régimen de Convertibilidad, la política tarifaria fue abordada mediante diversas estrategias, transformándola en una cuestión clave y en permanente disputa. La Ley Nº 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario (7/1/02) no sólo dispuso la pesificación de las tarifas de los servicios públicos, sino que también, determinó su congelamiento hasta tanto se efectuara la revisión integral, de los contratos con las proveedoras privadas.

No obstante, esta medida se prolongó más allá de las nuevas definiciones contractuales establecidas. Principalmente, se buscó disminuir su impacto inflacionario, resguardar el poder adquisitivo de los sectores de más bajos recursos y paliar el crecimiento de los niveles de incobrabilidad, producto de la crisis de 2001/2. En este sentido, se implementó también una política de subsidios indirectos por la cual, las prestadoras recibían las transferencias estatales que derivaban en menores precios finales para todos los usuarios.

Los desequilibrios generados por la crisis internacional de 2007/08, llevaron al gobierno de Cristina Fernández a replantear la política tarifaria, destacándose el inicio de una paulatina eliminación de los subsidios hacia fines de 2011 principios de 2012.

La “sintonía fina” llegaba a los servicios públicos con quitas que comenzaron sobre los sectores económicos más rentables y con la posibilidad de renunciar voluntariamente a los subsidios. Mediante el programa “Reasignación de los subsidios y consumo responsable de gas y agua” (marzo 2014), las quitas a los usuarios residenciales y comercios se dispusieron en tres tramos para que su impacto fuera gradual. Si bien durante las gestiones gubernamentales vigentes desde 2003 a 2015 se plantearon acciones diversas, éstas coincidieron en presentar un Estado activo para mantener niveles tarifarios bajos.

Esta orientación de política cambió completamente con la llegada al gobierno de la alianza Cambiemos en diciembre de 2015. Bajo el argumento de que era necesario adecuar las tarifas para propiciar mayores inversiones y mejoras en las prestaciones, se dispuso la reducción y/o eliminación de los subsidios existentes y se establecieron aumentos tarifarios para cada uno de los servicios. Los sucesivos incrementos generaron amplias manifestaciones de rechazo por parte de la ciudadanía y demás sectores afectados que no podían afrontarlos.

En el último año de su gestión, el ritmo de los incrementos encontró un límite. De cara a las elecciones presidenciales y ante la crítica situación económica, sólo se efectivizaron las subas dispuestas a comienzo del 2019, mientras que las restantes quedaron suspendidas, transfiriendo su implementación al gobierno que fuera elegido. Durante esta gestión se privilegiaron los intereses de las prestadoras por sobre los de los usuarios pues se buscó asegurar ganancias extraordinarias en detrimento del acceso a los servicios.

Producto de la situación heredada y a fin de balancear los objetivos sociales y económicos, el gobierno de Alberto Fernández se propuso avanzar en la revisión del esquema tarifario. Con este propósito, ni bien asumió, se estableció el congelamiento de las tarifas por 180 días, dejando sin efecto los aumentos diferidos por la gestión anterior. En el marco de la pandemia la situación se complejizó aún más y se decidió prohibir el corte de los suministros por falta de pago.

Estas medidas se extenderían hasta mediados del 2020 pero debieron ser prorrogadas hasta culminar el año. Iniciado el 2021, la cuestión resurgió, planteándose la necesidad de actualizar las tarifas. Sin embargo, al interior del Frente de Todos, la medida no encuentra una posición unánime. Existe un sector, encabezado por la vicepresidenta, Cristina Fernández, que señala la inconveniencia de efectuar nuevos o significativos aumentos debido al impacto en la economía de muchos hogares. Otros integrantes, entre quienes se desataca el ministro Martín Guzmán, plantean que deben realizarse, contemplando incrementos de dos dígitos.

En este contexto, si bien se avanzó con el desarrollo de las audiencias públicas en los servicios de gas y electricidad, la definición de los aumentos sólo se efectúo para el último caso. El 9% promedio establecido en el AMBA despertó también diversas especulaciones respecto de la puja entre las posturas contrapuestas en la alianza gobernante.

Con una situación económica desfavorable y ante una segunda ola de coronavirus, implementar aumentos tarifarios no sólo puede provocar descontento social sino también elevar el nivel de morosidad. En otro sentido, mantener el congelamiento genera interrogantes respecto de la manera en la que el Estado seguirá afrontando los subsidios y cómo se garantizará el buen funcionamiento de los servicios.

La cuestión tarifaria plantea una nueva encrucijada que más temprano que tarde el gobierno deberá resolver. Avanzar en una segmentación más precisa de los usuarios será central para encontrar una salida y, a la vez, disminuir las tensiones internas.

*Dra. en Ciencias Sociales. Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Políticos (CEAP), de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires . maverocc@yahoo.com.ar

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