Andrea Molinari* y Leticia Patrucchi**

La pandemia puso al tope la exigencia de recursos, particularmente financieros, para atender las distintas dimensiones de la crisis, que impactó ya en un contexto nacional complejo marcado por el estancamiento económico y las necesidades históricas de financiamiento que enfrentan países en desarrollo como la Argentina. Nuestro país es miembro de un conjunto de bancos de desarrollo que buscan atender dichas necesidades, entre los principales se encuentran el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo Financiero para la Cuenca del Plata (FONPLATA) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Cuenta actualmente con una cartera de 134 proyectos financiados por estos organismos por unos US$ 20 mil millones, la mitad por el BID, un tercio por el BIRF, 15% CAF, y el resto FONPLATA y BCIE. Esto representa el 70% de sus préstamos para el desarrollo, frente a un 30% que es financiamiento bilateral.

En los últimos 10 años, el promedio de aprobaciones anuales ha sido de US$ 2.985 millones, pero con períodos muy dispares.

Estos Bancos proveen una fuente importante y financieramente ventajosa para proyectos de infraestructura, inversión social, ciencia y tecnología, productividad, entre otros sectores claves para el desarrollo. Sus mandatos, objetivos e instrumentos suponen un diseño en ese sentido, pero en distintos momentos históricos han impulsado agendas propias y estrategias de priorización de determinadas trayectorias de desarrollo que desdibujan ese rol, especialmente, en organismos donde predominan los países centrales. Un recorrido por el acceso al financiamiento en estos años permite ilustrar esta dinámica.

En los últimos 10 años, el promedio de aprobaciones anuales ha sido de US$ 2.985 millones, pero con períodos muy dispares. Desde 2012 a 2015, los organismos, especialmente aquellos con sede en Washington, disminuyeron sensiblemente el financiamiento multilateral a nuestro país en el contexto del conflicto con los fondos buitre, alcanzando un promedio de US$ 2.018 millones. Con el cambio de gobierno en diciembre de 2015 manifestaron un claro y explícito acompañamiento, con un promedio anual de US$ 3.950 millones hasta fines de 2019. El pico lo encontramos en el 2018, año del préstamo histórico con el FMI y ya en un contexto que los propios organismos caracterizaban de crisis, cuando el país recibió la cifra récord de US$ 5.025 millones; hay que remontarse a finales de la década del noventa para encontrar ese volumen. Sólo el BID proporcionó más de US$ 2 mil millones en recursos de rápido desembolso, como el propio organismo señala, para complementar el programa del FMI.

Entre 2016 y 2019, el financiamiento a la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires fue significativo: recibieron un 15% del total, unos US$ 2.479 millones.

Frente a ello se observa una disminución de casi US$ 900 millones durante el primer año y medio del actual Gobierno, alcanzando un promedio de US$ 3.094 millones. Si bien ante cambios de gestión suelen ser menores las aprobaciones hasta tanto se redefine la estrategia de financiamiento con el país, este período coincidió con las enormes necesidades derivadas de la pandemia del COVID-19 y donde todos los Bancos incrementaron su financiamiento para atender la emergencia.
Cabe destacar también dinámicas diferenciales en la participación de las provincias. Entre 2016 y 2019, el financiamiento a la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires fue significativo: recibieron un 15% del total, unos US$ 2.479 millones, y también se aprobaron US$ 292 millones en préstamos para Jujuy, Córdoba y Mendoza.

La flamante membresía como el cuarto país latinoamericano en sumarse al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura es alentadora.

La atención a los programas de transferencias condicionadas ha sido también central en los últimos años. Desde 2018 cerca de US$ 2 mil millones fueron para asegurar la sostenibilidad de programas de transferencias monetarias en el marco de la Asignación Universal por Hijo, Hacemos Futuro o el Progresar, entre otros. Actualmente, y con un vínculo directo para atender la emergencia por COVID-19, el actual Gobierno acordó operaciones de préstamos de apoyo a la AUH, el Plan nacional de Argentina contra el Hambre, al sector productivo y a la salud, superando los US$ 2.500 millones.

La recuperación postpandemia va a demandar recursos que requieren priorizar agendas inclusivas y soberanas, haciendo necesaria la obtención de fuentes alternativas, más aún frente a los límites geopolíticos que se pusieron de manifiesto en los recientes intentos de liderar alternativas institucionales. El fortalecimiento de organismos de carácter subregional, así como la flamante membresía (marzo de 2021) como el cuarto país latinoamericano en sumarse al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, son alentadores caminos en este sentido.

* CONICET/IIEP-BAIRES/Universidad de Buenos Aires. anmolinari@gmail.com

** Universidad Nacional de Moreno. lepatruc@gmail.com

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