Por Hernán Viudes

Defensa de la educación y la universidad púbicas, reclamo por los endeudados, pedido por la emergencia en discapacidad, de un lado. Infiltrados, balas de goma, gases lacrimógenos, corriedas, agua, camiones hidrantes, por el otro. Nada nuevo pero sí cada vez más recargado y obvio. Los servicios de las fuerzas policiales y de (in)seguridad de la Nación y la Ciudad, a cargo de Jorge Macri, quedan expuestos cuando provocan disturbios para justificar la represión, en medio de una movilización pacífica. Cuanto más legitimidad política pierde el el Gobierno Nacional, mayor es la violencia que ejerce sobre la creciente población que se manifiesta.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto a más de 40 organizaciones estudiantiles, sindicales y de derechos humanos, pidieron la intervención de relatorías de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y del Comité de los Derechos del Niño. Es que también detuvieron a dos adolescentes y el Gobierno avanza con la aplicación del nuevo Régimen Penal que bajó la edad de punibilidad a los 14 años. Los heridos y los detenidos siempre son del mismo lado. ¿Todavía estarán buscando la los infiltrados que prendieron fuego un móvil de Cadena Tres de Córdoba el 12 de junio de 2024 o ya los habrán econtrado?
El Gobierno Nacional, uno de los tres poderes del Estado, desconoce a los otros dos: la ley sancionada y reafirmada por el Congreso y los varios fallos de la Justicia. Reprime manifestantes e impide su normal movilización, balea periodistas y fotógrafos, denuncia ciudadanos, un decreto que tira abajo decenas de leyes sancionadas por el Congreso… ¿Eso es ser un Gobienro democrático?
En el medio, y con responsabilidades compartidas, los traidores que llegan con un discurso opositor y votan o apoyan con Javier Milei. Eso tampoco es muy democrático que digamos.