En Argentina, el aborto representa la tercera causa de muerte materna.

Las provincias del Noreste (NEA), y luego las del Noroeste argentinos (NOA) son las que tienen las tasas de fecundidad temprana de Niñas y Adolescentes más altas del país, paradójicamente una de las zonas de donde algunas/os senadoras/es se oponen a la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Otro de los aspectos críticos de esta problemática es la evidencia de la repetición del embarazo. En la adolescencia, por ejemplo, y según los datos del Sistema Informático Perinatal (SIP), el 29% de las adolescentes fue madre por segunda o tercera vez antes de los 20 años.

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La Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud (RAIIS) realizó un informe muy completo al que tuvo acceso Agenda Sur. Allí se detalla que según el último dato arrojado por la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS), los abortos rondan los 450 mil casos al año. Asimismo, los últimos números disponibles de la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS), dependiente del Ministerio de Salud de Nación, arrojan que, en promedio, entre 2010 y 2017 se produjeron en el sistema público 45.604 egresos hospitalarios por abortos incompletos por año en nuestro país.

En Argentina, el aborto representa la tercera causa de muerte materna. Las y los especialistas de la RAIIS aseguran que cuando una gestante tiene que recurrir al sistema de salud por un aborto incompleto, el cuadro puede presentar diversos niveles de gravedad, de acuerdo con el tipo de complicación que derive de las prácticas de abortos provocados en situaciones de riesgo:

• Abortos Incompletos Leves,

• Abortos Incompletos de Gravedad Media y

• Abortos Incompletos de Gravedad Alta.

El mito de los costos : el aborto clandestino puede costar  hasta 21 veces más que el aborto legal, seguro y gratuito”.

Como si la salud pública fuese un tema que debiera medirse exclusivamente en costos económicos, los y las autodenominados “Pro vida”- apropiándose de las palabras que crean sentido- hablan de lo que le costaría al Estado hacer frente a la IVE. Además de ser un argumento por demás cuestionable, es falso: “el costo total ponderado de tratamientos por abortos incompletos alcanza la suma de $2.586.000.000 al año (valor expresado en Pesos a diciembre 2020). Esto arroja un costo promedio por aborto clandestino de $56.700. En el informe se concluye que “si comparamos el valor de una caja de Misoprostol (el método más accesible, y uno de los más seguros), con los costos que le implica al sistema de salud público atender las consecuencias más graves de un aborto incompleto realizado bajo condiciones de riesgo, el aborto clandestino puede costar  hasta 21 veces más que el aborto legal, seguro y gratuito”.

Qué dice el derecho internacional

“El derecho al aborto seguro y legal es un derecho humano fundamental protegido por numerosos tratados internacionales y regionales de derechos humanos y constituciones en todo el mundo. Estos instrumentos fundamentan el aborto seguro en una constelación de derechos, incluidos los derechos a la vida; libertad; intimidad; igualdad y no discriminación y libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes”, detalla la RAIIS.
La imposibilidad de acceder a servicios de aborto legal y seguro afecta a 700 millones de personas en edad reproductiva. Lo que está en discusión no es si los abortos se practican o no, sino se realizan en condiciones de seguridad, higiene e igualdad para todas las mujeres,más allá de su condición económica, o de manera insegura para algunas y más cuidada para otras. “La penalización del aborto no disminuye la cantidad de abortos, sino que obliga a las gestantes a arriesgar su vida y su salud buscando servicios de aborto inseguros”. En Uruguay, por ejemplo, desde su la tasa de muertes maternas por la práctica de aborto descendió del 37 % al 8.1% en 2012, cuando se legalizó.
Según la Organización Mundial de la Salud, 23.000 mujeres mueren por abortos inseguros cada año. En Argentina desde 1921 el Código Penal argentino permite el aborto en casos de peligro para la vida o salud de la
persona gestante, o en caso de violación toda persona con capacidad de gestar tendría derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo cuando:

• hay un peligro para la vida de la gestante

• hay un peligro para la salud de la gestante

• el embarazo es resultado de violencia sexual.
  

Actualmente, 19 provincias y la Ciudad de Buenos Aires cuentan con protocolos para realizar un aborto legal por causales y 5 jurisdicciones ni siquiera tienen protocolo: Formosa, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero y San Juan. Con todo, en nuestro país, las personas gestantes que necesitan acceder a la interrupción legal del embarazo se encuentran frecuentemente con obstáculos para el ejercicio de su derecho en varias jurisdicciones.

Las adolescencias

Las y los médicos de la RAIIDS consideran “adecuado dividir la adolescencia en dos períodos: la adolescencia temprana (de los 10 a los 14 años) y la adolescencia tardía (de los 15 a los 19 años). Entre las Niñas y Adolescentes de 10 a 14 años se debe considerar más frecuentemente la presencia de situaciones de abuso y coerción (UNICEF, 2016) y de embarazos y maternidades infantiles forzadas (CLADEM, 2016). El embarazo en este grupo se inscribe entre los más complejos, ya que expresa y conjuga aspectos psicosociales, de género, de justicia y de derechos humanos. Las provincias del NEA son las que tienen las tasas de fecundidad temprana de NyA más altas del país.
Otro de los aspectos críticos de esta problemática es la evidencia de la repetición del embarazo. En la adolescencia, por ejemplo, el 29% de las adolescentes fue madre por segunda o tercera vez antes de los 20 años. Es por ello que con la IVE, en las instituciones de salud será una oportunidad para la adecuada consejería integral en salud sexual y anticoncepción.

Para ser madre (…), se necesita que lo piense, lo imagine, lo nombre (haya sido planificado o no). Cursar un embarazo completo cuando no es deseado, es en sí mismo un acto de violentación psicológica impresionante”, Alicia Stolkiner en el Senado en 2018.

“El derecho a la dignidad humana se viola si no se respeta la autonomía de una persona gestante para tomar la decisión de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Los grupos más vulnerables/vulnerados presentan los peores resultados en salud. Este análisis confirma que la desigualdad en salud, expresada en las diferencias de los indicadores, denuncia la existencia de derechos que se distribuyen reforzando y sosteniendo la desigualdad existente en nuestra sociedad ya que dichos indicadores se generan a través de  situaciones que se deben y pueden evitar (Benach & Muntaner, 2009)”.

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