En un giro histórico, la ONU retiró a la marihuana de su listado de estupefacientes peligrosos en sintonía con la tendencia legal en varios países, incluida la Argentina.
Por Alejandra Peña
Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión de las Naciones Unidas eliminó al cannabis de la Lista IV de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, en la que figuraba junto a la cocaína, heroína y otros opioides adictivos, reconociendo su potencial terapéutico en enfermedades como la epilepsia refractaria, el cáncer y diversas patologías crónicas.
La modificación realizada en diciembre por la Comisión de Estupefacientes de la ONU reclasificando al cannabis abre la perspectiva de un mayor uso del cannabis con uso medicinal, lo que debería impactar en las legislaciones de los países tanto a nivel administrativo como penal. “Eso no implica que el cannabis como sustancia no continúe sometido al sistema de fiscalización con limitaciones para usos que no sean médicos o científicos”, explica Alejandro Corda, abogado e investigador del Conicet, integrante de Intercambios Asociación Civil, una Ong dedicada al estudio, proyectos y atención de problemas relacionados con las drogas.
Hasta ahora, sólo dos países en el mundo legalizaron el consumo recreativo de la marihuana: Uruguay en 2013 y Canadá en 2018. Días atrás, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría demócrata, dio vía libre a la despenalización a nivel federal, un paso clave para poner sus leyes en línea con 35 Estados del país que habilitaron el uso medicinal, sumados a otros 15 que ya permiten el consumo recreativo. El proyecto, resultado de años de debate y activismo sobre el fracaso de las políticas represivas de la comercialización y uso del cannabis, tiene pocas posibilidades de avanzar en el Senado, dominado por los republicanos.
Hasta ahora, sólo dos países en el mundo legalizaron el consumo recreativo de la marihuana: Uruguay en 2013 y Canadá en 2018.
“Si Estados Unidos lograra la despenalización a nivel federal, sería emblemático, un hito, ya que este país es el padre de la conformación del sistema internacional de prohibición de drogas. Los Estados que integran la Unión ya están haciendo esa reforma. Incluso algunos, como Oregon, avanzaron sobre la legalización de todas las drogas. De todas formas, la regulación del cannabis en Estados Unidos conlleva su impronta capitalista, con un mercado copado por las grandes empresas en detrimento de los pequeños productores. En nuestros países, esta realidad podría construirse de una forma distinta”, señala Alejandro.
En América Latina, al menos siete países ya autorizaron la utilización del cannabis con fines medicinales, incluida la Argentina.
La llegada de Joe Biden al poder podría marcar un cambio en la política exterior de drogas estadounidense signada, durante los años de Donald Trump, por la guerra total al narcotráfico. “Los gobiernos demócratas, como el de Jimmy Carter en los ‘70 o el más reciente de Barack Obama, suelen tener otro tipo de vínculo con las drogas a nivel federal, sin ejercer una persecución sobre los Estados que avanzan en legislaciones más permisivas. Con Biden se vuelve a abrir esta perspectiva menos beligerante, más abierta a los cambios. La despenalización de la marihuana parece ser una ola económica imparable”.
El decreto de Alberto Fernández crea un registro de usuarios, investigadores y pacientes en el Programa Nacional de Cannabis, y garantiza la provisión gratuita para quienes no tengan obra social o cobertura de salud privada.
En América Latina, al menos siete países ya autorizaron la utilización del cannabis con fines medicinales, incluida la Argentina, que en noviembre dispuso a través de un decreto presidencial una nueva reglamentación de la Ley 27.350 de 2017, permitiendo el autocultivo, las producciones pública y privada del aceite de cannabis, y su venta en farmacias. El decreto de Alberto Fernández crea un registro de usuarios, investigadores y pacientes en el Programa Nacional de Cannabis, y garantiza la provisión gratuita para quienes no tengan obra social o cobertura de salud privada.
Un proyecto impulsado por Axel Kicillof en la Legislatura bonaerense adhiere a la ley nacional, e impulsa el cultivo personal controlado en el hogar y en sedes de agrupaciones cannábicas, la investigación científica, las producciones pública y privada, la creación de un banco de semillas y la distribución gratuita en hospitales y centros de salud.
“Con esta nueva reglamentación que permite el autocultivo individual o colectivo, se reconoce esa realidad, hay voluntad política”.
Logrado este avance, ¿existen posibilidades jurídicas en la Argentina de avanzar hacia la aprobación del uso recreativo de la marihuana? Para Alejandro Corda, “la nueva reglamentación viene a remediar las limitaciones que tenía la ley anterior que limitaba el acceso al cannabis y no abarcaba el fenómeno del uso terapéutico y medicinal que originó esa norma. Con esta nueva reglamentación que permite el autocultivo individual o colectivo, se reconoce esa realidad, hay voluntad política”.
“Más que de la aprobación del consumo,, yo hablaría de la despenalización total de todas las conductas”, advierte Corda. “De hecho, en el fallo Arriola de 2009, la Corte Suprema recomendó avanzar hacia un retroceso de la ley penal, que al mismo tiempo permitiera el avance de otras respuestas estatales no represivas en términos sanitarios, sociales y de acceso a la información. Si bien el fallo Arriola versaba sobre pequeñas tenencias de cannabis, la norma penal es válida para todas las sustancias que están incluidas en la Ley Penal de Estupefacientes.
Esta idea de que el derecho penal no sólo no es eficaz sino que produce peores consecuencias que las que pretende evitar, – la supuesta protección al bien jurídico salud pública-, la prohibición genera peores condiciones tanto para los actores de un mercado ilícito y clandestino, como para los usuarios que consumen un producto desconociendo su proveniencia y calidad. Esa discusión ya está zanjada”.
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