En medio de la Pandemia por Coronavirus, varios países, algunos sectores del Foro Económico Mundial y el Papa, se pronunciaron a favor de la implementación de la Renta Básica Universal (RBU). Mientras en nuestro país se estudian ambas medidas, la ONU advirtió que, de no avanzar en esas normas, se agravará la desigualdad en el mundo, lo que provocará grandes tensiones y conflictos civiles.

Es un ingreso universal mensual a cargo del Estado que debería permitir  las condiciones de supervivencia básica.

La RBU,  renta básica incondicional o ingreso ciudadano, implica que el Gobierno paga regularmente y sin condiciones una suma de dinero a todos los habitantes de un país. Es independiente de otros ingresos que se perciban y la reciben los pobres y los ricos sin importar si no pueden o quieren trabajar. El sistema busca cubrir a la totalidad de la población con un ingreso garantizado al margen de sus condiciones laborales, económicas o sociales. Estas políticas redistributivas son enfrentadas por los grandes poderes económicos en todo el mundo.

El gobierno de Alberto Fernández analiza su implementación y sufre el ataque constante de los sectores concentrados

Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación, aclaró que el Gobierno tiene previsto implementar una renta básica universal, “que será por etapas y atenderá en primera instancia a quienes no tienen trabajo”.  Sería una forma de enfrentar la grave crisis económica provocada por el gobierno de Macri y profundizada por la pandemia del Coronavirus Covid-19. Arroyo aclaró que el objetivo es  “garantizar un ingreso de base y unirlo a planes como, entre otros, el Potenciar Trabajo y a  la urbanización de barrios populares”.

En Argentina, los ingresos del 20% más rico de la población equivalen al 50% de los ingresos totales.

Las 26 personas más ricas del mundo poseen tanta riqueza como la mitad de la población mundial. Según el Informe sobre la Riqueza Global 2018 de la empresa de servicios financieros Credit Suisse, el 10% de las personas mas ricas del mundo poseen el 85% de la riqueza.

 “La desigualdad define nuestro tiempo” y puede destruir economías y sociedades”, dijo António Guterres, Secretario General de la ONU. La Pandemia dejó en claro las crecientes inequidades y puso en discusión el mito de que todos estamos en el mismo barco: “mientras todos flotamos en el mismo mar, está claro que algunos están en superyates, mientras que otros se aferran a los escombros a la deriva “. Los más vulnerables son los que más sufren: los que viven en la pobreza, las personas mayores y las personas con discapacidad y condiciones preexistentes.  Los altos niveles de desigualdad están asociados con “inestabilidad económica, corrupción, crisis financieras, aumento de la delincuencia y mala salud física y mental”.
Los movimientos antirracistas actuales apuntan a la fuente histórica de la desigualdad: el colonialismo. En ese sentido Guterres, dijo: “El Norte Global, específicamente mi propio continente Europa, impuso el dominio colonial en gran parte del Sur Global durante siglos, a través de la violencia y la coerción”. Actualmente la expansión del comercio y el progreso tecnológico provocaron “un cambio sin precedentes en la distribución del ingreso”. Los trabajadores poco calificados llevan la peor parte y se enfrentan a un “ataque” de las nuevas tecnologías, la automatización, la deslocalización de la fabricación y la desaparición de las organizaciones laborales.  

Las grandes corporaciones se benefician con bajas tasas impositivas, concesiones fiscales generalizadas y evasión impositiva descontrolada.

Los Estados tienen por este motivos recursos reducidos para la protección social, la educación y la atención médica, servicios que juegan un papel importante en la reducción de la desigualdad. 

Los Gobiernos deben cambiar la carga tributaria y hacerla más justa.

Algunos países han permitido que los ricos y los bien conectados se beneficien de los sistemas fiscales, pero “todos deben pagar su parte justa”, dijo Guterres. Los gobiernos deben abordar el “círculo vicioso” de la corrupción que debilita las normas sociales y el Estado de derecho, y cambiar la carga tributaria, hacerla más justa.
La Subsecretaria General de las Naciones Unidas, Kanni Wignaraja, fue más allá al apoyar el impuesto a las grandes fortunas, porque todos debemos pagar lo que corresponde”.  

“No podemos privatizar las ganancias y socializar las pérdidas”.

“Las multinacionales tampoco pagan la parte que les corresponde. Apple, Amazon, Google y Walmart, por nombrar sólo algunas, generan beneficios estratosféricos y, después de aprovechar todas las lagunas de los sistemas fiscales, pagan cantidades limitadas de impuestos. Si las primeras 1000 corporaciones de todo el planeta pagaran una justa cantidad de tributos, permitiría la distribución de una modesta Renta Básica Universal en todo el mundo. Hay algo que simplemente va mal y no funciona cuando se priva a los gobiernos de los fondos que deberían tener de un modo legítimo para crear un mejor Estado”, sentenció.
Es claro que la cuestión en nuestros tiempos no es la escasez de recursos, sino su concentración en pocas manos. El gran desafío es qué medidas adoptar para una redistribución más justa.