La intervención por parte del Estado de la empresa Vicentin, en su rol de veedora, solicita al juez y síndicos de la causa concursal que hagan aparecer el “balance 2019, año en que se t3 hormone buy online produce el 60 por ciento del total del endeudamiento de la firma”. En la presentación, a la que tuvo acceso en exclusiva Agenda Sur, se hace notar que la última intimación del Juez Luciano Zarich a la concursada para que le entregue el balance 2019 “fue sin plazo y sin apercibimiento de sanción”, con lo cual Vicentin no queda urgida a cumplir. De hecho, ya pasó medio año, están vencidos todos los plazos, y el balance no aparece.

Además, también pide que se sepa dónde está el libro de actas de la comisión fiscalizadora: “libro societario obligatorio no presentado”. La cuestión tiene gravedad ya que la SIGEN detectó que un miembro de la comisión fiscalizadora era, a su vez, asesor contable de la empresa y cumplía funciones gerenciales, algo incompatible por la Ley de Sociedades.

Solicita que hagan aparecer el “balance 2019, año en que se produce el 60 por ciento del total del endeudamiento de la firma”.

También la presentación, que lleva la firma de la doctora María Cecilia Sotelo, solicita informes a la empresa auditora internacional KPMG para que manifieste cuál es su relación contractual con Vicentin; KPMG siempre firmó los balances de la agroexportadora, “pero a partir de 2018 dejó de hacerlo”. Es importante establecer si auditaba también, y al mismo tiempo, a las sociedades controladas de Vicentin en Uruguay, Paraguay, Brasil, España y a las presuntamente relacionadas de Panamá e Islas Vírgenes”.

También pide que se sepa dónde está el libro de actas de la comisión fiscalizadora: “libro societario obligatorio no presentado”.

En otros de los puntos, se pide informes al fiscal del ministerio de la acusación de Santa Fe para que explicite los avances en la investigación de presuntos ilícitos en Vicentin. Se pone en conocimiento con copia al Juez que hay un Discovery en el Distrito Sur de los tribunales de Nueva York, donde se investiga el sospechado ocultamiento de activos de la firma. “Sería penoso que sea afuera donde se detecten irregularidades, mientras que en el Juzgado que es soberano para vigilar el proceso concursal”, nada se vea. “Mientras fronteras afuera ya se habla de una estafa financiera de dimensiones históricas, acá seguimos circulando en derredores del balance y el libro de actas perdido”.

 Se acompaña copia de una publicación de la agencia Bloomberg, insospechada de trabajar por las nacionalizaciones de las empresas, donde se adelanta que hay un pedido de ampliación del “Discovery” –proceso de descubrimiento de activos- en la justicia de Nueva York, ya que las empresas solicitantes manifiestan que probablemente han sido víctimas de “la mayor irregularidad financiera”. Surge como probable entonces que la jurisdicción estadounidense se oriente a investigar una “transferencias fraudulentas de bienes y obligaciones”, delito contemplado en la sección 548 del Código de Estados Unidos.
Por último, la presentación estable que el juez debe advertir que uno de los integrantes del Comité de Control del Concurso, organismo conformado por los mayores acreedores del deudor, es la Corporación Financiera Internacional, entidad del Banco Mundial con sede en Washington. El Comité aparece pasivo en el expediente en Argentina ya que no solicitó medida alguna, mientras que en los Estados Unidos “es muy activa promoviendo el Discovery en Nueva York”.

“Mientras fronteras afuera ya se habla de una estafa financiera de dimensiones históricas, acá seguimos circulando en derredores del balance y el libro de actas perdido”.

Con la declaración del presidente Alberto Fernández, parece que quisiera resolver el problema político a través del gobierno de Santa Fe:  “Me equivoqué con el tema Vicentin porque creí que estaba mucho más asumida la situación de crisis, y que cuando anunciara que el Estado iba a ayudar a recuperar a la empresa iban a salir todos a festejar, porque estábamos recuperando una empresa importantísima en la Argentina”, aseguró en radio La Patriada. Lo cierto es que más allá de la causa concursal, el gran problema de los dueños de Vicentin es la causa penal. Allí tendrá el Gobierno una nueva oportunidad para deshacerse de quienes vaciaron la empresa y dar un paso en el control de los dólares de las exportaciones de cereales, muchos de ellos no declarados, y en la soberanía alimentaria. Esta presentación judicial ayuda porque deja expuesto el manejo fraudulento de los empresarios.