Por María Eva Dorigo, desde EE.UU.
Debido a la proximidad de las elecciones y al nerviosismo que le provoca la baja en las encuestas, el presidente de EE. UU., Donald Trump, ha permitido la reapertura prematura de la economía, que conlleva a la suba de contagios por Covid 19, y a la vez provocará nuevamente su cierre y reapertura por los próximos meses. El impacto económico asociado a ello es tal que, sin el salvataje de asignaciones federales, los Estados no podrán sostener programas de asistencia al desempleado o los ciudadanos a la cancelación de alquileres e hipotecas. Incluso las dificultades llegan hasta la asistencia alimenticia.
Hay un claro rechazo de los Republicanos a asignar recursos para estos proyectos de ley, impulsados por los Demócratas.
Hay un claro rechazo de los Republicanos a asignar recursos para estos proyectos de ley impulsados por los Demócratas. Los mismos quedan cajoneados en el escritorio del principal obstructor de toda política social de alivio, el Senador por el Estado de Oklahoma y líder mayoritario, Mitch McConnell. La tensión es tal que Trump ha llegado a amenazar a los gobernadores con la quita de asignaciones federales si no abren las escuelas para el comienzo del año escolar, en septiembre.
Robert Reich, economista y profesor de la Universidad de Berkeley en California y ex ministro de Trabajo de Clinton, llama a esta catástrofe económica provocada, en parte, por Trump y su partido: “Trump’s Great Deppression”, comparándola con la estrepitosa caída de la economía en 1929. Lo cierto es que el cierre de la economía provoca un efecto dominó sin precedentes en la vida de las personas. La pérdida de ingresos y la imposibilidad de pagar la vivienda, ya sea hipoteca o alquiler, provocará, según Reich, que alrededor de 22 millones de personas queden en la calle para el 30 de septiembre; esto es, uno de cada cinco personas que alquilan.[1] Además, los más vulnerables a quedarse en la calle son los pertenecientes a la población negra, madres solteras, personas discapacitadas… , ex presos e inmigrantes indocumentados. Los índices de morosidad en préstamos hipotecarios se han elevado al doble desde marzo de este año. El cierre definitivo de pequeños comercios aumentará aún más los índices de desempleo.
Los más vulnerables a quedarse en la calle son los pertenecientes a la población negra, madres solteras, personas discapacitadas…
A nivel estatal, al bajar el nivel de recaudación de impuestos, lleva a que los servicios sociales esenciales estén en riesgo de ser reducidos o eliminados; ya sean gastos en educación, salud, vivienda, servicios de salud mental, ayudas alimenticias, más que esenciales en este momento de crisis. Según Reich, actualmente 16.2 millones de familias han perdido su seguro de salud debido a la pérdida de trabajo, lo cual se incrementará en 22 millones más si la Corte Suprema de Justicia dictamina que ObamaCare (seguro de salud impulsado durante el gobierno de Barack Obama) es inconstitucional. A menos que se extienda el seguro de desempleo más allá de su fecha límite de 31 de julio, la seguridad alimentaria y la falta de vivienda se convertirán en un precipicio imposible de evitar.
