El escándalo por el acuerdo secreto firmado con Brasil puso a Abdo Benítez al borde del juicio político. El mandatario paraguayo, momentáneamente, pudo evitar la destitución gracias a las amenazas de Bolsonaro, el injerencismo del embajador  norteamericano, Lee McClenny y la muy conveniente y poco casual detención del financista Darío Messer, acusado de lavado de dinero y vinculado al expresidente Horacio Cartes.

A tan solo un año de haber asumido el gobierno de Paraguay, el presidente Mario Abdo Benítez (hijo del exsecretario personal del dictador Alfredo Stroessner)  estuvo al borde del juicio político. La intervención de sus socios regionales y la presión de Washington lograron que, momentáneamente, evite la destitución.

El 24 de mayo de 2019, el presidente de Paraguay y su par brasileño, Jair Bolsonaro, firmaron un acta de acuerdo que modificaba los porcentajes de distribución de la energía que produce la represa hidroeléctrica Itaipú (compartida por los dos países). 

El acuerdo se mantuvo en secreto por casi dos meses. Sus condiciones lesionaban la soberanía energética Paraguay, obligaban al país gobernado por Abdo Benítez a pagar un sobrecosto de más de 200 millones de dólares y cedía gran parte de su energía al gigante suramericano.

Dos meses después de la firma el acuerdo se hizo público cuando los técnicos de la Asociación Nacional de Electricidad (Ande) paraguaya, al leer las condiciones que se buscaban imponer, se negaron a ratificar el acta, presentaron la renuncia y denunciaron públicamente el contenido de lo pactado entre ambos mandatarios.

Al hacerse pública el acta, el secretismo en que se había organizado y el contenido de la misma, la oposición y gran parte del pueblo paraguayo comenzaron una serie de protestas que obligaron al presidente Abdo Benítez a anunciar que daría marcha atrás y anularía lo firmado.

El retroceso del mandatario paraguayo no fue suficiente, las protestas continuaron y provocaron la renuncia de gran parte de los involucrados. El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Castiglioni, el embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier, el director de Itaipú Binacional, José Alderete, y el titular de la ANDE, Alcides Jiménez, debieron dejar sus cargos. 

La indignación social continuó en aumento y más datos del acta firmada entre los dos mandatarios se hicieron públicos. Según denunciaron diversos sectores de la oposición, el porcentaje de la energía de la represa hidroeléctrica Itaipú que Paraguay ya no manejaría tampoco quedaba en manos del Estado brasilero, sino de una empresa privada de nombre LEROS que, aseguran, estaría vinculada a Jair Bolsonaro.

Estos hechos hicieron que la oposición se aglutine contra Abdo Benítez y que, incluso dentro de sus propio partido (el Partido Colorado), la fracción que conduce el expresidente Horacio Cartes (sector conocido como cartismo) comenzara a trabaja para el juicio político. 

Todo indicaba que Abdo Benítez y su vicepresidente, Hugo Velázquez (también involucrado en el escándalo), serían destituidos, pero la aparición en escena de Bolsonaro y el presidente norteamericano Donald Trump (a través de su embajador en Asunción, Lee McClenny), sumado a la muy conveniente detención en Brasil del financista Darío Messer, cambió la correlación de fuerzas y Abdo Benítez volvió a consolidar su posición en el sillón presidencial.

Luego de guardar silencio por varios días Bolsonaro aseguró que estaba dispuesto a rever el acta firmada con quien denominó su “amigo Marito” y  la Cancillería de Brasil emitió un comunicado en el que se señalaba que “entre los dos gobiernos se comparten profundos valores”.

El documento de Itamaraty también amenazaba con la posibilidad de aplicar “la cláusula democrática” y suspender a Paraguay del Mercosur si Abdo Benítez era destituido. 

En ese marco el embajador norteamericano en Asunción, Lee McClenny, en clara acción injerencista, a través de Twitter, le advirtió a la oposición paraguaya: “esperamos que se respeten los procesos democráticos, tomando decisiones con calma” y remarcó que los gobiernos de Trump y el de Abdo Benitez son “socios”.

Como si esto fuera suficiente presión, pocos días antes de que se reunieran los legisladores paraguayos para tratar el posible juicio político, fue detenido en Brasil el financista Darío Messer, acusado de lavado de dinero y vinculado al expresidente Horacio Cartes. Tras la detención de Messer el cartismo cambió su postura y desestimo avanzar con el proceso contra el presidente Abdo Benítez.

Las presiones y la detención de Messer frenaron, al menos momentáneamente, el juicio político, pero la crisis continúa y las protestas no cesan. El futuro político de Paraguay aún es incierto.