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Acorralados por la justicia

La trama de corrupción más depredadora de los últimos tiempos en América Latina sumó el miércoles un episodio dramático con la muerte del ex presidente Alan García. El ex mandatario se disparó en la cabeza cuando iba a ser detenido por la policía. El líder “aprista” era investigado por su presunta implicación en el mapa de sobornos de la firma brasileña.

Alan García: “no hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riqueza”.

Este viernes se conocieron sus últimas palabras: “no hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riqueza”, aseguró en un carta que le dejó a sus seis hijos antes de morir.

Según la fiscalía peruana, Luis Nava, el ex secretario presidencial de García, habría recibido 4 millones de dólares de Odebrecht por la construcción de la línea 1 del metro de Lima. García además era investigado por lavado de dinero y desde noviembre tenía prohibida la salida del país. 

La saga “Lava Jato”, capítulo Perú, tiene otros 3 ex presidentes en la mira por haber recibido presuntamente sobornos o aportes no declarados para campañas electorales. Dos de ellos ya pisaron la cárcel y el tercero está prófugo.

Kuczynski fue condenado a 3 años de prisión preventiva.

En 2018 Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia acorralado por la crisis política y las sospechas de corrupción. El ex banquero está acusado de participar en el otorgamiento de dos concesiones al gigante brasileño cuando era ministro de economía de Alejandro Toledo. El ex mandatario está bajo arresto. La justicia lo condenó a 3 años de prisión preventiva.

Otro ex presidente que pasó por la cárcel fue Ollanta Humala. En 2017 recibió una condena de 18 meses de prisión preventiva, acusado de haber cobrado 3 millones de Odebrecht para su campaña en 2011. Por este caso también fue encarcelada su esposa Nadine Heredia. 

En este laberinto judicial, se encuentra también el ex presidente Alejandro Toledo, fugado de la justicia. Toledo enfrenta desde hace más de un año un proceso de extradición de EE.UU. a su país, donde se lo acusa de recibir 20 millones de dólares de Odebrecht a cambio de ayuda en la adjudicación de obras públicas.

Kuczynski indultó a Fujimori en 2017.

El Lava Jato peruano también salpicó a Keiko Fujimori, la lidereza de Fuerza Popular está detenida con prisión preventiva y cumple una condena de 36 meses, acusada de recibir aportes ilegales para su campaña de 2011. Esta semana Fuerza Popular relanzó su plataforma política, utilizando la imagen de Keiko y la de su padre Alberto Fujimori como líderes del espacio, ambos recluidos en la cárcel. El ex presidente volvió a prisión y deberá completar la condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad. El político octogenario estuvo un año libre, luego de que Kuczynski lo indultara en la víspera de la Navidad de 2017, pero volvió a la cárcel después de que el Poder Judicial revocara el “perdón presidencial” por cuestiones de forma. 

Tras la renuncia de Kuczynski, su vicepresidente Martín Vizcarra asumió una transición convulsionada por las denuncias de corrupción. A esto se sumó la publicación en la prensa de conversaciones telefónicas que involucraron a las altas esferas judiciales, empresarios y políticos en un presunto esquema de tráfico de influencias. En medio de este nuevo escándalo, el mandatario construyó un discurso por la transparencia. Vizcarra decidió romper con el fujimorismo y reinventarse como un nuevo líder por fuera de los partidos hegemónicos.

Pero el efecto Odebrecht fue más allá. Un ex presidente cercado por la justicia que eligió el suicidio, dos encarcelados y una líder de la oposición tras las rejas. La clase política en peligro de extinción. La incógnita es quién capitalizará esta debacle institucional en el transcurso de una larga transición de dos años hasta las elecciones presidenciales.