En el marco del 43° Aniversario de la última Dictadura Cívico Militar que sufrió la Argentina, presentamos una entrevista al referente y ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, realizada en agosto de 2009 por Mauro Arlando, y editada especialmente para Agenda Sur.

Desde la asunción de Néstor Kirchner se tomaron como paradigmas los principios de Memoria, Verdad y Justicia; no puede tenderse a una sociedad más justa y equitativa, teniendo como base el olvido, la impunidad y la injusticia.

¿Cómo se encontraba la Secretaría cuando usted fue designado?

No tenía sede propia y las leyes reparatorias a las víctimas del terrorismo de Estado no estaban vigentes. El presupuesto era el 0,5% del total del Ministerio de Justicia, alcanzaba sólo para pagar el sueldo de las 40 personas que había. Se le ampliaron las facultades, de ella ahora dependen una serie de organismos e instituciones como el INADI, el Programa de Lucha contra la Impunidad y el Archivo Nacional de la Memoria. Tenemos la Dirección Nacional de Asistencia a grupos en situación de vulnerabilidad, y que se relaciona también con la cuestión de género o de los pueblos originarios. La actividad de la Secretaría de Derechos Humanos está referida básicamente al conjunto de los derechos fundamentales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y los de incidencia colectiva, como es el derecho al medio ambiente. La política de impulso irrestricto de la vigencia de los Derechos Humanos llevada adelante desde el 2003 implica la recuperación de los fundamentos éticos del Estado. No puede imaginarse un Estado democrático que no tienda a preservar los Derechos Humanos, en un trabajo coordinado con la sociedad civil. Desde la asunción de Néstor Kirchner se tomaron como paradigmas los principios de Memoria, Verdad y Justicia; no puede tenderse a una sociedad más justa y equitativa, teniendo como base el olvido, la impunidad y la injusticia. Hay hechos que se han impulsado desde el Gobierno Nacional como la nulidad de las Leyes del perdón, y el impulso de los juicios por los crímenes de Lesa Humanidad. Acompañamos a los testigos y querellantes del terrorismo de Estado que viven sometidos a tensiones permanentes por amenazas anónimas, generalmente, y la propia situación de tener que volver a revivir todo el proceso horrendo que sufrieron como víctimas.

¿Cómo se encuentra actualmente la recolección de información relacionada con la desaparición de personas?

 Se creó el Archivo Nacional de la memoria y hoy debemos estar en 9 millones de fojas, cuando lo único que existía era el archivo CONADEP y el de la Secretaría de Derechos Humanos. Sabemos que listados de los de los represores y el de las víctimas y su destino final no se encuentran en los archivos del Estado. No digo que fueron destruidos, pero sí sustraídos por los militares al retirarse. Pero existe toda una suerte de información complementaria que cada día se acrecienta, y nos permite un cuadro más completo y la identificación de nuevos nombres. Porque seguimos sosteniendo que el número de detenidos – desaparecidos es de 30 mil globalmente, ya que hay documentos de la represión que nos hacen pensar que esa cifra no es exagerada. Muchos familiares por temor o descreimiento no hicieron la denuncia. Y también porque las situaciones de riesgo continuaron durante la democracia. Evidentemente, cuando se accedió a la democracia, la junta militar fue indultada. Hoy, muchos de estos familiares han desaparecido y es difícil avanzar.

Desde el año 2003 no ha habido un solo nombramiento de miembros de las Fuerzas Armadas, ningún ascenso, que no fuera previamente sometido al estudio de la documentación del Archivo Nacional de la Memoria.

¿El número incluye a partir del 24 de marzo de 1976 o desde antes con la Triple A, la Alianza Anticomunista Argentina?

 La Triple A no tiene desparecidos, sólo en Córdoba; la operatoria general consistía en secuestrar, asesinar y tirar el cadáver.

 ¿Cómo es el trabajo que realizan en el Archivo Nacional de la Memoria?

 No se limita simplemente a la recuperación documental, no es un “archivo muerto” como los normales donde se acumulan papeles, se “los trabaja”. Desde el año 2003 no ha habido un solo nombramiento de miembros de las Fuerzas Armadas, ningún ascenso, que no fuera previamente sometido al estudio de la documentación del Archivo Nacional de la Memoria. Los integrantes de Agencias de Seguridad Privada también requieren informes al Archivo Nacional de la Memoria. Pero también en ese esfuerzo por contribuir a la formación de una memoria colectiva, se realizan permanentemente seminarios y conferencias. Y desde hace dos años está funcionando el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, donde se reflexiona sobre distintos aspectos sociales de la represión como forma de contribuir a la memoria histórica.

¿Qué nos puede decir sobre la teoría de los dos demonios?

Es una construcción justificadora y mentirosa de lo ocurrido en este país, que parte de que fue la violencia social de grupos revolucionarios la que motivó la intervención de las fuerzas armadas, y el demonio termina siendo uno solo. Oculta que la violencia institucional comenzó por parte de las Fuerzas Armadas con el bombardeo de la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, que ocasionó más víctimas que el bombardeo a Guernica en la Guerra Civil española por parte de la aviación alemana. La diferencia es que tuvimos una clase dirigente ligada a los bombardeos que tres meses después tomó el poder y que oculta la dimensión de la responsabilidad del hecho. De allí en adelante la violencia institucional es la que produce la masacre de José León Suárez, los fusilamientos de 1956; las víctimas constantes de la resistencia peronista, de la resistencia popular; los 18 años proscripto el movimiento político mayoritario del país; el condicionamiento en las elecciones, aún a las alternativas civiles que como los gobiernos de Arturo Frondizi y Arturo Illía, derrocados por las fuerzas armadas. Entonces, atribuir las causas de la violencia al pueblo o las organizaciones armadas, es una de las grandes mentiras de esta historia.

El pasado ayuda a iluminar el presente, pero nosotros no estamos en el pasado, sino trabajando en el presente y en función de construir una sociedad más justa para el futuro.

Frente a las denuncias de la activista (por dictadura) Cecilia Pando sobre usted u otros…

Los crímenes de lesa humanidad tienen por definición, dentro del Derecho Internacional y reconocido por la Corte Suprema, la participación de agentes del Estado. Y su carácter sistemático sobre grupos de la población es lo que le da ese carácter de crímenes de Lesa Humanidad y los convierte en imprescriptibles. Eso hace que los delitos cometidos por particulares no tengan el carácter de crimen de lesa humanidad, están sometidos a las leyes de prescripción del propio código penal. Pero aún si no hubiese sido así, las Fuerzas Armadas optaron por el rechazo de todas formas de Estado de Derecho y tomaban justicia por mano propia. La mayor parte de las víctimas eran militantes obreros, delegados de fábricas, activistas, dirigentes sindicales intermedio. El propósito del Terrorismo de Estado no fue derrotar a organizaciones armadas, que ya estaban enormemente disminuidas en su capacidad el 24 de marzo de 1976, sino establecer un sistema de represión y de terror generalizado que permitiera implantar las políticas del neoliberalismo salvaje impulsadas por el jefe civil del golpe militar, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.

En estos días se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de su colega, el abogado Rodolfo Ortega Peña.

 Efectivamente, Ortega Peña fue asesinado, siendo diputado nacional, el 31 de julio de 1974 por la Triple A. Esta organización ha sido muy difícil de investigar en estos años, a pesar de que todos conocemos que nació al amparo del Estado e integrada por miembros de la Policía Federal y de activistas de la ultraderecha peronista bajo la dirección (del por entonces ministro de Bienestar Social) José López Rega. Acaba de morir uno de los dos únicos procesados que teníamos que era Almirón. Pero uno tiene la satisfacción que José López Rega fue extraditado por el asesinato Ortega Peña y murió en prisión por esa causa. No quedó impune, aunque López Rega no haya llegado a la condena. La Triple A es todavía objeto de investigación.

A la Secretaría se la ataca por ocuparse solamente de los Derechos Humanos del pasado y de dejar de lado el presente.

El pasado ayuda a iluminar el presente, pero nosotros no estamos en el pasado, sino trabajando en el presente y en función de construir una sociedad más justa para el futuro.