Tomaron fuerza. Muchos de ellos debieran tener condenas por delitos graves, causas federales con penas que justificarían varios años tras las rejas. Sin embargo, están libres y muy difícilmente vayan a prisión. Lograron reunir en techos, terrazas, balcones y ventanas a inocentes, personas de bien, trabajadoras/es que se ganan el sustento de su familia día a día, y hoy les cuesta más que nunca poner la comida sobre la mesa familiar. Los “patrones”, los capos, construyen su sentido hegemónico sustentados en un sentido común que roza elementos sensibles de todos y todas: “estamos encerrados en nuestras casas”. Los grandes grupos económicos, mediáticos en este caso, el Poder Judicial y la oposición política siempre estuvieron amotinados. Ahora, sobre una noticia falsa, el “Poder Ejecutivo quiere liberar violadores y asesinos”, logaron amotinar detrás de las rejas de sus ventanas con sus cacerolas, a unaparte de la sociedad. La construcción funcionó así: un par de jueces cercanos al gobierno anterior liberó un par de presos, de esos que causan indignación social; los medios amplificaron la noticia, con comunicadores y políticos denunciando falsamente que el Ejecutivo es quien está detrás de esa medida; la gente, encerrada en sus casas, se indignó; los troles organizaron por las redes los cacerolazos en todo el país, con centro en CABA; por último, el Gobierno quedó a la defensiva explicando una medida que no tomó, no comparte y lo perjudica políticamente. Con la agenda de la derecha, un Gobierno progresista difícilmente salga bien parado.
El ejemplo arquetípico puede ser lo sucedido con la jueza de Ejecución Penal N°1 del Departamento de Quilmes, Julia Márquez, quien había informado que habían sido liberados 176 violadores desde que arrancó la cuarentena. No sólo se comprobó que esta información era falsa, sino que ella misma había liberado a un condenado a 11 años y 11 meses por asesinato: y esto sí se corroboró. La medida la dictaminó pese a la oposición del fiscal porque no estaba claro si el domicilio donde cumpliría la pena el hombre, era apto para el aislamiento; ella también se tomó sus “libertades”. La jueza es cercana al Macrismo, a través de la organización “Usina de Justicia”, una think tank con posiciones de derecha. Allí comparte espacio con referentes del mismo arco ideológico, como el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, el escritor Marcos Aguinis y el abogado Alejandro Fargosi, ex miembro del Consejo de la Magistratura y militante PRO.
Por el contrario, fue el presidente de la Cámara de Diputados por el Frente de Todos, Sergio Massa, quien solicitó el juicio político al juez de Ejecución de Bahía Blanca, Claudio Brun, por la excarcelación de un acusado por abuso sexual. “Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados”, twitteó el presidente Alberto Fernández. Sabido es que hay amplios sectores a quienes no les interesan los derechos humanos de los delincuentes, aunque aquí debieran saber que lo que está en juego es la salud no sólo de ellos, sino del personal de seguridad, trabajadores del sistema y de la población en general. Hay alrededor de 60 mil personas encarceladas solamente entre el Sericio Federal y la pcia. deBuenos Aires, muchas de ellas sin posibilidad fáctica de asilarse en las cárceles. ¿Qué sucedería si el diez por ciento se contagiara, a cuántos más podrían transmitirle la enfermedad? ¿Qué camas y cuántos recursos humanos se verían asignados para su tratamiento? Según la Comisión Provincial de la Memoria (COM), hay 21 mil plazas en la provincia de Buenos Aires y la gestión de María Eugenia Vidal dejó las cárceles con 46 mil detenidos. En las comisarías sucede algo similar: 1020 lugares para 4600 detenidos. Hoy tenemos menos de cinco mil infectados, solamente el diez por ciento de los presos implicarían seis mil. Pareciera que no importaran las recomendaciones de la ONU de ailamiento social en la cárceles, ni las estadíasticas de otros países (ver imagen 3).
También es muy preocupante lo que sucede en las villas, y aquí el caso de CABA es ejemplificador: en un día se duplicaron los casos en la villa de Retiro padre Carlos Mugica. Los barrios populares concentran más del 10% de los infectados de toda la Ciudad. El índice de duplicación de casos, que a nivel nacional llegara a ampliarse a 15 o 17 días, en la villa 31 se acortó a 24 hs.
Detrás de los ruidos falsos
Por sus dimensiones, la crisis carcelaria de la provincia de Buenos Aires es reveladora; es el caso más grave de todo el país. Según el Sistema Nacional de Ejecución de Penas para la Pcia. de Buenos Aires 2018, más del 80% de los presos estaba subocupado o desocupado al momento de ser detenido. Solamente el 10% tenía la secundaria completa. Casi la mitad, el 48%, está con prisión preventiva. El 80% de los internos tiene conducta de buena a ejemplar dentro de los penales, y sólo el 4% mala o pésima. Y lo más importante: sólo el 25% está detenido por homicidios dolosos o delitos sexuales, el resto son por robo o tentativa, y venta o tenencia de estupefacientes.
Los ruidos que hacen las noticias falsan acallan otros temas centrales, que pierden el espacio de la agenda que habían ganado o directamente ni se mencionan: el impuesto a las grandes fortunas (el 79% de los encuestados por Raúl Aragón en todo el país, están de acuerdo), la plata que los bancos no prestan y utilizan para la especulación con los dólares virtuales, la baja de sueldos, los despidos y las remarcaciones de precios de los grupos monopólicos (sólo el 18% responsabiliza al Gobierno). La renogociación de la deuda: será una semana clave para ver si los bonistas de siempre también se amotinan. Éstos son los temas que quiere instalar el Gobierno, en el contexto prioritario del cuidado de la salud por la pandemia del Covid-19. Sin embargo, esta semana la agenda la manejaron los medios en particular, y la derecha en general. Resultado: el Presidente bajó unos cuatro o cinco puntos su todavía muy alta imagen positiva, 64%, y el 81% valora su gestión frente al Coronavirus, según los datos de Raúl Aragón & Federico González; sólo el 17% tiene una imagen mala o muy mala de Alberto Fernández. Pero es un indicador, el operativo para desgastarlo siempre estuvo en marcha y en estos días encontró algún eco en los golpes de cacerolas. Si más del 81% está en desacuerdo con la “excarcelación (sic) de presos en situación de riego”, aunque claramente mucha gente lo interprete como “liberaciones”, ¿a quién beneficia este tema? Sólo el 32% considera que el cacerolazo fue para el Poder Judicial, circunscribiendo la responsabilidad a quienes verdaderamente corresponde, jueces y Poder Judicial. El resto tiene que ver de una u otra manera con el Gobierno. El 91% cree que “detrás de las excarcelaciones” están: la vicepresidenta Cristina Fernández (51%), el Gobierno (13%) o los jueces “garantistas” 27.4%, asociados al Gobierno.
Así como diez presos subidos al techo del penal de Devoto, su última metodología desesperada de protesta, perjudican la imagen de la inmensa mayoría de los detenidos, los cacerolazos la del Gobierno. Esta vez será cuestión de retomar la agenda progresista aplicando “mano dura” sobre los “amotinados”, contra los ladrones conocidos como “de guante blanco”.
