La crisis de la pandemia tiene su correlato en la económica, y si bien el Gobierno Nacional priorizó la salud de la población, no significa que no se hayan tomado medidas y otras no estén en estudio. Agenda Sur pudo saber que, entre ellas, se encuentra la autorización a dos provincias para que emitan “cuasimonedas”, y que en otras se evalúa una medida similar. El análisis pasa porque esos distritos habrían presentado un plan de impacto de estas “monedas”, donde estaría demostrado que son solventes, que se “recuperarán” rápidamente y que no generarán inflación. Una de las provincias podría ser Córdoba, y otra del sur del país.
De hecho, el gobernador Juan Schiaretti señaló que “la provincia de Córdoba lanzará un título para cancelar deudas con proveedores. Será transferible y podrá utilizarse para cancelar deudas tributarias vencidas hasta el 29 de Febrero de este año”. Su par de Santa Fe, Omar Perotti, tambíén evalúa la misma opción, y consideró que la cuasimoneda “fue una alternativa interesante en 2001 porque permitió pagar sueldos, concretar compras”.
Con respecto a la provincia de Buenos Aires, se renegociaría su deuda con cuatro años de gracia y una quita del 50% en los intereses. Como ya se produjeron unos 60 mil despidos en bares, restaurantes y confiterías de la provincia, el gobernador Axel Kicillof es uno de los líderes políticos que plantea la flexibilización del aislamiento preventivo y obligatorio a partir del próximo lunes 13 de abril. En ese sentido, los rubros de la alimentación y el transporte serán algunos de los que tendrán cierto margen de maniobra superior al actual. Inclusive se evalúa la cuestión social: el esparcimiento, con algún tipo de salidas controladas a plazas y parques.
En el plano estrictamente económico, el impuesto en dólares al blanqueo rondaría el 5%, y la propuesta consistiría en otorgar una especie de bono por el pago de este gravamen extraordinario, el que podría ser utilizado para el pago de impuestos en los próximos 10 años. Recordemos que lo “blanqueado” fueron unos 116 mil millones de dólares, a un valor de $15 el dólar. Además, unos 50 mil millones de dólares estarían disponibles a través de un préstamo no reembolsable del FMI. En el plano fiscal, el gasto público tendría un ajuste del orden del 30%, básicamente en lo que no tenga que ver con gastos no indispensables.
Por último, para preservar el trabajo y estimular las nuevas contrataciones, habría un incentivo al primer empleo, sin pago de cargas sociales ni aportes. En lo que tiene que ver con el margen de ganancia de ciertos sectores, se estudia ponerle un límite de rentabilidad de los supermercados. En el contexto de una crisis mundial casi sin precedentes, todas las medidas están en discusión y en la mesa del presidente Alberto Fernández.