Trump ya no ocupa el sillón presidencial, pero sus cuatro años de gobierno han dejado una huella que va a tardar años en borrarse, se convirtió en el gran verdugo.

Muchas vidas se han perdido durante la pandemia gracias a la falta de una estrategia de salud pública a nivel nacional, también otras se han perdido por la decisión de llevar a cabo una práctica, que si bien no está abolida, no se ejerce con regularidad. Antes que la administración Trump decidiera aplicar sin piedad la pena de muerte, durante 17 años no hubo ejecuciones de presos.

Según el medio Democracy Now! desde julio de 2020 hasta el día de su salida de la Casa Blanca, fueron ejecutadas 13 personas. 
Entre las personas que se encontraban en “death row” o fila de la muerte, estaba Lisa Montgomery, una mujer de 57 años, que fue sentenciada a pena de muerte por el asesinato de una mujer embarazada y el secuestro de su bebé recién nacido en el 2004. Lisa fue ejecutada el 13 de enero pasado.

Lisa, quien sufrió incesto, violación en grupo organizada por su padrastro, y fue vendida por su madre para comercio sexual, comenzó a tener graves problemas de salud mental desde su adolescencia pero nunca recibió ayuda psiquiátrica.  La ejecución de Montgomery es la primera ejecución de una mujer en 67 años. 

A pesar de que en todos estos casos jueces federales pospusieron las ejecuciones, la Corte Suprema de Justicia – compuesta por mayoría conservadora gracias a los 3 jueces puestos por Trump – dio luz verde para que se llevaran a cabo.

Además de Lisa, otras cuatro personas fueron ejecutadas en las últimas semanas, dos de ellos son personas con discapacidad intelectual. En un fallo de 2002, la Corte Suprema indicó que ejecutar a una persona con discapacidad viola la enmienda octava de la Constitución. Otro de los ejecutados cometió su delito cuando tenía 18 años, lo cual lo convierte en la persona más joven en ser ejecutada en los últimos 70 años.

13 personas ejecutadas

Trump, el gran verdugo, ha hecho todo lo legalmente posible para que estas ejecuciones se lleven a cabo, debido a que posponerlas hubiera significado que no se realizaran, ya que Biden se declaró abiertamente en contra de las ejecuciones sumarias. Con estas últimas muertes el gobierno de Trump aplicó la pena máxima a trece personas, lo que lo convierte en el que más ejecuciones llevó a cabo, comparado con todas las presidencias desde el año 1896.
En un artículo del 3 de diciembre el Washington Post explica, que en los últimos 15 años, se cerraron en varios estados las ‘cámaras de la muerte’ y que desde 1973, 172 personas que habían sido sentenciadas a pena de muerte, fueron exoneradas por comprobar su inocencia.

Veintidós estados más Washington DC han abolido la pena de muerte, y los gobernadores de California, Pensilvania y Oregon, han impuesto una moratoria. También el artículo indica que por cada 10 personas que fueron ejecutadas desde 1977, una ha sido sentenciada por error y fue posteriormente liberada.

La popularidad de esta medida fue decayendo con el paso del tiempo, hoy en día, según una encuesta de Gallup, cuando se les pregunta a las personas si prefieren imponer la pena capital o la cadena perpetua sin posibilidad de libertad, solo el 36% de los encuestados contesta que prefiere la pena de muerte.  

Ejecuciones fallidas

Otro tema importante a resaltar es el de las drogas utilizadas para ejecutar a los condenados a la pena de muerte. La “inyección letal” es una combinación de dos o tres diferentes drogas, primero se anestesia a la víctima y luego se le aplica una droga que para el corazón.

Hubo varias ejecuciones fallidas, donde alguna de las drogas no funcionó de la forma esperada y la persona sufrió una muerte lenta y traumática. Además varias farmacéuticas decidieron cancelar la venta de drogas para el uso de ejecuciones. Todo esto provoco que algunos estados lograron el permiso de la Casa Blanca, para utilizar otros métodos para asesinar a las personas. Estos métodos que incluyen gas nitrógeno, pelotones de fusilamiento y la silla eléctrica fueron incorporados a la inyección letal el 24 de diciembre de 2020.

Un llamado a Biden

Con Joe Biden comienza una nueva etapa. Una carta firmada por 30 congresistas demócratas, pide al presidente la conmutación de penas de los 50 presos que se encuentran en “la cola de la muerte”. En la carta, se explica que debido a la reticencia del expresidente Obama de detener más ejecuciones durante su gobierno -solo conmutó las penas de dos presos- es que el Presidente Trump, vio la posibilidad de realizar una ‘matanza’ durante los últimos 7 meses de su gobierno. Además la diputada Pressley y el Senador Durbin, han introducido un proyecto de ley que prohíbe la aplicación de la pena de muerte a nivel federal y ya tiene 60 co-sponsors. 

También, hay una camada de nuevos fiscales elegidos por el voto popular en todo el pais que abogan contra la pena de muerte en sus distritos. Este es el caso del Fiscal de Los Ángeles, George Gascon, que está en contra de la aplicación de esta pena, contra las 200 personas condenadas a muerte en su distrito. Sus declaraciones luego de ganar las elecciones fueron contundentes: “La pena de muerte no mejora el tema de la seguridad…Es racista, moralmente insostenible, irreversible y cara. Y hoy, ya no es una opción”.

En una entrevista, la activista abolicionista y monja Helen Prejean responde a la pregunta de por qué Trump decidió ejecutar estas penas, “la razón por la cual Trump lo está haciendo es porque él tiene el poder de hacerlo. Las ejecuciones no suceden a menos que el fiscal, deliberadamente busque la muerte y la busque hasta agotar todas las instancias. Trump ha tenido el poder todo este tiempo. Por alguna razón, decidió usar su poder para matar desde julio. Y para él es como disparar a latas: elijamos este, y este y este otro”. Ejecutar a estos condenados le sirvió a Trump para demostrar que con la ley no se juega y que él pretende ser la personificación de la “ley y el orden”.

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