Segunda y última entrega de un informe de María Eva Dorigo desde Estados Unidos. La situación de los derechos humanos, la discriminación y la persecución a las minorías en el país del norte hacen tambalear el sistema democrático.
Durante el 2021, en la ciudad de Atlanta (Georgia), las autoridades locales aprobaron un proyecto por 90 millones de dólares para la construcción de un centro de entrenamiento para la policía (Atlanta Public Safety Training Center.
Se trataría del centro más grande del país, denominado por sus críticos como “cop city” (ciudad policial). Para ello se talarán 400 hectáreas del bosque Weelaunee, la única zona de bosque en los alrededores de Atlanta.
Desde su aprobación se han realizado varias protestas que han casi paralizado el proyecto. Las movilizaciones son encabezadas por activistas, ambientalistas y ciudadanos que creen que “cop city” significará la militarización de la policía. El proyecto será financiado con dinero proveniente de empresas locales.
Las claves de “cop city”
El proyecto incluiría la construcción de salones de clase, un polígono de tiro y pistas para practicar persecuciones a altas velocidades.
Además contará con terrenos para pastar a los caballos y una ciudad falsa para practicar situaciones de la vida real.
El crimen de “Tortuguita”
Un grupo de activistas medioambientales acamparon en el bosque de manera permanente como una forma de resistencia para impedir la destrucción del bosque.
Después de meses de mucha tensión con la policía y los funcionarios de la ciudad, el pasado enero los activistas fueron desalojados por la Guardia Nacional de forma violenta. La represión se cobró la vida de un activista.
Los oficiales encargados del desalojo se quitaron las cámaras reglamentarias para realizar el procedimiento “con toda libertad”, pero una autopsia independiente concluyó que Manuel Esteban Teran o “Tortuguita”, como lo llamaban sus compañeros, de 26 años probablemente estaba sentado con sus piernas cruzadas y con las manos en alto cuando le dispararon 14 veces.
Hay una veintena de arrestados entre los que acampaban y otros que participaron en marchas o en un festival de música realizado en marzo en contra de “cop city”.
A la mayoría de los detenidos no se les concedió el beneficio de la fianza. Los cargos con los que el fiscal los ha arrestado son de terrorismo doméstico, que tiene una pena de hasta 35 años de cárcel.
Un informe de la ONG The Appeal describe que las autoridades judiciales locales en sus esfuerzos de sofocar la protesta, están utilizando medidas autoritarias.
Los expertos legales opinan que estos cargos son cuestionables y que atentan contra el derecho a la protesta y a la libertad de expresión. Advierten además que este hecho sienta un peligroso precedente para futuras situaciones de disidencia.
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