Por Silvina Romano (CELAG) Centro Estratético Lationamericano de Geopolítica

Los cables de WikiLeaks muestran cómo, en América Latina, el gobierno y el sector privado de Estados Unidos han ejercido su influencia a través de las embajadas, mediante actos de espionaje y operativos encubiertos, con el objetivo de generar un escenario favorable a sus intereses.

Los WikiLeaks desarticularon el relato generado en torno del “Fin de la historia”, el gran éxito de la guerra psicológica librada desde finales de la década de 1940, anclada en la fantasía del American Way of Life y un mundo de paz y democracia en torno al libre mercado. Estos documentos brindan pruebas fehacientes sobre los actores, dinámicas e intereses concretos que ordenan en mayor o menor medida el orden geopolítico (e ideológico) impulsado desde Estados Unidos (EE.UU.), deliberadamente ocultos a los gobiernos y la opinión pública en general. Esta información encuentra fuertes lazos de continuidad con los objetivos y prácticas de guerra psicológica desde la Guerra Fría hasta la actualidad, organizada en torno a la definición de “seguridad nacional” del establishment de política exterior de EE.UU. (sector privado y público), al servicio de determinados intereses materiales (geopolíticos), fundamentales para la reproducción del capitalismo monopólico de posguerra, hoy devenido en capitalismo neoliberal.

La guerra psicológica

La guerra psicológica o “guerra por los corazones y las mentes” formó parte de la reorganización del Estado estadounidense de posguerra en torno a un “Estado de Seguridad Nacional” que legalizó el secreto por medio de una serie de instituciones y mecanismos que habilitaron al Estado a ocultar sistemáticamente información a la población (Wills, 2010). Este proceso se condensa en buena medida en la Ley de Seguridad Nacional de 1947, que permite la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia (CIA) y el Departamento de Defensa estadounidenses. Esta guerra está centrada en el poder blando compuesto por una apuesta a la propaganda, la diplomacia, el intercambio estudiantil, la asistencia para el desarrollo, siempre respaldado por el poder duro, de un complejo industrial militar en permanente expansión.
Fue institucionalizada en el marco de una Guerra Fría para la “contención” del avance soviético. En buena medida, se trata del espacio oficial más claro dedicado a la construcción de un relato de legalización y legitimación de la expansión estadounidense más allá de sus fronteras. El tipo de acciones perpetradas, abarcaba desde operativos abiertos, como propaganda, hasta acciones encubiertas, que incluían sabotaje, procesos de guerra económica, desestabilización, deslegitimación y desmoralización de gobiernos de turno catalogados como comunistas o afines al comunismo (FRUS, 1945–1950, Emergence of the Intelligence Establishment. Doc. 274).
La guerra por el relato, que en algún punto se sintetizó en la expansión del American Way of Life como único modo de vida posible y deseable, ha sido y es una de las metas a mediano plazo de las operaciones psicológicas (Romano, 2016). Desde finales de los ’40, entre las diversas formas de presión para “reorientar” gobiernos y/o sectores políticos opuestos a ese modelo político-ideológico, encontramos propaganda abierta en prensa, radio y TV, hasta programas de asistencia técnica para el desarrollo e intercambio estudiantil, financiamiento de programas culturales y académicos, así como operativos encubiertos orientados a la desestabilización, apoyo a grupos opositores, campañas de desprestigio, presión económica y cerco diplomático (el ejemplo más contundente, es el Operativo Éxito librado contra el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, 1951-1954).

De la Guerra Fría al “fin de la Historia”

A lo largo del Siglo XX, la intervención de EE.UU. en América Latina (y en diversos países de Asia y África), ha sido probada con diferentes tipos de documentación y testimonios en un contexto geopolítico de enfrentamiento bipolar, que en los países periféricos tuvo vida propia, en una guerra por la autodeterminación, la soberanía y el antiimperialismo, con los límites y las posibilidades generadas por la disputa entre dos grandes potencias. Esa información fue luego contrastada, y la mayoría de las veces corroborada por los documentos desclasificados por la Oficina del Historiador del Departamento de Estado de EE.UU.[2]. La documentación muestra datos contundentes y sistemáticos sobre el rol del sector público y actores del sector privado de EE.UU. y de América Latina en procesos de desestabilización e intentos exitosos o fallidos de golpe de Estado en Guatemala, Brasil, Cuba, Bolivia, Chile, etc.
Sin embargo, con la desarticulación de la Unión Soviética, se impuso el relato de “fin de la Historia”, acompañado por el “fin de las ideologías”, que resultó en una deriva “unipolar” del mundo liderada por EE.UU., bajo el relato de la democracia y los derechos humanos, como legitimador de las premisas y el accionar del libre mercado. En las relaciones de EE.UU. con América Latina, persistieron prácticas de Guerra Fría, en marcos de referencia anclados en la fabricación de un enemigo lo suficientemente difuso y peligroso que justificara una nueva (vieja) agenda de Seguridad Hemisférica legitimadora de la presencia permanente de EE.UU. en la región: el narcotráfico, el terrorismo, derivados en narcoterrorismo, plasmados en el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida, la Iniciativa Regional para la Seguridad de Centroamérica, etc. Un camino que permitió reciclar y actualizar la contrainsurgencia.
La institucionalidad de post-Guerra Fría, inclinada en la letra hacia el internacionalismo liberal, fue trastocada por el ataque a las Torres Gemelas en 2001. A partir de este momento, se legalizaron, legitimaron y agilizaron viejas prácticas de espionaje, de intervención directa en asuntos internos y ampliación de la extraterritorialidad de la Ley de EE.UU. Además de la multiplicación de medidas “antiterroristas”, se potenciaron las sanciones económicas y políticas contra los enemigos, o los países del Eje del Mal.
“La criminalización de Wikileaks es directamente proporcional al nivel y calidad de información que comparte, que nunca hubiera sido desclasificada (…) por el Departamento de Estado.”

En América Latina y en continuidad con la Guerra Fría, EE.UU. persistió en afirmarse como potencia hegemónica, entrando en tensión con el ciclo de gobiernos progresistas. Estos gobiernos, caracterizados por el apoyo de amplias bases populares, plantearon al menos dos aspectos amenazantes a la hegemonía de EE.UU.: i) la intervención del Estado en la economía para fomentar políticas de redistribución de riquezas y recursos y ii) el impulso y empuje de procesos de integración regional enmarcados o bajo el paraguas de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. El NO al ALCA, es una síntesis de un movimiento de resistencia ante la imposición de EE.UU. En ese contexto, como parte de la disputa, EE.UU. sigue llevando a cabo y apoyando, de forma directa o indirecta, procesos de desestabilización de gobiernos de turno; guerras económicas y cercos diplomáticos y políticos; golpes de Estado blandos y duros, por la vía Legislativa, por la vía Jurídica, o por la vía mediática, incluso apoyando la presencia de fuerzas armadas, como en el caso de Honduras (2009) o Bolivia (2019).

La irrupción de los WikiLeaks

A diferencia de lo sucedido durante la Guerra Fría, en el Siglo XXI, constituye un enorme desafío romper el cerco ideológico construido por EE.UU. y Occidente a lo largo de décadas, centrado en la fantasía del consumo neoliberal. Resulta complejo instalar un relato diferente al de las corporaciones mediáticas y de nuevas tecnologías (redes sociales) que confluyen también en los intereses materiales del complejo industrial militar de EE.UU. (“todos quieren tener al Estado estadounidense como cliente”, Melman, 1972). Ya en el 2003, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) trabajaba bajo el lema de: “recolectar todo, revisar todo, saber todo, procesar todo, explotar toda la información” (Assange, 2014). En ese mismo año, Google aceptó financiamiento de la NSA por 2 millones de dólares a cambio de proveer herramientas de búsqueda rápida de datos sobre “conocimiento robado”. Google deviene así en un componente esencial del complejo industrial militar estadounidense y sus intereses geopolíticos, comerciales, etc. Tal como lo define Assange (2014), Google es “un miembro clave de la Base de Industria de Defensa”, definida por el Departamento de Seguridad Nacional como “el complejo industrial de alcance mundial que permite investigar y desarrollar, así como diseñar, producir, vender y mantener los sistemas de armas militares, subsistemas, componentes y partes de las necesidades militares de Estados Unidos”.
En este contexto, la criminalización de Wikileaks es directamente proporcional al nivel y calidad de información que comparte, que nunca hubiera sido desclasificada, en esos términos y resguardando toda la información, por el Departamento de Estado[3].
En 2010 WikiLeaks y Assange fueron catalogados como una amenaza para la seguridad estadounidense, luego de que se filtraran 90 mil archivos militares clasificados, poniendo en evidencia buena parte de las estrategias implementadas por EE.UU. y las potencias occidentales (reunidas en la OTAN) en la guerra contra el terrorismo global (asesinatos, tortura, contrainsurgencia, chantaje, clientelismo, etc.). La publicación de estos documentos fue rotulada por el Pentágono como un “acto criminal”, e incluso algunos funcionarios intentaron aducir que los documentos eran falsos (“pura ficción”).

Silvina Romano es Invesitigadora del CONICET e integrante del Consejo Ejecutivo del Centro Estratético Lationamericano de Geopolítica (CELAG).
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