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Trump: Por el intento del Golpe de Estado lo investigan en el Congreso

Después de muchas idas y venidas y del voto negativo de los Republicanos para conformar la comisión bipartidaria para investigar los hechos ocurridos el 6 de enero de este año, -el intento de Golpe de Estado por parte del gobierno del ex presidente Donad Trump-, se creó una comisión que sólo tiene dos miembros del partido Republicano, Liz Cheney (hija del ex vice-presidente Dick Cheney durante el gobierno de Bush hijo) y Adam Kinzinger. Estos dos representantes de la Cámara Baja han sido quienes más se han manifestado en contra de Trump, sobre todo a partir del asalto al Congreso para detener la certificación de los votos electorales. 

Se creó una comisión que sólo tiene dos miembros del partido Republicano, Liz Cheney (hija del ex vice-presidente Dick Cheney durante el gobierno de Bush hijo) y Adam Kinzinger.

Durante la campaña electoral de 2020, Trump y sus colaboradores intentaron diversas formas de torcer el proceso electoral a vista de todos: montó una campaña contra el correo postal y nombró como director a uno de sus seguidores, quien removió máquinas clasificadoras de correspondencia y buzones en todo el país. Otra de sus estrategias fue utilizar su cuenta de Twitter con millones de seguidores para tirar municiones contra el candidato de la oposición: “retwitteaba” cualquier teoría conspirativa que que tuviera presencia en las redes con tal que lo beneficiara. Intentó armar una campaña de desprestigio contra el hijo del ahora presidente Joe Biden a través de una llamada al presidente de Ucrania, donde Hunter Biden era miembro del comité directivo de una empresa, para pedirle el “favor” de montar una campaña mediática contra Hunter mostrándolo como corrupto. Esta llamada terminó en un juicio político a Trump por abuso de poder, que no logró removerlo de la presidencia gracias al respaldo de la mayoría republicana en el senado. El último intento de quedarse en el poder fue su discurso incendiario del 6 de enero frente a la Casa Blanca y el envío de sus seguidores para “defender la democracia”, con los resultados que todos ya conocemos. 

Los cargos podrían ser tales como: defraudar al Estado de elecciones libres, interferencia electoral, coerción de funcionarios públicos y conspiración para obstruir funciones gubernamentales.

Estos fueron algunos de los esfuerzos de conseguir votos a su favor de formas poco ortodoxas y hasta ilegales. Durante los primeros testimonios de la comisión para investigar los hechos ocurridos el 6 de enero, comienzan a descubrirse los intentos por torcer la elección ocurridos detrás de bambalinas. Para ello necesitó del apoyo de muchos de sus colaboradores y funcionarios. Bill Barr, ministro de justicia de Trump, quien renunció en diciembre de 2020, confirmó antes de irse que su ministerio no habría encontrado fraude electoral por parte del candidato Biden, y de este modo rompió con su presidente. Jeffrey Rosen y Richard Donoghe, quedaron a cargo del ministerio como interinos y recibieron una llamada de su jefe, quien les dijo: “Sólo digan que hay fraude electoral y dejen el resto para mí y los Republicanos en el Congreso”. También hubo emails de parte del entonces jefe de gabinete, Mark Meadows, presionándolos en dirección al fraude y pidiéndoles que Jeffrey Clark (quien se encontraba debajo de Rosen y Donoghe) se involucre en “este proyecto”. Jeffrey Clark quería ser Ministro de Justicia y así darle pista libre a Trump para que revirtiera ilegalmente las elecciones. A lo que Rosen y Donoghe respondieron que si lo ponía a Clark como jefe, ellos renunciarían, dejando al descubierto sus mentiras sobre el fraude electoral.

Intento de Golpe de Estado en EE.UU. Estimulados por el ex presidente Donald Trump, el 6 de enero sus partidarios republicanos tomaron el Capitolio.

La comisión del 6 de enero tiene la tarea de citar a quienes crea necesario. El actual Ministro de Justicia, Merick Garland, declaró que no se interpondría en permitir que funcionarios de su ministerio testifiquen ante la comisión. También si estos dichos se confirman, a medida que los testimonios se acumulen, estaría en la obligación de comenzar procesos judiciales federales en lo criminal, donde los cargos podrían ser tales como: defraudar al Estado de elecciones libres, interferencia electoral, coerción de funcionarios públicos y conspiración para obstruir funciones gubernamentales.

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