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Cuenta regresiva para el aborto legal, seguro y gratuito

Indecisiones y vaivenes de cara a la sesión del 29D en el Senado. El Gobierno y la Campaña Nacional rechazan nuevos cambios al proyecto aprobado en la Cámara Baja. Una ley con final abierto. 

Por Alejandra Peña

Dos años después del último intento, el martes el Senado debatirá en el recinto el proyecto de Ley de Interrupción Legal del Embarazo ya aprobado por la Cámara Baja: una instancia definitiva resultado de la histórica lucha que desde hace 15 años lleva adelante la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito junto a otras organizaciones feministas, políticas y sociales. 

Aborto Legal Manifestación

Las dificultades surgidas durante la discusión del dictamen de mayoría en Comisiones auguran una larga e intrincada sesión el 29D. Laura Salomé Canteros, periodista e integrante de la Campaña Nacional, señala: “La reunión previa a la firma del dictamen fue resolutiva, bien llevada por la presidencia del plenario a cargo de Norma Durango (senadora del Frente de Todos por La Pampa). Si bien se evidenciaron maniobras dilatorias por parte de los senadores contrarios a nuestros derechos, no lograron ser exitosas. Fue simbólico e importante que la cabeza haya sido la Banca de la Mujer, donde se logró la mayoría de las firmas”. En 2018, el proyecto de Ley de Despenalización no había logrado superar esta instancia. 

El pasado 17 de diciembre, algunos senadores como Ernesto Martínez, de Cambiemos, y Edgardo Kueider, del Frente de Todos, aprobaron el dictamen pero con disidencias pidiendo una redacción más precisa del proyecto. Una postura compartida por el legislador oficialista Alberto Weretilneck, ex gobernador de Río Negro, quien luego condicionó su voto a que se modifique en el texto de la ley el aborto legal en caso de violación sin denuncia penal.

Otro de los cuestionamientos es la penalización que recaería sobre el personal médico que dilate o interfiera en la práctica de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Si estos cambios prosperaran el proyecto regresaría a la Cámara Baja, una posibilidad descartada desde el Gobierno quien por estas horas negocia contrarreloj para garantizar la aprobación de la Ley.

“No se está analizando introducir cambios en el texto del proyecto”, señaló en declaraciones radiales Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Una posición similar a la de la Campaña Nacional: “La etapa de tratamiento del proyecto legislativo ya pasó. Hay un texto de consenso bicameral, transversal e intergeneracional festejado por miles en las calles que será debatido en el recinto el 29D. Luego de esa instancia, pelearemos la mejor representación posible y para eso es necesario que el Aborto Legal 2020 sea Ley”. 

Desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito también manifiestan su disconformidad con la objeción de conciencia institucional agregada al proyecto aprobado en Diputados tras las negociaciones intercámaras. “Para nosotros la objeción de conciencia no es una objeción de práctica, es el ejercicio de un privilegio que atenta contra el acceso a un derecho básico y elemental como es la salud integral”. 

Senadores cercanos a Cristina Fernández de Kirchner como Oscar Parrilli,  Anabel Fernández Sagasti, Ana Almirón y Nancy González trabajan en la busca de consensos incluso dentro del propio oficialismo y en sintonía con varios legisladores “verdes” de Juntos por el Cambio, a pesar de los intentos más o menos evidentes de algunos dirigentes opositores como Patricia Bullrich de frenar la sanción. Humberto Schiavone, jefe de bloque del Pro, negó estas presiones y ratificó la libertad de voto y de quórum. El dirigente sí reconoció las presiones de la Iglesia Católica, revelando que él mismo recibió un llamado del obispo Juan Rubén Martínez para que reconsidere su voto. En su mensaje navideño, la Conferencia Episcopal  calificó como “una febril obsesión” la voluntad de la dirigencia política de legalizar el aborto.

“Lamentamos que la Conferencia Episcopal no pueda entender que esta demanda surge de un proceso de creciente politización de la sociedad que exige el reconocimiento de un derecho personalísimo, que no tiene que ver con las religiones, un devenir que se da incluso dentro de sus propios fieles”, advierte Laura Salomé Canteros, aclarando que no todas las iglesias ni sectores religiosos se oponen al aborto legal. “Las católicas por el derecho a decidir son parte activa de la lucha en el país y en la región por la educación sexual integral, el acceso a la información y los métodos anticonceptivos adecuados para cada persona”.

Hasta hace poco, el proyecto de aborto legal contabilizaba en el Senado 34 votos a favor y 34 en contra, con tres indefinidos y un senador, José Alperovich, en uso de licencia bajo acusaciones de abuso sexual. Sin embargo, en los últimos días hubo varios movimientos en el tablero, sumados al agravamiento en la salud de Carlos Menem, opositor manifiesto. 

Con final abierto a la hora del recuento, la intención del Frente de Todos apunta a no hacer concesiones en el ámbito parlamentario pero sí contemplar ciertos cambios en la reglamentación una vez sancionada la ley. La aprobación del Aborto Legal fue una promesa de campaña y el presidente Alberto Fernández quiere contarla en el haber de un año signado por la pandemia y la crisis económica. 

“Hoy nos animamos a la esperanza”, – expresa Laura-, “haber reconocido nuestro derecho en una Ley que es deuda del Estado democrático: una solución a las consecuencias de los abortos inseguros que representan una problemática de salud pública, justicia social y de derechos humanos. La Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito tiene 15 años de lucha compartida por 700 organizaciones sociales, colectivas, feministas, partidos políticos, movimientos estudiantiles y organismos de derechos humanos. Su pañuelo verde es un símbolo de libertad y de esperanza para las nuevas generaciones que crecieron con un feminismo popular que planteó soluciones a problemáticas complejas. Ese es nuestro legado: haber transformado la demanda de una reforma del Código Penal en una revolución social. La labor de la Campaña no se termina con la Ley porque seguiremos luchando hasta que cada mujer o persona gestante que así lo desee acceda a su derecho: el aborto legal, seguro y gratuito en todo el país”.