En un comunicado conjunto, Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) destacan que luego de veintiséis años del atentado a la AMIA, finalmente la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) confirmó la denuncia de los familiares de las víctimas: el Estado argentino es responsable de la impunidad y el encubrimiento del atentado. El Estado, más allá de los sucesivos gobiernos de turno, es quien tiene la responsabilidad por la violación del derecho a la vida de los 85 muertos, por haber negado el derecho a la justicia y por haber impedido, continuar impidiendo, saber qué pasó aquel 18 de julio de 1994.
La causa internacional que Memoria Activa inició en 1999 con el patrocinio del CELS acusó al Estado por su incapacidad de impedir el ataque terrorista, por encubrimiento por no investigar, y por lo tanto por favorecer la impunidad. La Comisión afirma que las instituciones argentinas construyeron la impunidad con maniobras ilegales, con el armado de líneas de investigación que no tenían sustento y con el abandono de las que sí lo tenían, acciones que en su conjunto alejaron la posibilidad de conocer la verdad.

Según el comunicado conjunto por esta vergonzosa actuación, la CIDH sostiene que el Estado violó el derecho a la vida, a la integridad personal de las víctimas y sus familiares, su derecho a una protección judicial adecuada, y el derecho de la sociedad toda a conocer la verdad. Más de veinte años de organización, trabajo, persistencia y reclamo sostenido de los familiares de las víctimas nucleados en Memoria Activa, siempre a contracorriente de los poderes estatales, fue fundamental para que el deliberado desvío y encubrimiento saliera a la luz, y muchos de sus responsables fuesen llevados a juicio y, en algunos casos, condenados.
El comunicado conjunto conjunto aclara que: “El daño institucional y social causado por la más que probada maquinaria encubridora es enorme y, lamentablemente, no se ha desarmado del todo el entramado de relaciones entre sectores del poder político, los servicios de inteligencia y miembros del poder judicial que impide y resiste que avancen las causas judiciales por las que seguimos reclamando”.
La decisión de la Comisión Interamericana debería comprometer al Estado argentino a hacer todo lo necesario para que no haya otra generación que no sepa quién, cómo y por qué se cometió el terrible atentado que sufrimos las y los argentinos.

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