Mendoza: Organismos de Derechos Humanos impugnan la designación de una abogada a la Suprema Corte de Justicia provincial
Por Silvana Iovanna Caissón, Giramundo Tv Comunitaria, especial para Agenda Sur
El Gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez, envió al Senado provincial un pliego con la candidatura de una abogada sin antecedentes, ni formación, para ocupar el cargo en la primera magistratura. Organismos de DDHH denuncian la inconstitucionalidad de este accionar y advierten por el riesgo de imparcialidad política de la Corte de Mendoza.
El 8 de marzo de este 2020, desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Mendoza , se envió a la Legislatura Provincial un proyecto de Ley para ocupar el cargo vacante que se produjo en la Suprema Corte de Justicia, tras la renuncia del Juez Jorge Nanclares. La candidata del gobierno es la Doctora María Teresa Day, actual coordinadora general del Ministerio Público Fiscal de la provincia. La designación fue inmediatamente rechazada por organismos de Derechos Humanos de Mendoza, entre ellos la Asociación Ecuménica de Cuyo, la Asociación de Mujeres Cotidianas, Biblioteca y Casa Popular de la Memoria, ya que para estas instituciones la abogada no cumple con los requisititos necesarios para cumplir dicha función en la Suprema Corte.
De acuerdo a lo expresado por Alfredo Guevara, referente de DDHH en la provincia, explicó para Giramundo TV Comunitaria que los organismos acuerdan en que una mujer debe ser designada para el cargo, pero la Doctora Day “no cumple con los requisitos de idoneidad, trayectoria, experiencia y de formación para acceder a la primera magistratura de la provincia”. Además, la candidata tiene antecedentes de denuncias por extorsión a jueces y fiscales en la organización del operativo contra la agrupación Tupac Amaru de Mendoza (Expediente Judicial P-30.182/17), y denuncias realizada por dos abogados por otorgar diligencias y cargos a conocidos en la función pública.
Esta semana, los organismos presentaron una acción penal ante la Corte provincial para pedir la inconstitucionalidad del accionar del gobierno provincial. La propuesta es que la misma Corte pida la suspensión del tratamiento del pliego en el Senado, como medida cautelar. Según la presentación, el envío del pliego al Senado por parte del Ejecutivo incumple con lo establecido en el artículo 152, inciso 3, de la Constitución provincial.
Entre los incumplimientos de la Doctora María Teresa Day, llama la atención su falta de formación en perspectiva de género, según lo establecen estándares internacionales, como se trabaja en toda la función pública del país con la Ley Micaela. Además, las imputaciones incluyen argumentos referidos a su apoyo a las políticas represivas del Gobierno, lo que demuestra la falta de independencia y parcialidad de la abogada en su trayectoria. Ambas razones ponen de manifiesto que el Gobierno apuesta a una Justicia ciega ante los derechos de las mujeres, como sucede actualmente con el Juez Valerio, y al control del Poder Pudicial en la provincia.
Entre los incumplimientos de la Doctora María Teresa Day, llama la atención su falta de formación en perspectiva de género.
Lamentablemente, esta designación no es un caso aislado en nuestro país, por lo que el trabajo de los Organismos de Derechos Humanos es central. En diciembre de 2015, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos presentaron ante la Relatoría de Naciones Unidas sobre la Independencia Judicial informes sobre la falta de parcialidad del Poder Judicial en el país durante el gobierno de Mauricio Macri. En Mendoza se sigue el mismo camino. Lo más grave, es que sabiendo que la Dra. Day incumple con los requisitos, el gobierno provincial pretende flexibilizar “a la baja” las condiciones de acceso al cargo en el tribunal supremo. De acuerdo a lo aportado por el Dr. Alfredo Guevara, “esto no es posible hacerlo, ya que cuando están en juego los derechos de toda la población no es equiparable a magistrada una persona que no rindió los concursos, no aprobó los exámenes, no tiene los antecedentes académicos ni tiene la experiencia laboral” necesarias.
La necedad del Gobierno no es noticia; advierte la continuación con el estilo de su antecesor Alfredo Cornejo.
En el caso de Mendoza, además de la imputación legal, este 24 de junio se realizó una Audiencia Pública en la que organizaciones sociales y políticas presentaron un documento con más de 400 firmas en rechazo de la candidata a la Corte. Entre las firmas nacionales se encuentran referentas en Derechos Humanos y feminismos como Dora Barrancos (UBA-CONICET), Taty Almeida (Madre de Plaza de Mayo), Marisa Herrera (UBA-CONICET), Diana Maffía (UBA -Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género), Mariú Carrera (Derechos Humanos en Mendoza). Pese a los esfuerzos y lo expresado en la Audiencia, el gobernador Rodolfo Suárez ratificó que buscará la aprobación del pliego en el Senado, donde cuenta con una importante mayoría.
La necedad del Gobierno no es noticia, advierte la continuación con el estilo de su antecesor Alfredo Cornejo. En diciembre de 2019, el Ejecutivo Intentó avanzar con la modificación de la Ley 7722 (que prohíbe la megaminería), aunque no pudo. A mediados de junio sancionó el Decreto 384 y oficializó el pago escalonado del aguinaldo a todos los empleados públicos de la provincia y, hace algunas semanas, el oficialismo votó la destitución de un legislador de la oposición. Cada una de estas acciones visibilizan una política que atenta contra el sistema democrático y republicano de gobierno, y pierde de vista el control entre los poderes del Estado.