Así como la cuarentena tiene sus cinco fases, el Gobierno Nacional superó la primera en términos políticos de presentación ante la sociedad, y la segunda donde todo se concentró en la política sanitaria y la contención social económica a trabajadores y empresas por el Covid-19. Además de la negociación por la restructuración de la deuda externa. No terminó el primer semestre, ya empezó el segundo. No pasó lo peor de la pandemia, pero el aislamiento social se flexibilizó, de hecho y formalmente, en la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno esboza los primeros proyectos de ley, y suenan las cacerolas. Cristina Caamaño, titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), presentó una denuncia penal por un hecho institucional gravísimo, como es el espionaje ilegal que desde esa institución se habría llevado adelante por órdenes del entonces presidente Mauricio Macri. El esquema de la alianza que gobernó bajo el nombre de Cambiemos, los poderes judicial, mediático y partidario del PRO, se ve seriamente cuestionada. La pandemia no pasó, el semestre no terminó, pero el verdadero juego político de poder, comenzó. La Tercera fase del Gobierno: decisiones políticas y económicas que enfrentan mayores resistencias, cuanto más importantes sean los intereses que se pretenden tocar. No es sólo una grieta, son proyectos políticos en disputa.

¿Todos somos Vicentin?

Es limitado concluir que la movilización de estos días ante el anuncio presidencial de intervención por parte del Ejecutivo de la exportadora de granos y cereales, fue porque los manifestantes sienten que se ve atacada “su propiedad privada”. Una empresa que se quedó con $ 18 mil millones del Banco Nación -ése sí de todos nosotros-, bajo la gestión de Javier González Fraga –aquel que cuestionaba que cada ciudadano pudiera comprarse un celular-: él le entregó el 20 por ciento de todo el capital del Banco destinado a préstamos, a esa empresa, cuyo dueño es el principal aportante de la campaña de Cambiemos, Sergio Nardelli. El dinero, muy probablemente fue fugado al exterior. Vicentin: es extraño que a una empresa agroexportadora le haya ido tan mal económicamente durante un gobierno que se caracterizó por beneficiar precisamente a ese sector. Estaba en camino de extranjerización. Sin embargo, en la movilización se vieron banderas argentinas. Ni era por los médicos cubanos y el comunismo, ni por la falsa liberalización masiva de presos, ni ahora es por Vicentin: es ideológica, con el objetivo de erosionar el poder político del Gobierno y con el fin de evitar que pueda implementar medidas económicas que afectan los intereses de los sectores de poder reales, como los grandes exportadores.

Ésas son verdaderas resistencias, la de los poderes fácticos que tienen intereses en común, como los grandes grupos de comunicación que salieron fuertemente a cuestionar la intervención. No tuvieron esa intensidad para las denuncias por las pérdidas del Banco Nación, el vaciamiento de la empresa, la situación de los dos mil 600 productores que no cobraron por su producción, ni la de las/os trabajadores que están en riesgo de perder su empleo. Ni los productores ni el sindicato se opusieron a la intervención ni protestaron, al contrario, la apoyan. Sin embargo, llamativamente eso no cuenta para los “comunicadores objetivos”. El intendente de Avellaneda, Santa Fe, es de Cambiemos, y allí ganó ese espacio político. Tampoco es analizado. Como la Ciudad de Buenos Aires, son bastiones de Cambiemos, y allí se defienden sus intereses, es legal y legítimo (aunque violen el distanciamiento social), simplemente hay que contextualizarlo geográfica y políticamente. No son masivas movilizaciones populares que atraviesan distintas clases sociales, y muchos menos todo el país. Es la resistencia del poder económico. El Gobierno decidió enfrentarlo para garantizar la soberanía alimentaria, y poder incidir en los precios de referencia de las exportaciones y en la liquidación de sus dólares. Bienvenida sea esa trascendental decisión política. Ahora no puede retroceder ante las resistencias; el poder político del Gobierno se juega en este tipo de decisiones. A estas horas, el juez tendría en sus manos la propuesta, que consistiría en que la familia Nardelli vendiera parte de sus acciones a YPF Agro -que se independizaría de YPF- y a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), la principal acreedora con u$s 350 millones. La intervención ya se hizo efectivo, y por la información que maneja Agenda Sur, la expropiación se concretará.

Espionaje ilegal

La nueva etapa del Gobierno incluye avanzar no sólo con la agenda económica sino con la político-judicial también. En ese sentido se destacó esta semana, y será agenda por un largo tiempo, las denuncias penales a Maurcio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani (uno y dos de la ex conducción de la AFI, respectivamente), descubriendo la estructura de espionaje ilegal que incluye narcotraficantes, resortes de los poderes judicial, mediático y partidario. Sólo así se explica que La Nación, Clarín, Infobae, entre otros, tengan periodistas que han sido espiados y sin embargo poco o nada digan del tema. Gran dilema político para Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Emilio Monzó, Nicolás Massot y los radicales. ¿Soportarán que hayan espiado cada una de sus reuniones o serán querellantes y avanzarán contra su ex líder político? Está claro que ya no lo es. ¿O pesarán más los aprietes y la información que puedan tener de ellos para que mantengan el perfil político y judicial bajos? Por lo pronto, Larreta ya pidió ser querellante, veremos si es para impulsar la causa o sólo para tener acceso a la información. Seguramente la información con la que contará, le será útil para diferenciarse y, eventualmente, tener una herramienta importante de presión hacia dentro de Cambiemos.

Aislamiento preventivo, pero voluntario

La cuarentena se flexibilizó en todo el país atendiendo las curvas de contagios locales. Paradójicamente, desde los medios capitalinos se generaliza hablando de manera imprecisa y falaz como la “cuarentena más larga del mundo”. El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli (Cambiemos), aseguró: “Vamos a tener que pasar de la cuarentena administrada, al contagio administrado”. Al día siguiente tuvo 21 casos y volvió a la fase uno. A partir de la información que brindan infectólogos/as y epidemiólogos/as, a quienes a esta altura debiéramos agradecer, y de los datos que se conocen diariamente, la situación de contagios y muertes por Covid está en su punto más crítico desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, en CABA el “relajo” es llamativo.  A esta altura, pareciera que el retroceso de fase será inevitable. Esperemos que sea producto de una decisión planificada y acordada políticamente como hasta aquí sucedió, y no por temor ante la saturación del sistema de salud. Como se dijo anteriormente en esta columna, al Gobierno le sería muy difícil soportar políticamente una crisis sanitaria. Por allí podría buscarse alguna explicación a la irracional conducta de ciertos dirigentes irresponsables (no tienen responsabilidad de gestión) de la oposición. Hasta aquí, Larreta había actuado bien en ese aspecto, hasta aquí… La cuarentena obligatoria no puede ser voluntaria ni optativa, suena contradictorio.
Superación de fase política para el Gobierno. Quizás, al mismo tiempo, implique un retroceso de fase sanitario en ciertos lugares, como el Conurbano bonaerense y la Ciudad. Mientras tanto, habrá que avanzar lenta pero sólidamente con la agenda política y económica que afecta los intereses privilegiados. No sería contradictorio, parecería lógico. hernanviudes@agendasur.com.ar