Por Verónica Zapata

Desde que Jeanine Áñez se autoproclamó como presidenta el 12 de noviembre del 2019, se registraron más de 35 casos de corrupción en el país. Los más resonantes fueron los que incluyen a personas de confianza del Gobierno de facto dentro las principales empresas estratégicas como BoA, E.N.T.E.L., Y.P.F.B. El caso que causó mayor escándalo y repudió fue la compra con sobreprecios de respiradores que son inservibles para el tratamiento de pacientes críticos con Covid-19. Pero cuando se pensaba que no se podía superar ese vil negocio, se suma otro negociado repudiable en el páis que adquirió carácter de escándalo: el Gobierno de facto lucra hasta con la compra de agentes químicos con los que reprime al pueblo boliviano.
 El 25 de noviembre del 2019, el ministerio de Gobierno a la cabeza de Arturo Murillo  le pidió a la empresa Cóndor un presupuesto técnico- económico por la compra de agentes químicos para las fuerzas policial y militar. El 26 de noviembre del 2019, el ministerio le manifestó a la empresa Cóndor que la compra de los agentes químicos se realizaría a través de la empresa intermediaria brasileña Bravo Tactical Solutions LLC, que tiene sede en EE.UU., y no con otro distribuidor que dicha empresa tuviera en Bolivia. En ambas oportunidades la carta estuvo firmada por Sergio Zamora, director de asuntos administrativos del ministerio de Gobierno.

El 19 de diciembre, en el marco del decreto supremo 4.116 con fecha 12 de diciembre, el ministro de Defensa Luis Fernando López y el representante legal de Bravo Tactical Solutions LLC,  Brayan Samuel Berkman, firmaron un contrato de compra directa de agentes químicos por 5.649.137 millones de dólares, equivalente a 39.317.998 millones de bolivianos. La cantidad y descripción de la compra en el contrato detalla: 50 mil proyectiles de largo alcance, 50 mil proyectiles de corto alcance, 11 mil 500 granadas cuádruple acción, 11 mil 500 granadas triple acción, 12 mil aerosoles, 11mil 500 perdigones de goma y 69 mil 647 cartuchos de pólvora.

El Gobierno boliviano pagó más del doble de lo que pagó el venezolano a la misma empresa por los mismos productos.

El Gobierno boliviano compró dos productos químicos: pagó por un proyectil de largo alcance 37/38 mm 38,80 dólares (270 bolivianos) por unidad, y adquirió 50 mil unidades, por el proyectil de triple acción 37/38 mm pagó 35,92 dólares la unidad (250 bolivianos), y adquirió otras 50 mil unidades. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela compró los mismos productos a la misma empresa brasileña. Por el proyectil de largo alcance 37/38 mm pagó 13,55 euros (112 bolivianos) por unidad, por el proyectil de triple acción 37/38 mm 14 pagó 55 euros (116 bolivianos) por unidad. Por lo tanto, el gobierno boliviano pagó más del doble de lo que pagó el venezolano a la misma empresa por los mismos productos. De acuerdo a la orden de compra de Venezuela respecto a 100 mil gases lacrimógenos, hay una diferencia de sobreprecio de 2.126.436,78 millones de dólares (14.800.000 bolivianos) en detrimento al Estado boliviano.
El ministerio de Gobierno designó un intermediario para comprar 215.000 agentes químicos por el valor de  5.650.000 millones de dólares de forma directa, a través de la empresa brasileña Bravo Tactital Solutions, cuyo representante legal es el hijo del dueño Luis Brerkman Littmann, quien fuera procesado en 2001 por el delito de tráfico de armas por 50 fusile. Logró salir de la cárcel con medidas sustitutivas, se fugó a EE.UU. y fue procesado por ese delito. Aquí la clave, Luis Brerkman Littmann es amigo de Rodrigo Méndez Mendizábal, hombre de confianza de Arturo Murillo y actual Jefe de Gabinete del ministerio de Gobierno que eligió la empresa intermediaria para realizar dicha compra. Rodrigo Méndez Mendizábal aparece en fotos en reuniones privadas y actos de campaña junto a Jeanine Áñez.